El 6 de noviembre de 2024, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico 2024-2030, con la intención de integrarla al Plan Nacional de Energía, con el cual se espera contar a inicios de este año.
Conforme a declaraciones oficiales, este proyecto busca fortalecer el sector eléctrico nacional y acelerar la transición hacia fuentes de energía sin emisiones en la matriz energética del país.
Uno de los aspectos más destacados de la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico 2024-2030 es que se busca que el Estado sea el único rector de la política energética del país mediante nuevas reglas.
Para esto, se presentaron 4 ejes principales:
- Fortalecimiento de la planeación del sector eléctrico nacional
- Justicia energética
- Sistema eléctrico robusto, confiable y seguro
- Reglas claras para la asegurar e incrementar la inversión privada
La Estrategia, en su último eje, plantea lineamientos para permitir una participación privada de hasta el 46% en la generación eléctrica. Esto implicaría una inversión estimada de entre 6 mil y 9 mil millones de dólares, enfocada en aprovechar las oportunidades del nearshoring y fomentar el desarrollo local. Las inversiones estarán alineadas con el Código de Red y contemplarán un 30% de capacidad de almacenamiento, acorde con las prácticas más recientes implementadas por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico, particularmente ante el crecimiento de las fuentes de generación renovable.
Modalidades de participación privada
La Estrategia plantea alternativas de participación privada, de las cuales, a continuación, se mencionan aspectos destacados y a considerar:
- Primera alternativa: Generación distribuida
Se plantea un aumento en el límite máximo permitido para generación distribuida, pasando de 0.5 Megawatts (MW) a 0.7 MW, ampliando las oportunidades para pequeños generadores.
- Segunda alternativa: Abasto aislado
Se introduce una figura dirigida al consumo propio en sitio, con capacidades entre 0.7 MW y 20 MW.
- Tercera alternativa: Abasto aislado con venta de excedentes
Este modelo permite el abasto aislado con la posibilidad de comercializar excedentes de energía.
Para esta última opción, se prevé la implementación de una tarifa específica por el uso de infraestructura de transmisión; sin embargo, el enunciado es poco claro, ya que actualmente se pagan costos de transmisión.
En cuanto a otras formas de participación privada, aunque no necesariamente vinculadas al sector industrial, se observa un interés en impulsar esquemas como los Productores Independientes de Energía (PIEs), Asociaciones Público-Privadas (APPs) y Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), iniciativas que podrían complementar los esfuerzos del sector público en el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, se contempla la posibilidad que tanto generadores privados como públicos continúen ofreciendo energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Consideraciones importantes
La Estrategia propone la simplificación de trámites, reducción de tiempos y optimización de costos para impulsar la implementación de proyectos y atraer inversiones. Como parte de esta iniciativa, se desarrollará una Ventanilla Única en colaboración con la Agencia de Transformación Digital, acompañada de una estrategia integral de simplificación administrativa. Este mecanismo fomentará la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), CENACE y gobiernos locales.
La tecnología estará presente para dar seguimiento de los trámites y trazabilidad de autorizaciones, y se promete la garantía de independencia técnica de los reguladores que esté alineada a la planeación de largo plazo.
Finalmente, la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico deberá materializarse en líneas de acción concretas, las cuales se espera que sean incluidas en el Plan Nacional de Energía. Del mismo modo, deberá complementarse y contar con el respaldo de las adecuaciones y definiciones necesarias en las leyes secundarias correspondientes. En cumplimiento con la Reforma Constitucional en materia energética, publicada el pasado 31 de octubre de 2024, dichas adecuaciones deberán estar listas en un plazo máximo de 180 días, es decir, 6 meses.
