El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) llamó a que las nuevas Reglas del Mercado Eléctrico en México definan criterios claros que permitan cumplir con la meta de prevalencia estatal, que establece que el Estado debe controlar al menos 54% de la energía inyectada a la red, sin generar distorsiones ni desincentivar la inversión privada.
En su análisis “Mercado eléctrico en México: nuevas reglas”, el organismo advierte que la consolidación del nuevo marco eléctrico requiere de un andamiaje regulatorio predecible que brinde certidumbre a los inversionistas y garantice la eficiencia económica del sistema.
El IMCO propone que las reglas de despacho y priorización de carga incorporen criterios de transparencia en los costos de operación y aseguren igualdad de condiciones entre los distintos participantes del mercado.
Con ello, busca evitar que la meta de control estatal se traduzca en obstáculos para la competencia o aumentos en los costos del sistema eléctrico nacional.
“Es necesario integrar de manera efectiva la inversión privada en la planeación vinculante del sector, de modo que los proyectos particulares puedan servir como insumo real para el desarrollo del sistema eléctrico, en lugar de quedar restringidos por la planeación estatal”, indicó el organismo.
Entre otras propuestas, el IMCO plantea transparentar los fideicomisos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) destinados al desarrollo de nuevas centrales, incluyendo información sobre recursos disponibles y estructuras de financiamiento.
También sugiere que los contratos de producción de largo plazo y las asociaciones mixtas se asignen mediante procesos competitivos que consideren no solo el costo, sino también las sinergias y el valor agregado que puedan aportar los nuevos socios privados.
El organismo subraya que el éxito del nuevo marco legal dependerá de que las autoridades, particularmente la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), logren equilibrar el mandato de prevalencia estatal con un despacho económico eficiente y competitivo, capaz de sostener la confiabilidad del sistema sin frenar la participación privada.
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