Víctor Ramírez, socio de P21 Energía, cuestionó que la Secretaría de Energía (SENER) tenga independencia técnica en la regulación del sector tras la desaparición de los órganos reguladores.
“Yo creo que es muy difícil que tengan independencia técnica. De hecho, las presiones fueron constantes con la CRE siendo un órgano autónomo, pues tuvo presiones muy fuertes”, comentó.
El especialista cuestionó que el Estado, como juez y parte, pueda garantizar la autonomía en la toma de decisiones del sector energético, pues ello genera incertidumbre en la entrega de permisos a empresas que representen una competencia directa a las empresas estatales.
Lilia Alonzo, directora de Albaa Legal, lamentó la desaparición de los órganos reguladores, debido a que se puede generar un rezago en la entrega de permisos y una pérdida de conocimiento técnico pues no se garantiza la permanencia del personal que labora ahí.
Asimismo, Karla Cedano, especialista del sector energético, reconoció su importancia para la construcción de un sector energético en condiciones justas de competencia; sin embargo, confía en que las autoridades cumplan la independencia técnica que prometieron.
“Los órganos reguladores son fundamentales para un convivencia justa y sana, es claro que ya no van a ser autónomos, pero si se prometió y está por escrito, que va a haber independencia técnica de los dos organismos reguladores”, indicó durante su participación en el panel “Sustentabilidad en el sector energético: Hacia una transición energética en México” de la Expo Internacional de Energía México 2024.
Por su parte, Ramsés Pech, socio de Caraiva y Asociados, indicó que la desaparición de los órganos reguladores cambiará las reglas del T-MEC.
“Firmamos en el T-MEC que habría órganos reguladores y al desaparecer, eso cambiará las reglas y la SENER va a tener un conflicto de interés y podría caer en la tentación de no entregar permisos a un privado”, comentó.
Finalmente, Ramírez coincidió con la opinión anterior, pues este cambio ‘viola al menos un capítulo del T-MEC, que es el de buenas prácticas regulatorias y otro del piso parejo y que, por definición, no puede ser así si una de las empresas pertenece al Estado’.
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