Como presidenta de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (ADEE), Beatriz Marcelino Estrada compartió su preocupación ante un nuevo golpe hacia el sector gasolinero, que ya no sólo recibe a cuenta gotas la entrega de nuevos permisos de expendio por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sino que ahora enfrenta clausuras a sus estaciones de servicio y el Gobierno federal, a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), les impide regularizarse.
De acuerdo con el criterio ASEA-CRT-001-2019, todas las estaciones de servicio “requieren de autorización en materia de impacto ambiental por parte de la Agencia, previo al inicio de los trabajos de construcción (incluida la preparación del sitio), operación, mantenimiento y abandono de Estaciones de Servicio con Fin Específico para el Expendio al Público de combustibles”.
En la última semana, la ASEA y la CRE clausuraron estaciones de servicio marca Shell por caer en incumplimiento de dicho criterio.
Para Marcelino, el cierre de estaciones de servicio no debería ser considerado como un logro que presumir. Recuerda que años atrás los logros que destacaba la ASEA se enfocaban más en resolutivos en material de impacto ambiental; hoy día, los informes se basan en el número de clausuras efectuadas.
Actualmente, los empresarios tanto de gas LP como gasolineros no encuentran el cómo poder regularizarse. En ese sentido y desde la ADEE, se busca apoyar al gremio que desde 2019 comenzó a sufrir esta situación.
“El mensaje que se manda causa terror en el sector porque o me pongo en línea o me pongo en línea, pero tampoco me dejas hacerlo”, refiere Marcelino.
Reconoce que muchas estaciones de servicio no liberaron condicionantes para así obtener una autorización indefinida y vigente. “De ahí se está agarrando la ASEA”, dijo.
En apoyo a los regulados la ADEE promueve un cambio a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para que, a través de un estudio de daño ambiental, éstos puedan regularizarse y volver a operar sus estaciones clausuradas.
“A todos nos conviene más tener establecimientos legales que ilegales”, afirmó.
Subrayó que además de perjudicar al empresariado gasero y gasolinero, se afecta también el sustento de familias pues en promedio en una estación de servicio trabajan de 17 a 25 despachadores, los cuales se sustentan mayormente por sus propinas.
En tanto, en una planta de distribución trabajan alrededor de 100 personas.
En cuanto a las pérdidas que sufre una estación de servicio por cada día que no opera, Marcelino estimó que es entre 25 y 50 mil pesos diarios, mientras que en una planta de gas LP, las pérdidas ascienden hasta los 80 mil pesos.
Comenta y síguenos: @Da_Loredo @Energy21Mx
