Después de las reuniones que se han sostenido principalmente con organizaciones gasolineras, en diversos medios se señala que se topará la gasolina entre 22 y 24 pesos para la gasolina regular.
Sin embargo, lo anterior generaría una distorsión en el mercado que se busca aprovechar por la política de eliminar a la COFECE y sería una acción que contraviene la ley federal de competencia, sobre todo entendiendo que PEMEX ya no es un agente económico en el mercado de combustibles.
Sabemos que el precio de este petrolífero se compone con un 50% que se fija por el precio del mercado internacional, 40% por impuestos y 10%, por la cadena de valor que se forma en la logística de última milla.
Y de la cual se aplica además de un impuesto un estímulo fiscal que se publica en el DOF cada viernes para las zonas fronterizas y resto del país.
Sin embargo, esta medida busca también atañer costos asociados con situaciones inflacionarias y en su momento basados también en la extinción de los aún órganos reguladores, así como en su momento un sobreidea de alcanzar una promesa de bajar los precios de la gasolina que se maneja ya desde hace tiempo por gobiernos federales anteriores.
Esto haría inclusive que se tengan que hacer adecuaciones fiscales más que por eficiencias productivas de refinación para poder tener un precio por debajo de este precio en la terminales de almacenamiento y reparto (TAR) de PEMEX para aquellos que son franquiciantes de la hoy empresa pública del Estado y ello también obliga al gobierno a establecer un mecanismo fiscal para lograrlo, sobre todo si las refinerías de nuestro país no operan ni al 50% de su capacidad y se depende de la importación de las mismas.
Además se incentiva un mercado informal para lograr que se tengan ganancias que se pueden dejar de obtener sobre todo entendiendo que las estaciones de servicio parte de su ganancia se aplica para cubrir los costos de operación y administración reduciendo considerablemente el margen de contribución, sumado a ello está la situación de en su caso agregar aquellas que son victimas del crimen organizado.
Por otro lado, también elimina la práctica de libre competencia no solo basada en precio sino en calidad del combustible y servicios otorgados al momento del suministro por parte de los consumidores finales.
Y es ahí en donde la empresa pública del Estado enfrenta problemas no solo por la estandarización y aseguramiento de la calidad sino por lo que hace a la contaminación del mismo, recientemente por agua que daña fuertemente los motores.
Por otro lado, desincentiva la inversión para este sector y atendería a buscar opciones de eficiencias logísticas en donde algunas marcas de importación podrían adquirir dominio de mercado en contra de lo que se busca.
Es importante, combatir más el huachicol que genera que se vendan gasolinas por precios muy por debajo al precio de TAR y que generaría más competencia que buscar topar el precio y buscar la maniobra fiscal, que muy seguramente no se aplicará en este sentido dejando al inversionista gasolinero además de un Estado de indefensión en una situación comprometida para su utilidad y posibles reinversiones en el mismo sector o buscar una integración que se encuentra acotada por la llamada participación cruzada y que ahora en la nueva ley será manejada por la misma SENER o con acuerdos de colaboración con ECONOMÍA.
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