La Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Mexicali detuvo a Nabor “N”, directivo de Banca Afirme, por estar involucrado en el caso Next Energy, respecto a una planta solar en Baja California que no se construyó y en donde se usaron recursos públicos por aproximadamente 123 millones de pesos.
La captura se realizó en Calzada Independencia y Calle de la República, resultado del seguimiento a información recabada en campo y gabinete por los agentes de investigación derivado de una denuncia presentada por el ejecutivo del estado ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
El detenido es señalado por el delito de abuso por retención, derivado de la retención de recursos del Poder Ejecutivo para el pago del proyecto de una planta fotovoltaica en la entidad,
El dinero retenido por Nabor “N” estaba etiquetado para el cumplimiento de un contrato con la empresa Next Energy, promovido durante la administración del exgobernador Jaime Bonilla Valdez.
La planta solar nunca se construyó ni contó con los permisos necesarios, pero se utilizaron recursos públicos cuyo destino no se ha aclarado. Las autoridades también vincularon a proceso a seis exfuncionarios de la pasada administración por delitos como peculado y uso ilícito de atribuciones.
El 15 de junio de 2021, Bonilla encabezó un acto simbólico en Mexicali, donde simuló la colocación de la primera piedra de la fallida central eléctrica, y prometió que el proyecto derivaría en ahorros por 3 mil 700 millones de pesos al suministrar energía al Acueducto Río Colorado-Tijuana y a oficinas del Gobierno estatal en los próximos 30 años.
Sin embargo, el proyecto nunca contó con los permisos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Sin embargo, se realizaron depósitos de 123 millones de pesos de recursos públicos a cuentas bancarias de Banca Afirme, institución que retuvo el dinero sin que la obra se materializara.
La Fiscalía buscará dar continuidad a las investigaciones de alto impacto financiero, garantizando la procuración de justicia y el combate a delitos que afectan directamente el patrimonio de Baja California.
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