La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó nuevas reglas para el balizado e identificación de vehículos que transportan y distribuyen petrolíferos, gas LP y petroquímicos por medios distintos a ductos, lo que incluye un código QR y posicionamiento satelital vía GPS.
El acuerdo, firmado por el director general Juan Carlos Solís Ávila, establece que todas las unidades vehiculares amparadas en permisos de transporte y distribución deberán portar un balizado visible con código QR emitido por la Comisión, así como contar con un sistema de posicionamiento global activo que permita el monitoreo en tiempo real de sus trayectos.
La CNE explicó que el objetivo es cerrar espacios al robo y desvío de hidrocarburos, delitos que han golpeado al sector energético en los últimos años. Los nuevos lineamientos permiten a las autoridades verificar la vigencia de permisos, la trazabilidad de los productos transportados y la identificación inmediata de vehículos, operadores y rutas autorizadas.
El balizado incluirá información sobre la empresa permisionaria, productos transportados, matrícula, vigencia del seguro y datos básicos del operador. Al escanear el código QR, cualquier persona podrá consultar parte de esta información, lo que abre la puerta a denuncias ciudadanas.
Las disposiciones también crean el Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP), una plataforma digital para la gestión de información, monitoreo de rutas e intercambio de datos con autoridades de seguridad.
Las unidades deberán transmitir datos en tiempo real cada 30 segundos, con registros históricos mínimos de un año, bajo estándares de ciberseguridad internacionales. La omisión en la implementación del GPS o del balizado será considerada una falta grave y dará lugar a sanciones que incluyen la suspensión de permisos.
Los permisionarios con unidades ya registradas tendrán un plazo de 15 días hábiles para actualizar su información y obtener los códigos QR correspondientes, mientras que las distribuidoras de gas LP deberán instalar GPS en un máximo de 30 días hábiles.
Con esta medida, el gobierno busca fortalecer la supervisión en la cadena logística de combustibles y alinear la regulación con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, que contempla acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir el huachicol, añade el documento.
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