La pobreza energética es un fenómeno que afecta a individuos que no tienen acceso a la energía para satisfacer sus necesidades básicas. Las personas mayores y las personas de bajos ingresos suelen ser las más vulnerables a este fenómeno. En un país como México, en donde el 36.3 por ciento de la población vive en situación de pobreza multidimensional, no sorprende que Claudia Sheinbaum la haya puesto en el centro de su propuesta energética durante su campaña presidencial.
Desde luego que esto no supone que la ganadora de las elecciones presidenciales haya dejado de lado el impulso a la transición energética o el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas estratégicas. Hasta el más laxo análisis del discurso político de la Dra. Sheinbaum permitiría identificar que estos fueron sus prioridades energéticas durante el proceso electoral. Prioridades que, por su repercusión sobre el futuro económico del país, continuarán siéndolo en su sexenio.
Lo que significa, eso sí, es que la próxima presidenta y su equipo de energía mostraron conocimiento y sentido de ubicación al incorporar a su agenda de campaña este concepto. La pobreza energética ocupa hoy la atención de muchos organismos internacionales y su consideración en la formulación de políticas públicas que pretenden garantizar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna es cada vez más notoria y recurrente.
En un contexto tan vacilante como el actual, este conocimiento y sentido de ubicación pronto se pondrán a prueba.
Con los resultados del pasado 2 de junio, Claudia Sheinbaum y el Presidente Andrés Manuel López Obrador han acordado retomar el Plan C, es decir, el paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo presentó a principios de 2024 y que guarda en la propuesta la reforma al Poder Judicial, el mayor anhelo reformador del obradorismo.
Aunque la Dra. Sheinbaum ya ha afirmado que acompañará la aprobación del Plan C, no queda claro si estará dispuesta a matizar el contenido de alguna de las reformas en aras de esquivar entuertos y empezar cuanto antes la construcción de lo que ella misma llamó “el segundo piso” de la Cuarta Transformación.
Dos razones atienden a tal incógnita: la primera de ellas tiene que ver con el nerviosismo que el paquete de reformas constitucionales genera en los mercados. Esto se explica porque algunas de las iniciativas, como la que busca regresar atribuciones de órganos autónomos como, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al Poder Ejecutivo, resulta en un contrasentido de ciertos capítulos del T-MEC.
La segunda razón está relacionada con el pragmatismo que mostraron la candidata ganadora y su equipo de energía en el proceso electoral. Esta actitud, que bien puede ser una expresión del dominio sobre los asuntos energéticos, contrasta con el pensamiento ideologizado que se manifiesta en el contenido de la propuesta de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de industrias estratégicas del Estado (puntualmente a eléctrica) que forma parte del Plan C.
En todo caso, como los desafíos del sector energético son grandes, el nuevo Gobierno estará obligado a atender con prontitud los temas que Claudia Sheinbaum abordó en campaña. En este sentido, deberá recordarse que el desafío de acelerar la transición energética implica incorporar al sistema eléctrico nacional nueva generación de energía renovable, tanto de privados como de la CFE. Para lograrlo, será necesario continuar con el ambicioso proceso de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión.
Por otro lado, el fortalecimiento de PEMEX pasa necesariamente por la solución integral de su crisis financiera. Queda claro que el Dr. Rogelio Ramírez de la O (que continuará al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público) y su equipo están explorando opciones como la recompra de bonos emitidos por la empresa o la emisión de deuda soberana para financiar las compras.
Independientemente del camino que se decida tomar, la solución deberá incorporar un cambio en el modelo de negocios de PEMEX.
Por último, la perspectiva del fortalecimiento de la CFE en los siguientes seis años es favorable si consideramos la enorme oportunidad que representa la participación de esta empresa en los proyectos de GNL que se están ejecutando actualmente en México. Otra oportunidad tiene que ver con el incremento de la demanda eléctrica nacional, estimada en 2.6 por ciento anual para los próximos 10 años, que funciona como un incentivo para que la empresa termine de desarrollar y ejecutar los proyectos de generación solar flotante en Sinaloa y Sonora.
Llevar a buen término los proyectos piloto de hidrógeno verde, como el de Puerto Libertad, también representan el fortalecimiento de la eléctrica nacional.
El poder que Claudia Sheinbaum y su equipo tienen para resolver el fenómeno de pobreza energética en México está sobre la mesa. El conocimiento y sentido de ubicación que la próxima presidenta ha mostrado, sugiere que el impulso de la transición energética y el fortalecimiento de PEMEX y la CFE como empresas estratégicas, son objetivos que se pueden alcanzar.
Comenta y sigue a Arturo Carranza X y LinkedIn.
