La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) que fue aprobada en marzo de 2021, podría ser impugnada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no declare su inconstitucionalidad en la sesión de mañana, dijo la asociación civil Nuestro Futuro.
Nora Cabrera Velasco, fundadora y directora de la asociación civil, explicó que la reforma impulsada por el gobierno de la autodenominada cuarta transformación viola los Artículos 4, 25 y los transitorios de la reforma energética de 2013, al afectar la transición energética hacia el uso de combustibles menos contaminantes.
También viola el derecho de las personas a disfrutar de un medio ambiente sano, comentó en conferencia virtual.
“Si la Corte no llegara a declarar la inconstitucionalidad, llevaríamos el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por las claras violaciones que conlleva”, destacó.
Mañana la SCJN tiene agendada la discusión de la acción de inconstitucionalidad 64/2021 y las controversias constitucionales 44/2021 y 45/2021 promovidas contra la reforma a la LIE por senadores de oposición, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el gobierno de Colima.
El proyecto de resolución elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf va en sentido favorable a la reforma, al considerar que atiende al interés público.
Cabrera Velasco afirmó que la discusión es importante porque va marcará el futuro del medio ambiente, impactando a la actual generación y a las próximas.
Explicó que la reforma frena la transición energética por el cambio de despacho de electricidad que privilegia a la CFE, con lo cual la primera energía que se consumiría en el país sería sucia, pues anteriormente se privilegiaba a las fuentes renovables.
Además, se eliminan los certificados de energías limpias y la obligatoriedad de realizar las subastas de largo plazo.
“Todas esas actividades estaban previstas para ir avanzando en la transición energética y en procurar un medio ambiente más sano y reducir la dependencia del combustóleo y otras fuentes contaminantes para la producción de electricidad”, dijo.
Añadió que la asociación civil presentó un amicus curiae ante la SCJN, que es un escrito elaborado por expertos para explicarle a los ministros la relevancia del tema y para advertirles sobre los riesgos que implicaría no declararla inconstitucional.
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