El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) del CCE, advirtió que la combinación de la reforma judicial, la desaparición de órganos autónomos y la posible modificación al juicio de amparo representan un serio riesgo para la actividad productiva en México, al debilitar la confianza en el estado de derecho y desalentar la inversión.
En su más reciente análisis, el organismo subrayó que la economía mexicana inició el segundo semestre del año con un desempeño negativo. En julio el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) retrocedió 0.9% mensual y 1.2% anual, la caída más pronunciada desde 2021. Este debilitamiento se suma a una tendencia descendente en la inversión y el consumo desde finales de 2023.
El CEESP explicó que la incertidumbre en torno a las reformas internas se ha convertido en un factor que desanima tanto a empresas como a emprendedores.
La falta de órganos reguladores independientes y la percepción de un sistema judicial menos imparcial podrían traducirse en mayores costos para las unidades productivas, al limitar una regulación eficiente y neutral. Esto, junto con el aumento en los costos laborales, complica el panorama para las empresas y frena la creación de empleos formales de calidad, impulsando la expansión de la informalidad.
De acuerdo con el Censo Económico 2024, entre 2018 y 2023 el número de unidades productivas en el país aumentó en 668 mil, pero el 76.5% de ellas corresponde a negocios en la informalidad. Esta tendencia se refleja también en el mercado laboral, ya que en los primeros siete meses de este año la población ocupada creció en 1.5 millones de personas, aunque todos estos empleos fueron informales, mientras que el empleo formal cayó en más de 800 mil plazas.
El análisis enfatizó que, aunque organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han revisado al alza las perspectivas de crecimiento para México, de 0.2% a 1% para este año y 1.5% para 2026, estas cifras son insuficientes para mejorar el bienestar de la población y difícilmente se cumplirán las proyecciones oficiales de la Secretaría de Hacienda.
El CEESP insistió en que para revertir esta situación es indispensable fortalecer el marco institucional, garantizar la independencia regulatoria y generar condiciones de certidumbre que impulsen la inversión privada. De lo contrario, alertó, el país continuará atrapado en un ciclo de bajo crecimiento, precarización laboral y expansión de la economía informal.
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