México deberá movilizar alrededor de 1.7 billones de pesos anuales para cumplir los compromisos climáticos asumidos rumbo a 2030, un desafío que evidencia la magnitud de la brecha financiera del país, ya que en la última década apenas logró canalizar 1.5 billones de pesos en financiamiento sostenible.
De acuerdo con datos de la asociación Iniciativa Climática de México (ICM), la meta de financiamiento sostenible del país hacia 2030 asciende a 15 billones de pesos, por lo que será necesario acelerar de manera significativa la movilización de recursos.
Ante este panorama, la organización planteó la creación de una Plataforma País, un mecanismo que permitiría coordinar a la banca comercial, la banca de desarrollo, inversionistas institucionales, empresas, organismos internacionales y dependencias gubernamentales para canalizar recursos hacia proyectos de mitigación, adaptación al cambio climático, transición energética, conservación y desarrollo resiliente.
El director ejecutivo de ICM, Adrián Fernández Bremauntz, explicó que el proceso busca construir una propuesta técnica desde la sociedad civil que contribuya a la planeación del gobierno federal y facilite la ejecución de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) de México.
Entre los obstáculos identificados destacan la fragmentación de los esfuerzos entre instituciones, la escasez de proyectos suficientemente preparados para recibir inversión, la percepción de altos riesgos por parte del sector financiero, los largos plazos de recuperación de las inversiones, la falta de información comparable y la ausencia de mecanismos que vinculen de forma sistemática las prioridades climáticas con los instrumentos financieros disponibles.
Indicó que cerrar la brecha de financiamiento no dependerá únicamente de captar mayores recursos, sino de contar con proyectos viables y mecanismos que permitan medir sus resultados mediante indicadores de reducción de emisiones, resiliencia, conservación de ecosistemas, generación de empleo y desarrollo territorial.
Destacó que el papel que deberá desempeñar la banca de desarrollo y los organismos financieros internacionales en la estructuración de proyectos, el otorgamiento de garantías, la distribución de riesgos y la atracción de capital privado.
Añadió que una Plataforma País podría convertirse en el mecanismo que articule las prioridades nacionales con las distintas fuentes de financiamiento, bajo un esquema encabezado por el gobierno federal, con participación multisectorial, transparencia y rendición de cuentas.
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