La Guardia Nacional podrá intervenir de manera directa en tareas de inspección y vigilancia ambiental, de acuerdo con las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El decreto, promulgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, modifica varios artículos de la LGEEPA para facultar a la autoridad ambiental federal a solicitar el apoyo de la Guardia Nacional cuando la naturaleza o gravedad del problema ambiental lo amerite, o cuando exista resistencia a una diligencia de inspección.
Uno de los cambios con mayor impacto práctico para el sector privado se encuentra en el Artículo 161, que ahora permite a la Secretaría de Medio Ambiente solicitar formalmente la intervención de la Guardia Nacional en actos de inspección y vigilancia, siempre que existan convenios de colaboración.
En la práctica, esto implica que revisiones ambientales que antes eran meramente administrativas podrán realizarse con acompañamiento de fuerzas de seguridad, especialmente en industrias extractivas, energéticas, forestales, inmobiliarias o de infraestructura.
El endurecimiento es aún más claro en el Artículo 166, que autoriza el auxilio de la Guardia Nacional cuando personas físicas o morales obstaculicen, se opongan o intenten impedir una visita de inspección.
Para empresas y particulares, esto significa que la negativa de acceso, el retraso deliberado o cualquier forma de resistencia podrá derivar no solo en sanciones administrativas, sino en la intervención inmediata de la fuerza pública.
La reforma también impacta a quienes operan o habitan cerca de áreas naturales protegidas. El nuevo párrafo del Artículo 47 permite solicitar la participación de la Guardia Nacional en labores de inspección y vigilancia dentro de estas zonas federales, lo que refuerza el control sobre actividades como construcciones irregulares, cambios de uso de suelo, tala, caza o explotación de recursos sin autorización.
Esta medida incrementa la necesidad de contar con permisos en regla, evaluaciones de impacto ambiental actualizadas y protocolos internos de atención a inspecciones, ya que cualquier incumplimiento podrá escalar con mayor rapidez.
El decreto entró en vigor hoy y establece un plazo de 180 días para adecuar el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional.
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