Empresas, cámaras industriales y centros de análisis de Estados Unidos coincidieron en que las políticas energéticas de México han generado incertidumbre regulatoria, trato discriminatorio para inversionistas estadounidenses y riesgos para la integración energética de América del Norte, señalan las conclusiones de audiencias públicas realizadas por ese país, de cara a la revisión del T-MEC.
En las sesiones consultadas por Energy21, entidades como la American Clean Power Association alertaron que desde 2022 persisten obstáculos que impiden a sus empresas recibir trato nacional en México.
El organismo acusó retrasos frecuentes, rechazos inesperados y falta de acción en trámites de nuevos permisos o modificaciones para proyectos eólicos y solares, lo que ha limitado su operación y les ha impedido participar con normalidad en el mercado mexicano.
“Estos hechos muestran un deterioro prolongado en las condiciones de inversión en energías limpias”, señala el documento.
Expertos como Emily Kilcrease, del Center for a New American Security, añadieron que los problemas derivados de la política energética nacional se han convertido en puntos de fragilidad del acuerdo comercial, pues debilitan la confianza de los inversionistas y restan competitividad a la región frente a otros bloques.
Estas inquietudes se suman a disputas abiertas en materia de reglas de origen automotrices y otros procesos judiciales en México que también fueron mencionados como factores que afectan el clima de negocios.
El sector eléctrico estadounidense también reclamó incumplimientos de México en los compromisos del T-MEC sobre barreras técnicas al comercio. La National Electrical Manufacturers Association sostuvo que la falta de adopción de estándares eléctricos armonizados ha afectado las exportaciones de equipos hacia México.
Como ejemplo, apuntó que la NOM-001-SEDE-2012 no ha sido actualizada en más de diez años, creando divergencias con los códigos eléctricos de Estados Unidos y Canadá y obligando a rediseños costosos de productos. Esto, afirmaron, reduce la interoperabilidad y entorpece la modernización de infraestructura eléctrica en la región.
La industria nuclear estadounidense presentó preocupaciones adicionales. Aunque México depende de empresas de Estados Unidos para componentes esenciales de sus plantas, los retrasos en autorizaciones de exportación, que superan los 90 días, obstaculizan el flujo de insumos críticos para la cadena de suministro nuclear norteamericana.
Las asociaciones pidieron incluir a México en mecanismos trilaterales de cooperación regulatoria y armonizar procesos aduaneros y de control para asegurar un intercambio más eficiente.
A ello se sumaron llamados para flexibilizar los aranceles estadounidenses a acero y aluminio bajo la Sección 232, pues estos insumos, provenientes en buena parte de México, son esenciales para la industria energética, la fabricación de transformadores y la construcción de infraestructura eléctrica. De acuerdo con los testimonios, aliviar dichas cargas favorecería la competitividad de proyectos en Estados Unidos sin afectar la integración norteamericana.
Los participantes también remarcaron la importancia de fortalecer las cadenas de suministro de energía y minerales críticos dentro del bloque.
Señalaron que México carece de un mecanismo formal de revisión de inversiones, lo que introduce vacíos regulatorios que podrían comprometer la seguridad energética regional. Esta falta de alineación, advirtieron, incrementa los riesgos de depender de proveedores externos, especialmente en un contexto global de tensiones geopolíticas.
“Para la industria estadounidense, resolver estas fricciones es indispensable para asegurar condiciones equitativas de inversión, reducir incertidumbre regulatoria y consolidar una plataforma energética integrada y competitiva en América del Norte”, añade el documento.
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