Desde la aprobación de la legislación secundaria en materia energética, orientada a implementar la reforma constitucional sobre áreas y empresas estratégicas, poco se ha discutido un aspecto que considero fun- damental: el nuevo marco de Planeación Energética.

En mi perspectiva, este elemento es de gran relevancia, ya que establece una planeación con carácter vinculante, basada en un enfoque social que impulsa una transición energética justa. Este enfoque es clave para alcanzar las metas de generación limpia y reducción de emisiones, desde una perspectiva renovada.

Específicamente, la expedición de estas leyes plantea una nueva forma de organización para el sector energético, comenzando con una visión de planeación vinculante, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación y Transición Energética (LPTE). Esto representa una oportunidad para que la Planeación Energética se desarrolle bajo un enfoque distinto, permitiendo que tanto el sector público como el privado orienten sus acciones hacia el cumplimiento de objetivos claros, cuantificables, medibles y verificables.

Es relevante considerar que dicho ordenamiento busca fungir como el hilo conductor de la política pública, al integrar de manera coherente la política energética, social, económica y ambiental, dentro de un marco programático específico que aún está por definirse en los próximos meses. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia una matriz de generación más limpia y sentar las bases para la descarbonización del sector energético, a través del establecimiento de metas claras en materia de generación limpia y reducción de emisiones.

Y aquí quiero resaltar su atención para hablar del marco programático, el cual deberá alinearse no solo con esta nueva visión de Planeación Energética, sino también con el Plan México y los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Este último parte de una visión estatal con un enfoque social como eje rector de todas las actividades, sustentado en una política que busca fortalecer la soberanía energética y el control estatal.

Lo anterior implica limitar, e incluso prohibir expresamente en algunos casos, la participación directa del sector privado en la cadena productiva de recursos estratégicos, como el litio.

Me desconcierta que los Planes y Programas habilitadores de esta ambiciosa reforma energética —basada en un cambio de paradigma que exige modificar no solo los patrones de consumo de la sociedad, sino también la forma en que deben conducirse las autoridades— aún no hayan sido expedidos. Resuena en mi mente el cues- tionar si el marco programático realmente incluirá los objetivos y acciones concretas que permitan aterrizar las ideas progresistas desde un enfoque social en donde el Estado, como garante y rector del orden público y de la implementación y mejora continua de las políticas ener- géticas, ambientales y sociales, cuente con los elemen- tos para cumplir con tan ambiciosos propósitos.

La planeación vinculante, tal como lo establece la LPTE, fija lineamientos orientados a consolidar un modelo sostenible. En un contexto donde la descarbonización es una prioridad global y los estándares ambientales defi- nen el acceso al financiamiento, la ausencia de incentivos claros para proyectos alineados con estos criterios podría frenar la inversión en infraestructura energética, mientras que, una implementación adecuada de la legislación secundaria, con un enfoque de transición energética justa se traducirá en mayores inversiones y expansión del sector energético.

Aunado a lo anterior, resulta de vital importancia incorporar el concepto de transición energética justa, lo que implica un mayor involucramiento de las partes interesadas en la implementación de los proyectos. Lo anterior permitirá que éstos, mediante una consulta pública previa e informada y el cumplimiento de los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza, tracen un nuevo camino hacia la sostenibilidad del desarrollo.

El panorama de esta nueva forma de hacer política pública conlleva muchos retos a cumplir, pero también abre oportunidades significativas para el desarrollo comunitario, el impulso de energías limpias y la reducción de emisiones. Todo ello podría sentar las bases para que México se consolide en un referente mundial en la materia, junto con los beneficios que estas oportunidades representan en términos de criterios ESG. 

Por último, considero que la implementación ordenada, sistemática y oportuna de dicha reforma, basada en la planeación vinculante, repercutirá en la calificación crediticia de las empresas públicas, CFE y PEMEX. De lograrse esta implementación, ambas podrían recuperar su papel como agentes de cambio comunitario, lo que se traduciría en mayores beneficios en materia ambiental, social y de gobernanza, permitiendo una reconfiguración gradual de la forma en que los proyectos energéticos, asegurando una distribución más equitativa de los bene- ficios entre las comunidades involucradas.

Es momento de reconfigurar nuestras acciones y aportar nuestro conocimiento y experiencia desde la trinchera que a cada uno le corresponda, actuando con congruencia en torno a la sostenibilidad del desarrollo. Solo así podrá traducirse en éxito la implementación de la reforma energética.

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Con motivo del 8 de marzo, conmemoración del día de la mujer, quiero compartir algunas reflexiones en torno al rol que ha desempeñado la mujer dentro de nuestra sociedad como profesionista, y, del mío en particular.

La mujer ha estado en una lucha constante por tomar un lugar de liderazgo dentro del mundo empresarial, de los negocios y gubernamental. En nuestra sociedad, la mujer ha desempeñado un rol fundamentalmente tradicional, quedándose en casa para encargarse de la educación de sus hijos, dejando de lado su desempeño profesional con independencia de los estudios o de la preparación con la que cuente.

Afortunadamente, hoy en día el lugar de las mujeres en la sociedad, y particularmente dentro del ámbito laboral ha evolucionado a través del desempeño de muchas de ellas, evidenciando las ventajas de que participen como líderes en diferentes ámbitos como el empresarial, deportivo, político, entre otros.

Ejemplo claro de esta evolución en nuestro país lo constituye el contar con una Presidenta, quien está rompiendo paradigmas y estereotipos, teniendo bajo sus hombros una doble responsabilidad, el desempeñar su papel ante un entorno de incertidumbre global, y hacerlo bajo estándares de excelencia bajo el escrutinio doble de la opinión pública por ser mujer.

En este contexto, el sector energético no es la excepción, y en los últimos años hemos visto mujeres excepcionales que se han desempeñado desde estudiantes de alguna carrera STEM, técnicas en cuartos de control o en instalaciones eléctricas, ingenieras, químicas, físicas, abogadas especializadas, gerentes, diputadas, senadoras, hasta secretarias de energía.

El camino no ha sido fácil, desde mi experiencia como abogada especializada en temas energéticos y de sostenibilidad, me he visto ante el reto de romper paradigmas vinculados a mi género y profesión en un mundo predominantemente masculino y técnico.

Específicamente, en las distintas encomiendas que tuve, desde mi participación en la entonces Comisión Reguladora de Energía, en donde empecé invitada a participar en temas de cambio climático, me fui empapando del sector, entendiendo conceptos tan básicos como MW, MWh, generación, capacidad, potencia, despacho eléctrico entre otros; hasta verme inmersa en un mundo por demás técnico pero fascinante, llegando a ser candidata a Comisionada en dicha Institución.

Recuerdo haber entrado y sentirme cuestionada no sólo por mis compañeros ingenieros, sino por mí misma, hasta el punto de tener que pasar días y noches enteras estudiando para poder, no sólo entender los temas que me encomendaban, sino destacar en un área como el área de electricidad de dicha Comisión, creciendo paulatinamente con el apoyo de mi ex-jefe el Dr. Peraza, a quien siempre le estaré agradecida por la oportunidad de abrirme las puertas de este mundo, y de mis compañeros y colegas quienes me permitieron desempeñarme asumiendo el puesto de Directora General de Energías Limpias en un momento determinante para el crecimiento del sector como lo fue el de la Reforma Energética de 2014, en donde tuve la oportunidad de desarrollar la regulación y el Sistema de Gestión de Certificados de Energías Limpias y Cumplimiento de Obligaciones de Energías Limpias.

Posteriormente, formé parte de una de las empresas eléctricas más importantes del mundo, Iberdrola, en donde pude entender el funcionamiento de una transnacional desde adentro para poder conocer, no sólo los aspectos regulatorios que estaban bajo mi responsabilidad, sino entender el ADN de una empresa de talla internacional generadora y comercializadora de energía en un momento tan difícil como lo fue el sexenio del Presidente López Obrador en su primera etapa, cuando la pandemia se hizo presente.

Las enseñanzas que tuve fueron invaluables a nivel profesional, de trabajo de equipo, y de liderazgo marcando un crecimiento en mi persona y trayectoria, permitiéndome retomar mi experiencia en temas de sostenibilidad dada mi formación como abogada con un máster en política y gestión ambiental.

Actualmente, heme aquí, volviendo a casa, al despacho que me vio crecer como abogada y que 15 años después me recibe nuevamente, Santamarina y Steta, quien me ha brindado la oportunidad de ejercer la abogacía en materia energética y de sostenibilidad bajo una perspectiva que yo considero integral y holística, dadas las oportunidades y experiencias que me permiten desarrollarme en este sector, apoyando a clientes de diferentes sectores, en el ámbito público, privado, a nivel nacional e internacional.

Todo ello, con la firme convicción de que las mujeres podemos aportar significativamente no solo a este sector, sino al mundo en general y lograr, en igualdad de condiciones posicionarnos como líderes abriendo brecha para las próximas generaciones en un entorno sostenible en donde cada hombre y mujer se revalorice por sus capacidades y aportaciones.

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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.

Pareciera que con el año que ha terminado se cierra un capítulo y podemos empezar otra vez, renovados con la esperanza de que nuevos retos y oportunidades llegarán consigo.

Esto si bien, representa la idea que todos tenemos para poder avanzar con nuevas esperanzas dentro de un entorno optimista, la realidad nos debe situar ante lo que nos espera durante 2025, particularmente en el sector energético, en donde el fantasma de la incertidumbre sigue rondando ante la implementación de un nuevo esquema que aparentemente busca fomentar el desarrollo de un modelo energético justo tendiente a alcanzar la transición energética en nuestro país.

¿Porqué decimos que aparentemente busca conseguir estos objetivos? Porque ello dependerá de las reglas que se implementen en términos de la legislación secundaria que implemente la reforma energética aprobada el pasado 31 de octubre, con la cual se busca el fortalecimiento de las empresas públicas en materia energética en perjuicio del sector privado tan necesario para alcanzar las metas de generación limpia y los compromisos de reducción de emisiones que México tiene a nivel internacional.

Recordemos que el planteamiento central de la reforma Constitucional en materia energética busca cambiar el rumbo de la política energética en aras de contar con una política pública en donde se permita la participación privada en el sector mientras que la prevalencia la tengan las empresas públicas bajo el argumento de cumplir con objetivos de carácter social. Es en este contexto, en donde no queda clara la forma en que los actores privados participarán, resultando alarmante pensar que en materia de electricidad la CFE tendrá prevalencia en un mercado abierto a la competencia en materia de generación y comercialización, en donde los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México forma parte reconocen principios como apertura comercial, trato justo y equitativo, entre otros, y a nivel nacional, la aplicación de los mismos estará sujeta a las nuevas reglas que se emitan en favor de las empresa pública CFE, y en materia de hidrocarburos, se de prevalencia a PEMEX, con independencia de que su situación financiera y fiscal evidencian la incapacidad de la misma para hacer frente incluso a sus compromisos internos.

Nos encontramos ante un año nuevo lleno de incertidumbre y retos que podrán irse delimitando en tanto la política pública vaya tomando forma, sin órganos reguladores autónomos, sino dependientes de la Secretaria de Energía, ahora diseñadora, implementadora y vigilante de las reglas específicas en la materia. Como muestra de lo que nos espera, aún no empieza el año y la miscelánea fiscal ha sido publicada con nuevas obligaciones en materia de controles volumétricos para los sujetos regulados, aunado a la carga fiscal que prevé dicha miscelánea.

Esperemos que los retos que 2025 trae consigo vengan acompañados de un marco regulatorio claro y fuerte que permita la consolidación y en su caso, crecimiento del sector energético con los beneficios que conllevará para todos.

Será necesario conocer cuáles serán las estrategias que fomentarán una participación eficiente de los sectores público y privado en aras de alcanzar las ambiciosas inversiones que se requieren para hacer frente al nearshoring; los retos que plantea el creciente aumento de la demanda eléctrica; la falta de infraestructura eléctrica; la menor dependencia de los mercados externos en materia de hidrocarburos; el pago de la deuda a proveedores de PEMEX, desarrollo de nuevos proyectos clave en el sector; fomento a instrumentos que permitan contar con almacenamiento estratégico de diferentes hidrocarburos; entre otros.

Es importante conocer cuáles mecanismos se plantearán para que el sector privado siga jugando el rol de acompañamiento que tanto requieren las empresas públicas para sentar las bases del camino que habrá de recorrerse en aras de alcanzar la transición energética. De igual manera, deberemos conocer cuáles mecanismos permitirán tanto a PEMEX como a CFE cumplir con los compromisos que conlleva su prevalencia en el sector.

Es así, como el gobierno debe entender que 2025 representa un año estratégico para poder posicionar a México como una potencia de renovables en donde se fortalezca un crecimiento energético equilibrado que pueda utilizar el alto potencial con el que cuenta nuestro país ante un entorno global sostenible.

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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.

El nuevo sexenio abre una ventana de oportunidad para las energías renovables. Esto se evidencia con la propuesta de nuestra Presidenta electa Claudia Sheinbaum quien, en sus 100 pasos para la transformación, ha hecho énfasis en ello.

Resaltan entre sus propuestas, para empezar el reconocimiento de la necesidad de fortalecer las líneas de transmisión y distribución de energía, considerando que la participación privada podrá coexistir con las actividades de generación de electricidad siempre y cuando se respete el porcentaje de 54% de participación pública y 46% de participación privada. De ahí, la conveniencia de contar con una Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuerte y en crecimiento, lo que necesariamente redundará en un crecimiento del sector privado.

Pero además de esto, uno de los pilares de su política energética será el impulso a una transición con base en las energías renovables y la eficiencia energética, lo que, si se hace ordenadamente y con fortalecimiento del marco legal y regulatorio, obligará a un crecimiento del sector energético que beneficiará a todos. Es así, como vemos ante nuestros ojos la expectativa de una oportunidad para posicionar a México como una potencia de renovables en donde se fortalezca un crecimiento ordenado de la red que permita utilizar de manera sostenible el alto potencial con el que cuenta nuestro país.

Aunado a ello, con el fortalecimiento del sector energético con base en el despliegue de renovables, podremos generar empleos dignos que mejoren la calidad de vida de las personas en términos de sus ingresos y en relación con la mejora de las condiciones del medio ambiente y la reducción de emisiones, lo que necesariamente implicará el establecimiento de las condiciones regulatorias que fomenten las inversiones en la materia.

Los retos que se avecinan con la nueva administración necesariamente requieren el acompañamiento de todos los involucrados en el sector, quienes debemos esforzarnos para poder participar con el rol activo de facilitadores, negociadores, e implementadores de proyectos que permitan posicionar a México como un actor relevante ante las oportunidades que se avecinan con el nearshoring.

Otro punto notable de la oportunidad que representa la transición energética consiste en involucrar a todos los actores que se vean directa o indirectamente afectados por el desarrollo de los proyectos, con una perspectiva inclusiva que permita contar con planes y programas de gestión social que se adapten a las necesidades de las comunidades, involucrándolas para que dichos proyectos sean viables, y legítimos, lo que permitirá que lleguen a buen término.

La necesidad de poder constituir a México como un referente a nivel mundial en renovables también repercutirá en beneficios para la economía mexicana con la consecuente atracción de inversiones en la materia, competitividad y mejora en la calidad de vida de los mexicanos.

Estamos ante una oportunidad sin precedentes que debe fortalecerse con nuestras aportaciones particulares y comunes con base en el respeto irrestricto de la ley, de las instituciones, del medio ambiente y de los ecosistemas. Aprovechemos las oportunidades de la nueva Administración para cambiar el paradigma y hacer de la sostenibilidad la nueva pauta que dirija nuestra actuación y nuestros negocios, hagámoslo por las futuras generaciones, es el momento.

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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.

Recientemente la fragmentación del Poder Judicial ante la reciente aprobación del Plan C ha mantenido al país en un franco y general estado de preocupación y paralización; lo cual, no es para nada un tema que deba mantenernos al margen.

Resulta alarmante el papel que tendrá el Poder Judicial ante el escenario que plantea la reforma recién aprobada en relación con la manera en que dicho Poder operará.

En diferentes ocasiones se ha cuestionado el alcance, y las implicaciones que conlleva para las inversiones la aprobación de dicho Plan; las cuales, se verán directamente afectadas con su implementación, y ¿Por qué decimos esto? Porque si no contamos con los mecanismos de carácter jurídico que blinden las inversiones, ni tampoco contamos con un poder judicial que se encargue de verificar que se está cumpliendo con el marco constitucional y legal, y que obligue a respetarlo, evidentemente, nuevas inversiones no llegarán.

No obstante, ello, el rol que como ciudadanos, abogados, inversionistas y en general, como mexicanos debemos de adoptar, consistirá en demostrar nuestra capacidad de adaptación ante las adversidades, como es la tormenta que tenemos al frente, necesitamos evaluar la forma en que podremos participar de este nuevo esquema que con suerte contará con mecanismos para salvaguardar los intereses de todos los ciudadanos.

Recientemente he escuchado opiniones de todo tipo, y esta semana un colega mío, abogado, planteó la necesidad de reconfigurar el ejercicio de nuestra profesión ante el nuevo escenario, y coincido con él, y esta reflexión, me parece que no solamente aplicará para los abogados, quienes evidentemente deberemos de estar actualizados en relación con las nuevas reglas y condiciones que se fijen para la implementación de este Plan C, sino que, desde mi perspectiva, aplica también aunque de manera indirecta, a todos los mexicanos, ya que de una forma o de otra nos veremos obligados a adaptarnos a las nuevas reglas que la implementación de la reforma fijará.

Es evidente que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo no contarán con el necesario contrapeso que representaba el Poder Judicial como lo conocíamos, pero, con independencia de ello, debemos levantarnos y buscar dar nuestra mejor versión, con la mirada, no en la trágica perspectiva que nos plantea este nuevo sistema, sino considerando a nuestro País como objetivo, es así como pienso que depende de cada uno de nosotros el trabajar en aras de contar con un País resiliente y fuerte.

Sigamos impulsando la participación privada en áreas estratégicas como son el desarrollo del sistema eléctrico nacional, el despliegue de renovables, la electromovilidad, medidas de eficiencia energética, promoción de tecnologías bajas en carbono, y todas aquellas áreas que permitirán posicionar a México como el socio fuerte que requiere el fenómeno del nearshoring; creando las condiciones para desarrollar un entorno de sostenibilidad que fortalezca a México de manera tal que el sistema jurídico vuelva a fortalecerse y el beneficio de este fenómeno se traduzca en mejores empleos y condiciones para los mexicanos.

Apostémosle a un mejor futuro y seamos conscientes y tomemos acciones para salir adelante ante el crítico escenario actual. México nos necesita y requiere fuertes, resilientes y capaces.

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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.

En los últimos días fue presentado y votado en la Cámara de Diputados, el Dictamen que tiene como objeto la desaparición de los órganos constitucionalmente autónomos y los órganos reguladores. Particularmente, el dictamen que fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales busca la incorporación de las funciones de dichos órganos a otras dependencias de la Administración Pública Federal.

El Dictamen justificó estas acciones bajo el argumento de racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, con el fin de erradicar las desigualdades sociales. Según el documento, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática y no han contribuido a una verdadera descentralización, sino más bien a una desconcentración administrativa.

La Iniciativa de la cual derivó el Dictamen que se aprobó tiene como intención la redistribución de los recursos públicos con base en la consideración de que tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

La propuesta sostiene que la CRE, por ejemplo, ha otorgado permisos de generación eléctrica a particulares de manera desordenada, lo que ha puesto en riesgo las redes de transmisión y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía (SENER) las demás funciones de la CRE.

En ese contexto, cabe mencionar que el Dictamen busca la incorporación de diversas facultades a diferentes órganos como el caso de las facultades en materia técnica energética a la Sener y a la CFE, sin especificar, por un lado, cuáles son los recursos humanos y materiales que serán destinados para dar cumplimiento a dichas facultades, y por el otro, sin considerar el raciocinio detrás de la creación de dichos órganos autónomos.

Es importante que recordemos que la razón detrás de la existencia de dichos órganos se basaba en el hecho de que debían contar con autonomía técnica, presupuestal y ser independientes para poder fijar las reglas que permitieran la operación del sector en cuestión. En nuestro caso, en el sector energético se requiere contar con una especialización técnica y regulatoria en materias complejas como los son la electricidad y el sector de los hidrocarburos.

Si bien, la CRE antes de la Reforma Energética era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en México, también lo es que sus facultades estaban limitadas a ser ejercidas bajo la dirección e instrucciones de la Secretaría de Energía. Esta situación cambió radicalmente con la aprobación de la Reforma Energética en 2014 con la creación de los órganos coordinados en materia energética, ya que permitió que la CRE y la CNH pudieran tener independencia técnica y financiera para constituirse junto con la ASEA en un sistema de reguladores independientes y especializados, capaz de generar un sector energético seguro, confiable, competitivo y sustentable.

Es en este contexto ¿Realmente serán destinado a programas de seguridad social dichos recursos? ¿Vale la pena perder todo el conocimiento técnico que tiene el personal de los órganos coordinados en materia energética en aras de seguir con políticas de corte populista que eventualmente se revertirán en perjuicio de nuestra sociedad?

En términos de costo-beneficio, el perder toda la capacitación del personal técnico de la CRE pudiera representar un alto costo para la administración pública, aunado a que se avecina una parálisis regulatoria, que puede traducirse en perjuicio para el crecimiento del sector dado que el otorgamiento de permisos y el ejercicio de las facultades de la CRE se verá afectado dada la escasez de personal de la Sener junto con los riesgos que implica que CFE regule ciertas materias, de las cuales también será regulado.

Consideramos que el aprobar este Dictamen por la Cámara de Senadores representa un riesgo dado que destruirá a los órganos reguladores junto con su rol estratégico en el sector invadiendo ámbitos competenciales que a todas luces busca solo fortalecer a las empresas estatales y perjudicar a los privados. El retroceso en términos regulatorios que implica esta reforma es claro, quedará ver si nuestros legisladores ejercerán sus funciones adecuadamente, o solamente tomarán sus curules para cubrir la cuota partidista.

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La especialista es asociada senior en materia energética & ESG de Santamarina y Steta.

El escenario que se vislumbra durante la próxima Administración sigue siendo uno lleno de retos y oportunidades para posicionar a México como el socio comercial que Estados Unidos requiere para romper su dependencia con China ante la necesaria y urgente relocalización de empresas en nuestro país.

Lo anterior, demanda que el gobierno mexicano garantice las condiciones necesarias en materia de seguridad, acceso a electricidad, a energías limpias, agua, financiamiento, entre otros. Esta garantía deberá darse mediante el establecimiento de una política energética que necesariamente se encuentre vinculada con la política ambiental, económica y hacendaria, situación que obliga a contar con un Plan Nacional de Desarrollo fortalecido e integrado para generar certeza para que nuevas inversiones lleguen y nuestro País pueda tener el despliegue de renovables correspondiente a los recursos con los que cuenta.

Particularmente, en materia de electricidad el garantizar la atracción de nuevas inversiones en el sector, requiere por un lado el respeto irrestricto al marco legal y regulatorio existente, y por el otro, la revisión de este, en términos de aplicación, efectividad y en su caso, necesaria sustitución por algún otro.

La mejora regulatoria es entendida como una política pública consistente en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

Su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad.

En este contexto, el nearshoring, y las oportunidades que se avecinan necesariamente nos obligan a una revisión y análisis exhaustivo de las normas y reglas del juego con el propósito de optimizarlas bajo una óptica de simplificación administrativa, que se traduzca en certeza jurídica para las inversiones.

Uno de los mayores obstáculos a que se ha enfrentado el marco regulatorio es la falta de sometimiento a un proceso de evaluación y mejora continua que facilite la correcta aplicación de las disposiciones aplicables a la materia energética, y en lugar de eso, lo que hemos observado es un sinnúmero de nuevas medidas que  no coinciden en términos de objetivos en materia energética, fiscal, económica y ambiental, y en muchos casos no sólo dificultan su aplicación por temas de contradicción con los ordenamientos previamente expedidos y vigentes, sino con el marco Constitucional.

En esta tesitura, el marco legal y regulatorio requiere sujetarse a un proceso de mejora con base en los resultados de una evaluación en términos de eficiencia y eficacia, que permita depurar y contar con los instrumentos que permitan facilitar la ejecución de las disposiciones aplicables en la materia, así como garantizar el desarrollo de nuevas reglas y mecanismos innovadores que sienten las bases para estar preparados ante la nueva realidad, que eviten caer en un abismo y en lamentaciones por no haber reaccionado a tiempo.

Partiendo de esta evaluación, reconceptualización del marco jurídico y regulatorio resulta apremiante que la evaluación que se haga refleje la forma en que se han aplicado identificando las áreas de oportunidad y el modelo integral y coordinado con otras políticas con el objeto de poder identificar cuales mecanismos deben integrarse, cuáles se deberán reformular y cuáles será necesario eliminar.

Es así, como para ser exitosos en la implementación de estas nuevas disposiciones, se debe contar con un proceso participativo y minucioso que abarque la participación del nuevo gobierno incluyendo la participación de cada uno de los titulares de la nueva Administración Pública, así como de cada uno de los sectores y actores relevantes en materia energética, así como de aquellos vinculados con temas de medio ambiente, seguridad, administración pública, economía y finanzas para sentar las bases de un marco regulatorio que facilite el desarrollo de los proyectos en desarrollo, y de los nuevos proyectos que se requieren para alcanzar una transición energética ordenada y justa.

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Tras la arrasadora ventaja de la presidenta electa Claudia Sheinbaum durante los pasados comicios del 2 de junio, hemos escuchado diferentes comentarios, opiniones y visiones sobre dicha victoria, y lo único cierto es que una mayoría de los mexicanos que salieron a votar refrendaron su apoyo al gobierno actual sin importar las razones ni los motivos de tal decisión.

Es así, como en cualquier escenario, queda reflexionar que más allá de las convicciones políticas que se tengan, todos debemos asumir un compromiso, aquel que permita a la nueva administración seguir adelante y poder llevar a buen término sus proyectos, lo que finalmente se traducirá en un sinnúmero de beneficios para todos.

El sector energético no debe quedarse fuera de este compromiso y como es bien sabido por todos, los últimos años no han sido los más favorecedores para avanzar en aras de alcanzar una transición energética justa y ha llegado el momento de reactivar las acciones encaminadas a retomar una agenda energética sostenible, en aras de potenciar de forma integral el sector, con base en un despliegue de energías renovables en donde el sector social juegue un papel preponderante y el sector privado se convierta en el respaldo y principal aliado que el gobierno tanto necesita.

Es el momento en que todos nos pongamos las pilas y trabajemos en el fortalecimiento de una agenda que fomente el desarrollo energético sostenible en donde todos tengan un espacio siempre y cuando prime el Estado de Derecho y los compromisos que ha adquirido nuestro País en el contexto internacional. El fortalecimiento del sector necesariamente requiere la coordinación de los diferentes actores con base en un marco de certeza jurídica y regulatoria que atraiga inversiones y permita el crecimiento del país con base en la posición estratégica que tenemos y que nos brinda el Tratado comercial con América del Norte, y el fenómeno del nearshoring.

No debemos dejar pasar la oportunidad de seguir creando lazos comerciales con nuestros vecinos del Norte, ni tampoco dejar de ver hacia el sur del continente que tantas oportunidades de crecimiento puede brindar. Ello, siempre y cuando, estemos conscientes de la responsabilidad que como mexicanos tenemos y que en este momento debemos dejar de lado nuestras preferencias e ideologías y centrarnos en el objetivo principal, consistente en fortalecer a México, convirtiéndolo en un foco de desarrollo regional.  Recursos naturales, materiales y humanos tenemos;  financieros, podemos obtenerlos si nos centramos en la creación de políticas claras, con acciones que requieren la participación de todos como piezas fundamentales en este rompecabezas que se llama crecimiento sostenible de nuestro país.

Sumemos esfuerzos y no dejemos que el coraje, frustración o expectativas ajenas a la realidad impidan el crecimiento que nos merecemos como mexicanos, y que sin lugar a dudas nos beneficiarán a todos permitiendo que el sector energético vuelva a colocarse como una pieza fundamental para armar el futuro que tanto anhelamos.

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