Esos recursos equivalen a casi la mitad del presupuesto total de la UNAM para este año, o podrían financiar aproximadamente 3.15 millones de becas anuales de educación básica y media superior, considerando el monto establecido de mil 900 pesos bimestrales y cubriendo 5 bimestres al año.
Entre el 28 de febrero y el 8 de mayo de 2026, el Gobierno dejó de recaudar 24 mil 865 millones de pesos por la aplicación de estímulos fiscales al IEPS en gasolinas y diésel.
En paralelo, la compresión de márgenes, provocada por el desfase entre precios de compra y los topes de venta al público, generó pérdidas por 5 mil 982 millones de pesos.
El resultado es un drenaje combinado de recursos que supera los 3 mil millones de pesos semanales, una dinámica que, de mantenerse, podría escalar a más de 160 mil millones de pesos anuales, considerando tanto la merma recaudatoria como el deterioro operativo del sector gasolinero.
Diésel, el más afectado
El impacto no ha sido homogéneo. El diésel concentra la mayor parte del golpe en ambos frentes, ya que representa 61.4% de los ingresos fiscales no percibidos por estímulos al IEPS y 48.3% de las pérdidas del sector gasolinero. Esto responde a que es el combustible con mayor peso en actividades productivas y transporte, además de haber enfrentado descuentos fiscales más agresivos.
En el caso de las gasolineras, los márgenes en diésel han registrado caídas de hasta 40.3%, con pérdidas acumuladas cercanas a 2 mil 889 millones de pesos. La gasolina Premium también muestra un deterioro significativo, con una contracción de márgenes de 26.9%, reflejando su mayor exposición a la volatilidad internacional.
Presión externa y distorsiones internas
El trasfondo de este fenómeno está en el repunte de los precios internacionales del petróleo y los refinados, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Este choque externo ha obligado al Gobierno mexicano a intensificar los estímulos al IEPS para evitar alzas abruptas en los precios al consumidor, replicando una estrategia utilizada en episodios previos de volatilidad.
Sin embargo, esta política genera un doble efecto adverso, ya que por un lado, reduce los ingresos fiscales disponibles, presionando el gasto público y la deuda; por otro, distorsiona la estructura de precios en la cadena de suministro, trasladando el costo a los distribuidores finales.
Riesgo para la red de distribución
Caraiva y Asociados advierte que esta combinación de factores ya está teniendo consecuencias operativas. Las pérdidas sostenidas están obligando a estaciones de servicio a recortar costos, reducir personal e incluso considerar cierres, particularmente entre operadores independientes y de menor escala.
“Más de 30 mil millones de pesos perdidos en 10 semanas representan un golpe que acelera cierres, recortes de personal y pone en riesgo la supervivencia de miles de negocios”, señala el análisis.
Además del impacto inmediato, el deterioro financiero del sector podría comprometer la inversión en infraestructura de almacenamiento y distribución, un elemento crítico para la seguridad energética del país, añade.
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