La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevé impugnar la resolución por la cual fue condenada a pagar un laudo por 200 millones de dólares por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres ante la fallida construcción de la planta hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, destacó en una carta a la opinión pública difundida esta tarde.
En el mensaje, suscrito por su Coordinador de Comunicación Corporativa, Luis Bravo Navarro y no por su director general Manuel Bartlett, la eléctrica nacional explica que el juicio arbitral fue promovido en contra de CFE en el mes de octubre del 2016, por lo que el caso es una ‘herencia litigiosa de la pasada Administración’.
“Al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después”, apunta.
Sobre el fallo, Bravo afirmó que se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona.”Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado”, señaló.
Desde 2019, la empresa productiva del Estado esperaba el fallo del juicio arbitral relacionado a la construcción de la central sureste detenida por abandono de las obras por parte del consorcio constructor integrado por Omega Construcciones Industriales; Sinohydro Costa Rica; Desarrollo y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura.
La adjudicación del proyecto se remonta a enero de 2015, año en que por licitación la empresa dirigida por Bartlett se inclinó por la propuesta del consorcio el cual ofertó más de 380 millones de dólares, casi 170 millones de dólares menos de lo propuesto por el segundo licitante denominado Compañía de Infraestructura Chicoasén II, según la constancia expuesta por Transparencia Mexicana, quien participó como testigo social.
El litigio comenzó en octubre de 2016, cuando el consorcio inició un proceso de arbitraje internacional contra CFE y declaró fuerza mayor.
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