A pocos meses de que se concrete su extinción, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó que tiene pendientes por resolver 150 casos de fusiones que equivalen al 10% del PIB nacional, y advirtió que el presupuesto aprobado para este año es insuficiente.
El organismo también tiene alrededor de 25 investigaciones en curso en mercados de suma importancia para el bienestar de las familias mexicanas, así como para el desarrollo de una economía justa e incluyente.
El 20 y 24 de diciembre de 2024 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de la reforma en materia de simplificación orgánica, y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2025 (PEF 2025), respectivamente.
La reforma de simplificación orgánica establece la creación de una nueva autoridad con autonomía técnica y operativa, la cual se encargará de vigilar y sancionar prácticas anticompetitivas en todos los sectores y mercados del país.
“Si bien esto implica una inminente extinción de la COFECE, en tanto se emiten las leyes secundarias y la reforma entra en vigor, la COFECE debe continuar ejerciendo sus funciones y tramitando sus procedimientos”, indicó.
El Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la COFECE mediante el PEF 2025 equivale a menos de una tercera parte del presupuesto originalmente solicitado y que es necesario para el cumplimiento de las atribuciones de la Cofece.
“Ante el limitado presupuesto de transición aprobado para 2025, la COFECE está tomando medidas extraordinarias para que los recursos asignados garanticen en la medida de lo posible, la continuidad de sus atribuciones y procedimientos hasta que se trasladen a la nueva autoridad de competencia”, indicó.
Con el objetivo de dar continuidad a los procedimientos sustantivos que actualmente se encuentran en curso, el organismo busca que exista una transición ordenada y articulada a la nueva autoridad de competencia.
En este sentido, la COFECE continuará buscando interlocución de manera proactiva con todas las instancias de gobierno involucradas, con el fin de establecer un programa de cierre adecuado, en el cual se garanticen recursos suficientes para la continuidad del debido proceso y la certidumbre a la inversión, en tanto el Congreso de la Unión delibera y aprueba la legislación secundaria en nuestro país y se crea la nueva autoridad de competencia.
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