El Plan Nacional de Energía presentado recientemente por el Gobierno federal, requiere de reglas claras y certidumbre para la inversión privada, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“El éxito del Plan Nacional de Energía requiere reglas claras y certidumbre para la inversión, en este sentido, será crucial conocer detalles de la nueva arquitectura institucional del regulador”, destaca el organismo.
También señala que es necesario considerar no únicamente las proyecciones de crecimiento de la demanda eléctrica, sino el potencial de crecimiento de la misma de no estar limitada la capacidad de generación.
En materia de transición energética, el IMCO explica que los escenarios de planeación no son consistentes con el plan de inversión para la CFE y los privados, ni con el objetivo de generar 45% de la energía a partir de fuentes limpias para 2030 planteado al inicio de la actual administración (el cual no se retomó en la presentación del Plan Nacional de Energía).
“En este sentido, la cifra de inversión contemplada para nueva generación eléctrica puede ser conservadora. Por ello, es necesario que los montos asignados tanto a la CFE como a los privados se adapten en caso de que la demanda crezca por encima de los pronósticos, además de que eso haría posible un mayor crecimiento”, indica.
A pesar de que los montos de inversión posiblemente no sean suficientes para las necesidades del país, es de destacar que el plan contempla diversos mecanismos para el desarrollo de infraestructura eléctrica, que van desde el mercado hasta la figura de productores mixtos, donde el Estado y los privados podrán invertir en conjunto.
Implementados correctamente, estos pueden abonar a la competitividad de la economía nacional en los años por venir, señala.
Por otro lado, el anuncio de los contratos de largo plazo de entrega de energía y capacidad de privados con la CFE adelanta que la empresa del Estado ya no tendrá la obligación legal de comprar su energía mediante subastas competitivas, como sucede actualmente, sino que podrá suscribir contratos bilaterales con generadores (privados o de la propia CFE).
Esto deberá legislarse en la ley secundaria de la reforma constitucional aprobada en octubre de 2024. Será crucial regular que este mecanismo opere bajo un esquema que promueva los menores costos de generación posibles, es decir, evitar que la CFE compre energía a sus propias centrales independientemente de los costos.
Además, se crea la figura de “productor mixto” como un mecanismo de inversión pública-privada para expandir la capacidad de generación eléctrica con control estatal reduciendo la carga sobre la hacienda pública.
“Se preserva la posibilidad de privados para comprar y vender energía eléctrica en el mercado. No se plantearon cambios al despacho eléctrico”, añade el IMCO.
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