En México, la discusión sobre combustibles suele caer en una simplificación peligrosa: asumir que todos pueden tratarse bajo la misma lógica política. Que lo que funciona para la gasolina puede replicarse en el diésel. Que intervenir precios es, por sí mismo, una solución.

No lo es. El diésel no es la gasolina. Y más importante aún: no es un commodity político.

Mientras la gasolina tiene un impacto directo en el consumidor –visible en cada carga, en cada ticket–, el diésel opera en otro nivel. Es un insumo productivo, transversal, silencioso, pero determinante. No se percibe en el bolsillo de manera inmediata, pero sí en todo lo que ese bolsillo termina pagando.

Está en el transporte de alimentos, en la distribución de mercancías, en la operación industrial, en la maquinaria agrícola y en la logística que sostiene la economía. México consume más de 90 millones de litros diarios de diésel, lo que lo convierte en uno de los pilares de la actividad económica nacional.

Por eso, intervenir su precio no es una medida aislada. Es una decisión que impacta toda la estructura productiva.

El error de politizar un insumo estratégico

La tentación de establecer un tope al precio del diésel responde a una preocupación legítima: contener la inflación. Si baja el costo del transporte, se busca evitar que suban los precios de bienes y servicios.

Pero esta lógica parte de un error de origen. El diésel no es un precio final. Es un costo intermedio.

Y cuando se manipula un costo intermedio, lo que se genera no es estabilidad, sino distorsión. Porque ese costo no desaparece. Se redistribuye. Se traslada a los márgenes de los comercializadores, a las finanzas públicas o a otros eslabones de la cadena. Pero nunca deja de existir.

El impacto en la cadena de valor

A diferencia de la gasolina, el diésel tiene una estructura de mercado más rígida. Sus costos logísticos son más altos, su margen comercial es más estrecho y su demanda está directamente vinculada a la actividad económica.

Topar su precio implica comprimir los márgenes de quienes lo transportan, almacenan y venden.

El efecto inmediato es claro:

• Menor incentivo para mantener inventarios
• Reducción en la eficiencia logística
• Mayor riesgo de desabasto en ciertas regiones

Y en el mediano plazo, el efecto es aún más profundo:

• Se frena la inversión en infraestructura
• Se deteriora la calidad del servicio
• Se debilita la capacidad de expansión del mercado

Es un mercado más frágil.

La factura fiscal que nadie quiere ver

Uno de los puntos menos discutidos en el debate es el impacto en las finanzas públicas. Cuando se fija o contiene artificialmente el precio del diésel, alguien absorbe la diferencia entre el costo real y el precio final.

En México, ese “alguien” suele ser el Estado.

Esto ocurre principalmente a través de:

• Estímulos al IEPS
• Reducción de la recaudación efectiva
• Transferencia de presión financiera a Pemex

Lo que no paga el consumidor, lo paga el erario.

Y en un entorno de alta presión presupuestaria, esto tiene implicaciones claras:

• Menores ingresos fiscales
• Menor margen de maniobra para política pública
• Mayor vulnerabilidad financiera

El costo no desaparece. Se socializa.

La ilusión de control

Quizá el mayor riesgo de tratar al diésel como un commodity político es la ilusión que genera: una aparente estabilidad de precios que, en realidad, no refleja el costo real del sistema. Pero esa estabilidad es temporal. Porque los costos acumulados eventualmente regresan:

• En forma de inflación diferida
• En problemas de suministro
• O en deterioro de la infraestructura logística

Es un efecto bien conocido en economía: los controles de precios no eliminan presiones, las desplazan en el tiempo.

Un combustible que define la competitividad

El diésel no solo mueve mercancías. Define la competitividad de un país. Cada variación en su precio impacta:

• Costos de transporte
• Precios de alimentos
• Estructuras industriales
• Márgenes de exportación

Por eso, intervenir su precio sin una estrategia integral no es una decisión menor.

Es una intervención en la economía real.

Conclusión: no es política, es economía

México necesita estabilidad en los precios energéticos. Pero esa estabilidad no puede construirse a partir de distorsiones. El diésel no responde a lógica política de corto plazo; Responde a lógica económica.

Porque cuando se trata al diésel como una herramienta política, el costo no se elimina; se multiplica al ser un insumo estratégico. Y como tal, no se controla.

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Esta columna se publicó originalmente en la edición de abril de nuestra revista Energy21.

El petróleo no está subiendo por falta física de barriles.

Está subiendo por miedo.

La reciente escalada contra Irán volvió a colocar en el centro del sistema energético global al Estrecho de Ormuz, el punto más vulnerable del comercio petrolero mundial. Por esa franja marítima fluye aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta.

No se trata de una guerra local. Es una tensión instalada en el cuello de botella energético del mundo.

El chokepoint que mueve la economía

Irán produce alrededor del 3–4% del petróleo mundial. Sin embargo, ese no es el verdadero foco del riesgo.

Lo estructuralmente crítico es que países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait dependen del Estrecho de Ormuz para exportar su crudo hacia Asia, Europa y América.

Si el estrecho se cierra o se vuelve inseguro: Se dispara el costo del transporte marítimo, Incrementan las primas de seguro, reducen flujos efectivos y se activan compras especulativas.

El mercado reacciona antes de que falten barriles. La anticipación es el verdadero catalizador.

El precio: la prima del miedo

Antes de la escalada –a finales de febrero– el Brent cotizaba alrededor de 72–73 dólares por barril.

Al 3 de marzo, ronda los 83–85 dólares.

En menos de una semana, el mercado incorporó una prima geopolítica cercana a 10–12 dólares por barril.

Si el conflicto escala y existe afectación real a infraestructura o transporte, el Brent podría:

• Probar rápidamente niveles de 95–100 dólares.
• Superar los 110 dólares ante interrupciones prolongadas.
• Activar reservas estratégicas en economías consumidoras.

La variable determinante no es la intensidad inicial del conflicto, sino su duración.

Lo que realmente está en juego

Esta crisis no solo tiene implicaciones regionales. En el fondo se disputa:

• La influencia energética de China en Medio Oriente.
• La capacidad de Estados Unidos para reconfigurar el mapa petrolero.
• El equilibrio interno de la OPEP+.
• La estabilidad inflacionaria global.

Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de petróleo. Precios más altos fortalecen su industria shale, pero simultáneamente incrementan la presión inflacionaria doméstica. Es un juego de equilibrio delicado entre rentabilidad energética y estabilidad macroeconómica.

México: entre el beneficio y la vulnerabilidad

México no es protagonista militar en esta tensión, pero sí es un actor energético relevante.

Como exportador:

• Puede beneficiarse de mayores ingresos petroleros.
• La mezcla mexicana capturaría parte del rally de precios.

Como importador de combustibles:

• Enfrentaría presión en gasolinas y diésel.
• Aumentaría la tensión fiscal si se intenta contener precios.
• Se elevarían costos logísticos e inflacionarios.

México no controla el conflicto, pero sí puede decidir cómo fortalecer su resiliencia energética: diversificación de suministros, mayor almacenamiento estratégico y eficiencia en refinación.

La lección estructural

La transición energética no ha eliminado la centralidad del petróleo.

Ha reducido su crecimiento estructural, pero no su poder sistémico.

Mientras 20% del crudo mundial dependa de un estrecho de apenas 39 kilómetros, la geopolítica seguirá teniendo la última palabra.

La pregunta no es si el precio subirá o bajará en los próximos días.

La pregunta es cuánto tiempo el mundo estará dispuesto a pagar la prima del miedo. Y, en energía, el miedo siempre cotiza.

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Esta columna se publicó originalmente en la edición de marzo de nuestra revista Energy21

Enero de 2026 dejó un mensaje claro para los mercados internacionales: el petróleo no está en crisis y el dólar tampoco.

El ruido geopolítico en Venezuela se disipó rápido y el tipo de cambio peso–dólar cerró el mes cerca de los 17 pesos, un nivel que hace apenas unos años habría detonado celebraciones oficiales.

Pero en México ocurrió algo revelador: nada pasó en la bomba.

Ni el petróleo más estable, ni el dólar barato, ni la dependencia importadora lograron mover un centavo el precio de los combustibles. Y eso no es un fallo del mercado: es el mercado funcionando exactamente como fue diseñado.

El mito del precio internacional

Durante años se ha repetido que el precio de la gasolina en México depende del petróleo, del dólar o de lo que ocurra en Medio Oriente.

La realidad es más incómoda: el precio del combustible en México ya no es una variable de mercado, es una variable de política económica.

Cuando el petróleo sube, el discurso es la volatilidad externa.

Cuando el petróleo baja, el discurso desaparece.

El resultado es un sistema asimétrico: el consumidor absorbe los choques negativos, pero no participa de los ciclos favorables.

El IEPS: el verdadero dueño de la bomba

Si el petróleo fuera el factor dominante, enero habría sido un mes de ajustes a la baja. No lo fue.

¿Por qué? Porque el IEPS y la recaudación asociada al combustible se convirtieron en un ancla fiscal.

La gasolina en México dejó de ser solo energía:

es flujo, es caja y es estabilidad presupuestal.

Bajar precios no es una decisión técnica, es una decisión fiscal, y hoy el incentivo está en capturar el beneficio, no en trasladarlo.

En pocas palabras:

cuando el mercado gana, gana el fisco; cuando el mercado pierde, paga el consumidor.

Un mercado “liberalizado” que no compite

Formalmente hay competencia.

En la práctica, el mercado opera con márgenes defensivos, cadenas logísticas rígidas y un entorno regulatorio que premia la cautela, no la agresividad comercial.

El operador no baja precios porque:

• no sabe si mañana cambian las reglas,
• no sabe si su costo fiscal aumentará,
• y no sabe si podrá recuperar margen después.

La gasolina no se usa para competir, se usa para sobrevivir.

Importamos gasolina, pero no importamos eficiencia

México importa la mayor parte del combustible que consume.

Importa moléculas, pero no importa la lógica del mercado que las produce.

El dólar barato no se traduce en precios bajos;

el refinado más accesible no se refleja en la bomba.

¿Por qué? Porque el precio no responde al costo, responde al equilibrio político–fiscal del sistema.

¿Hacia dónde vamos?

Si esta lógica se mantiene, el mensaje para 2026 es claro:

• No habrá gasolina barata, aunque el petróleo baje.
• No habrá alivio al consumidor, aunque el peso se fortalezca.
• El precio seguirá funcionando como un impuesto disfrazado de mercado.

El verdadero riesgo no es el precio alto, sino la normalización de la rigidez: que dejemos de preguntarnos por qué no baja.

Conclusión incómoda

El problema ya no es el petróleo, ni Venezuela, ni el dólar.

El problema es que la gasolina dejó de ser un precio y se convirtió en una herramienta.

Mientras el combustible sea tratado como una variable fiscal antes que energética, las buenas noticias externas seguirán sin llegar al tanque, y el debate público seguirá mirando al lugar equivocado.

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México llega a 2026 en un momento decisivo para su política energética. El Mexico Country Outlook 2026 del Baker Institute revela un panorama complejo: el país posee ventajas estratégicas indudables, pero enfrenta obstáculos regulatorios, institucionales y de infraestructura que frenan su transición hacia la movilidad eléctrica y la modernización de su red.

Un rezago que contrasta con el potencial

Mientras que la industria automotriz mexicana avanza hacia plataformas eléctricas para sostener su peso en el mercado norteamericano, la adopción interna de vehículos eléctricos continúa limitada. El Baker Institute identifica tres causas principales:

• Avance lento en energías limpias.
• Cuellos de botella en transmisión y distribución.
• Ausencia de una regulación integral para electromovilidad.

Nearshoring: oportunidad industrial, riesgo energético

El reacomodo global de cadenas de suministro está impulsando una nueva ola de inversión industrial, pero ocurre sobre una red saturada. Riesgos:

• Demanda eléctrica creciente.
• Interconexiones lentas.
• Dependencia crítica del gas natural importado.

Electromovilidad sin brújula normativa

México aún no cuenta con un marco integral que abarque conectores, interoperabilidad, almacenamiento, seguridad de baterías y reciclaje.

La economía circular: la pieza faltante

México no ha iniciado el diseño de una economía circular para baterías pese a ser potencia automotriz.

Reinventar el papel del Estado

El Baker Institute sugiere redefinir el papel del Estado hacia un regulador técnico creíble.

Oportunidades para un México eléctrico

• Corredores de carga rápida.
• Centros de remanufactura y reciclaje.
• Micro-redes industriales.
• Electrificación de flotas corporativas.
• Estándares nacionales de interoperabilidad.

Conclusión

México tiene capacidades industriales y regionales para liderar, pero requiere modernizar regulación, red e infraestructura para acompañar su ambición.

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El pasado 3 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía (SENER) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento de la Ley del Sector Hidrocarburos, un documento de más de 300 artículos que redefine —y en muchos aspectos restringe— el marco operativo de las actividades de hidrocarburos, petrolíferos, gas LP y gas natural en México.

Lejos de actualizar la regulación a los desafíos de la transición energética, el nuevo reglamento marca un viraje centralizador, otorgando a la autoridad amplias facultades discrecionales y reduciendo los márgenes de actuación de los permisionarios en casi todas las etapas de la cadena de valor: transporte, almacenamiento, distribución, expendio y comercialización.

Vigencias reducidas y fin de las prórrogas automáticas
Uno de los cambios más drásticos es la reducción generalizada en la vigencia de los permisos. Mientras que en el régimen anterior muchas actividades podían renovarse por plazos equivalentes a los iniciales, el nuevo reglamento elimina la figura de prórroga, obligando a los permisionarios a solicitar un nuevo permiso desde cero, con todos los costos, tiempos y cargas administrativas que ello implica.

Por ejemplo:
• Los permisos de comercialización de petrolíferos, gas natural o gas LP tendrán una vigencia máxima de dos años.
• Los de almacenamiento, transporte por ductos o refinación, hasta 30 años, pero sin renovación automática.
• Los de transporte por medios distintos a ductos, 15 o 20 años, según el producto.

Nuevos requisitos, más control
El reglamento introduce criterios de evaluación más amplios y deja claro que toda autorización estará sujeta a la planeación vinculante del sector, concepto que otorga a la SENER la posibilidad de aprobar o negar permisos con base en objetivos políticos o de soberanía energética.

Los proyectos serán evaluados según:
1. Nivel de inversión y vida útil del proyecto.
2. Complejidad de la infraestructura.
3. Cumplimiento regulatorio previo del solicitante.
4. Relevancia regional o de mercado.
5. Periodo estimado de retorno de la inversión.

Impactos esperados en la cadena de valor
El nuevo reglamento afecta de manera diferenciada cada eslabón:
• Transporte y almacenamiento: deberán acreditar propiedad legítima de infraestructura, mantener seguros actualizados y reportar toda operación a la autoridad.
• Comercialización: queda limitada por la vigencia corta de los permisos y la obligación de operar solo con marcas registradas y trazabilidad comprobada.
• Expendio al público: se refuerza la supervisión en calidad y origen del producto, y se endurecen los criterios de responsabilidad del permisionario.

El fondo político del cambio
Más allá de la técnica jurídica, este nuevo reglamento forma parte del rediseño institucional derivado de la desaparición de la CRE y la CNH y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE). El mensaje es claro: el Estado recupera la rectoría total del sector, no solo como regulador, sino como operador y juez de su propio cumplimiento.

Qué deben hacer los permisionarios
Ante este nuevo escenario, las empresas del sector deben:
• Revisar la vigencia actual de sus permisos y planear con anticipación las nuevas solicitudes.
• Evaluar su cumplimiento en materia de trazabilidad, volumétricos y calidad.
• Documentar la propiedad y licitud de la infraestructura utilizada.
• Preparar estrategias legales y administrativas ante posibles modificaciones o revocaciones.

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La petroquímica básica es la etapa de la industria que produce materias primas esenciales a partir de hidrocarburos —principalmente gas natural y petróleo crudo— para alimentar cadenas industriales de mayor valor agregado.

En México, de acuerdo con la Ley de Hidrocarburos y la clasificación oficial de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la petroquímica básica incluye:

1. Derivados del gas natural

• Etano → base para producir etileno y, posteriormente, polietileno, PVC, entre otros.
• Metano insumo para amoniaco y, a partir de este, fertilizantes como la urea.

2. Derivados de la refinación

• Propano y butano → utilizados para obtener propileno y butadieno.
• Nafta petroquímica → materia prima para procesos de craqueo y obtención de aromáticos.

3. Productos intermedios esenciales

Etileno, propileno, benceno, tolueno y xilenos, que sirven como base para plásticos, fibras, resinas, solventes y detergentes.

En la práctica, esta industria implica operar complejos de craqueo, reformado y síntesis química que transforman corrientes provenientes de refinerías o plantas de gas en estos insumos clave.

El Plan Integral de PEMEX 2025

La estrategia presentada por PEMEX plantea una recuperación sostenida de derivados del etileno, aromáticos y fertilizantes entre 2025 y 2030, apalancada mediante esquemas desarrollados y financiados por terceros.

Sin embargo, enfrenta obstáculos estructurales que no se resuelven únicamente con anuncios de inversión:

1. Complejos en estado crítico

La confiabilidad operativa de Morelos, La Cangrejera y Escolín está comprometida por décadas de mantenimiento diferido, obsolescencia tecnológica y falta de modernización profunda.

2. Capital privado cauteloso

El Plan depende de inversión privada, pero enfrenta opacidad regulatoria, inseguridad jurídica y baja rentabilidad histórica.

3. Escasez de insumos críticos

La disponibilidad de etano —insumo clave— está condicionada por la producción de gas en el sureste y por la limitada capacidad actual de transporte.

¿Autosuficiencia en fertilizantes?

El Plan busca reducir importaciones y alcanzar la autosuficiencia, pero la producción de amoniaco y urea ha sido históricamente intermitente, dependiente de gas natural importado y afectada por altos costos logísticos internos.

Interpretación

1. Dependencia estructural: Más del 50% de los petroquímicos consumidos en México provienen del exterior.
2. Insumo en declive: La caída en la producción de etano y su creciente importación comprometen la viabilidad de la cadena productiva.
3. Brecha entre metas y capacidad real: Las proyecciones del Plan superan con creces la capacidad instalada y operativa actual.
4. Opacidad estadística: La ausencia de datos desagregados limita la evaluación transparente de avances.

Conclusión

La reactivación de la petroquímica en PEMEX solo será posible si se inserta en una estrategia industrial integral que considere tres pilares:

• Rehabilitación y modernización de los complejos existentes.
• Certidumbre jurídica y regulatoria que incentive la inversión privada.
• Garantía de suministro de insumos críticos como el etano y el gas natural.

Par lograr las metas del Plan 2025 es indispensable cumplir con esos pilares, y corregir el déficit petroquímico, logrando así estar en el camino de la competitividad industrial que México requiere.

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La reforma judicial impulsada por el Gobierno federal sitúa al país en un nuevo momento constitucional, cuyos efectos ya comienzan a reflejarse en sectores estratégicos, como el energético, y particularmente en el de combustibles —una pieza clave de la economía nacional—, el cual no está exento del reacomodo institucional.

Una reforma de alto impacto

La reforma judicial, y la posibilidad de que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos mediante voto popular, representa un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Si bien, para sus impulsores esto representa la posibilidad de que se tenga una mayor cercanía entre la ciudadanía y el sistema judicial, para quienes se oponen, representa la preocupación por el posible debilitamiento de la independencia y autonomía judicial, pilares fundamentales para garantizar la certeza y la seguridad jurídica.

Inversiones en pausa

El mercado de combustibles ha sido uno de los más dinámicos desde la liberalización parcial iniciada en 2017. Actualmente, en México se realizan alrededor de 13 millones de operaciones de carga diarias y se comercializan más de 172 millones de litros de combustibles cada día, según datos oficiales.

Este volumen del mercado ha sido posible gracias a inversiones millonarias en infraestructura —terminales, estaciones de servicio, plantas de distribución, centros logísticos— realizadas tanto por capital extranjero y por familias mexicanas de gasolineros que, a lo largo de 2 o más generaciones, han apostado por el mercado de combustibles mediante infraestructura propia. Estas inversiones, que permanecen en nuestro territorio, generan empleo y fomentan el desarrollo en las comunidades donde se establecen.

Sin embargo, en fechas recientes, el empresario gasolinero ha frenado sus planes de inversión y crecimiento por 2 razones principales. La primera es la propia parálisis operativa de las nuevas autoridades del sector, en particular de la recientemente creada Comisión Nacional de Energía, que sustituyó a la extinta CRE. La segunda es la incertidumbre generada por la reforma judicial, ya que existe preocupación entre los inversionistas de que, ante la posible elección de jueces a modo, sus inversiones queden vulnerables frente a disputas legales que podrían ser resueltas por jueces influenciados por intereses particulares, en lugar de regirse por una aplicación estricta de la ley.

Reconfiguración del mercado y el papel de PEMEX

La reforma energética reafirma el papel preponderante de PEMEX y la CFE como pilares del nuevo modelo energético nacional. Este mensaje, plasmado en las nuevas leyes, ha sido interpretado por algunas empresas, como Shell, como una señal para reconsiderar su presencia en México, llegando a ofrecer sus operaciones de retail a otros competidores.

Este movimiento significa que empezó una reconfiguración en el sector gasolinero por lo que veremos el regreso del Estado, a través de PEMEX, como su protagonista principal. De manera paralela, seremos testigos de la salida progresiva de empresas extranjeras —las llamadas “banderas blancas”— lo que podría generar un entorno con menor competencia. A esto se suma el “Acuerdo voluntario de estabilización de precios”, cuya vigencia parece que se prolongará más allá del mes de septiembre, como originalmente se tenía previsto.

¿Y ahora qué?

En este nuevo escenario, el empresario gasolinero debe mantenerse alerta ante los cambios regulatorios que quedan pendientes por hacerse públicos, lo cual le permitirá definir su posición, evaluar su apetito de crecimiento y aprovechar las oportunidades que se generen, pero, sobre todo, cumplir con las nuevas obligaciones.

El gasolinero conoce bien la cancha en la que juega; ahora le toca familiarizarse con el árbitro que dirigirá el juego. Cabe destacar que esta reforma también servirá para sacudir del mapa a aquellos improvisados y oportunistas que surgieron en el sector y que prometían vías cortas para el éxito.

El mensaje oficial es claro: la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que las inversiones están seguras y que la reforma busca fortalecer el Estado de derecho. Sin embargo, lo cierto es que, para el mercado de los combustibles, el panorama actual exige cautela, un análisis profundo en compañía de asesores profesionales y un proceso ágil de adaptación.

La viabilidad del sector dependerá, en gran medida, de pactos comerciales claros y bien estructurados. 

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El sector energético atraviesa una etapa de profunda transformación institucional. Con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE) como nuevo ente rector, el Gobierno federal busca dar un giro al modelo regulatorio para fortalecer su papel en la transición energética. Sin embargo, esta transición también implica la herencia de diversos rezagos que la extinta CRE dejó sin resolver y que hoy representan una carga operativa, legal y técnica para la nueva administración.

1. Cuellos de botella administrativos

En los últimos años de operación de la CRE, la parálisis en la gestión de trámites fue uno de los principales problemas señalados por el sector. Al cierre de 2024, se estimaban más de 2 mil trámites pendientes de resolución, entre solicitudes de nuevos permisos, modificaciones, cesiones de derechos y prórrogas. Estos rezagos afectaron a toda la cadena de valor: desde estaciones de servicio y comercializadores de gas, hasta generadores eléctricos.

La lentitud en la tramitación generó un entorno de incertidumbre jurídica y financiera, lo que llevó a muchos inversionistas a postergar decisiones clave ante la imposibilidad de obtener autorizaciones regulatorias básicas.

2. Criterios cambiantes y discrecionalidad

Otro de los puntos críticos fue la falta de criterios técnicos uniformes. Empresas con expedientes similares recibían respuestas contradictorias: algunas eran aprobadas, otras rechazadas sin mayor explicación. Esta discrecionalidad propició un ambiente de desconfianza hacia la autoridad y una creciente judicialización de las decisiones.

El debilitamiento institucional de la CRE también se reflejó en la disminución de personal especializado, lo que redujo su capacidad de emitir resoluciones fundamentadas técnica y legalmente.

3. Normas técnicas obsoletas

Pese a los avances tecnológicos en energías limpias, movilidad eléctrica y digitalización, la CRE no logró actualizar de manera integral su marco normativo. Muchos proyectos innovadores, como sistemas de almacenamiento con baterías, las estaciones de carga para vehículos eléctricos o los esquemas de generación distribuida, operaban en un vacío regulatorio.

Asimismo, seguían pendientes lineamientos fundamentales en áreas clave como el control volumétrico, la calidad de combustibles en sitio, la interoperabilidad de redes eléctricas, la integración efectiva de energías renovables y los modelos híbridos de suministro.

4. Supervisión debilitada

La CRE perdió capacidad efectiva para inspeccionar y supervisar el cumplimiento normativo. Con más de 14 mil estaciones de servicio operando en 2024, la plantilla de inspectores activos era insuficiente para realizar visitas, verificar condiciones técnicas o sancionar irregularidades. Esta debilidad contribuyó al crecimiento de la operación informal en el mercado de combustibles y limitó la actuación frente a prácticas como el huachicol fiscal, la triangulación de productos o el uso indebido de permisos vencidos.

5. Descoordinación institucional

Durante su última etapa, la CRE operó de manera aislada frente a otras entidades clave del sector, como la Secretaría de Energía (SENER), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La falta de interoperabilidad entre plataformas digitales, así como la ausencia de criterios regulatorios comunes, dificultaron una supervisión coordinada y efectiva, limitando la capacidad del Estado para ejercer una vigilancia integral sobre las actividades del sector.

Se generaron contradicciones normativas, duplicidad de trámites y lagunas legales que afectaron tanto a usuarios finales como a operadores formales.

6. Falta de visión en la transición energética

Mientras organismos regulatorios en otras partes del mundo trazaban hojas de ruta para descarbonizar sus economías, la CRE careció de una estrategia clara para acompañar la transición energética en México. No se emitieron incentivos ni lineamientos específicos para tecnologías limpias, ni se adaptaron tarifas o modelos contractuales para facilitar su incorporación.

Esto provocó que México perdiera competitividad en proyectos de hidrógeno, almacenamiento, biocombustibles avanzados y nuevas formas de generación limpia.

7. Transparencia y participación reducida

Finalmente, la CRE fue cerrando sus canales de consulta pública, reduciendo el acceso a la información y limitando la rendición de cuentas. Esto debilitó su legitimidad frente a sus regulados.

Hacia una nueva etapa regulatoria

La creación de la CNE representa una oportunidad histórica para recuperar la confianza del sector, restablecer la eficiencia institucional y trazar una visión de largo plazo. La tarea no es menor: se trata de reorganizar el modelo regulatorio sin detener el dinamismo del mercado y sin perder de vista los compromisos de México en transición energética, sostenibilidad y atracción de inversiones.

El éxito del nuevo regulador dependerá de su capacidad para modernizar procesos, articularse con otras entidades y emitir reglas claras, técnicas y accesibles. Solo así podrá corregir los rezagos heredados y construir una regulación a la altura de los retos energéticos del país.

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La Reforma Energética 2.0 impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y que actualmente está en discusión en la Cámara de Senadores, trae consigo importantes cambios que impactarán -apuesto a que así será- a los regulados del mercado de combustibles; sin embargo, ha surgido la inquietud sobre aspectos como la posible centralización regulatoria, la modificación en el esquema de otorgamiento de permisos, la influencia que esta reforma tendrá en la competencia y la inversión, así como la forma en la determinación o fijación de los precios de los combustibles y su abasto.

1. Regulación y permisos

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones serán absorbidas por la Secretaría de Energía (SENER) y la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE). Considero que esta medida podría impactar en la expedites de otorgamiento de permisos en menor medida, sólo en el periodo de transición, es decir, en lo que entra en funciones la nueva CNE. Apuesto que terminado ese periodo -2 meses máximo como lo indican los transitorios de la reforma – la comunicación con el regulado y el otorgamiento de permisos será más rápida que en la actualidad.

2. Competencia y el mercado

Existen aquellos que son de la idea que, con el fortalecimiento del papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX), es posible que los privados enfrenten mayores restricciones para participar en la importación y distribución de combustibles, y que la concentración de poder en el Estado, podría limitar la competencia y reducir la diversidad de opciones para consumidores y empresas. Por el contrario, desde hace varios años, la Secretaría de Energía (SENER) ha sido muy meticulosa en el otorgamiento de los permisos de importación, derivado que los mismos se otorgaron en administraciones pasadas, no eran utilizados y se distorsionaba el mercado porque ejercían ciertas medidas de especulación. A la par, otros permisos eran utilizados para importar productos fuera de especificación o para evadir el IEPS; inclusive ante la falta de uso, éstos se caducaron, entonces esa preocupación creo no tiene fundamento y por el contrario, la nuevas reglas que se plantean podrían ser la puerta de entrada para abrir con una mayor vigilancia el otorgamiento de permisos a aquellos que realmente muestren la capacidad y seriedad en la operación y logística, además de cumplir con la trazabilidad de los productos. Claro que para esto se requerirá el acceso a infraestructura clave, como terminales de almacenamiento y ductos, lo cual tendría un efecto positivo de que aquellos proyectos, que quedaron pausados, se vuelvan a ejecutar y que PEMEX en caso de estar interesado en desarrollar proyectos de esta naturaleza, se asocie con privados para tal efecto.

Partamos del principio que México es un consumidor de productos petrolíferos y que la movilidad del parque vehicular ya sea particular o de carga va en aumento, entonces, esa necesidad se tiene que satisfacer ya sea por PEMEX o por los particulares.

3. Inversión y seguridad energética

Hay quienes apuestan a que los inversionistas y regulados podrían enfrentar un entorno de mayor incertidumbre, ya que la modificación en la estructura regulatoria podría generar cambios en las reglas del juego para nuevos proyectos; habrá incluso quienes consideren falta de claridad en los criterios de asignación de permisos, o que incluso, esto podría desalentar la inversión en infraestructura de almacenamiento y comercialización, afectando la seguridad energética del país, pero todo lo contrario. El mundo cambia y nuestro país también, por tanto, se necesita que esos cambios se den rápido y la señal que manda la presente administración, es ir caminando con pasos acelerados, porque los tiempos así lo demandan.

Nuestra relación comercial con la mayor economía del mundo es por demás demandante, por lo que no habrá incertidumbre ya que las nuevas reglas quedaron reflejadas en las iniciativas de creación y de reformas a otras leyes, por lo que criterios de otorgamiento de permisos, plazos y términos quedarán especificados en las nuevas regulaciones. Pensar lo contrario es tanto como estar en contra del cambio.

4. Precios y abasto

Otros más apuestan a que se reducirá la competencia ya que PEMEX retomará un rol preponderante en el mercado, y en consecuencia, los precios de los combustibles podrían depender más de decisiones gubernamentales que de factores de mercado. Lo anterior se podría traducir en menor flexibilidad en la fijación de precios y en posibles incrementos ante la falta de competencia. Además, una menor participación de privados podría afectar la disponibilidad de combustibles en algunas regiones del país, lo que es totalmente falso.

A últimas fechas hemos sido testigos de cómo algunas estaciones de servicio han abusado de la libre determinación de los precios, llegando a estar hasta siete pesos por encima del precio TAR, lo cual es desmedido y por demás alejado a los componentes o factores a tomar en consideración para la determinación de precios, de ahí que la PROFECO haya establecido una campaña para hacer conciencia no sólo en el gasolinero sino en el propio consumidor que si bien los precios lo determina el mercado, no pueden ir más allá de lo justo y razonable, más cuando mucho de ese producto sale de las refinerías de PEMEX o es importado por ésta última.

Conclusión

Para los regulados del sector de combustibles, la Reforma Energética 2.0 representa un cambio positivo en las reglas del mercado. Si bien hay quienes argumentan en la centralización regulatoria será perjudicial, el que les escribe apuesta a que será todo lo contrario, ya que traerá mayor eficiencia, menor burocratización, reglas claras para la competencia y mayor número de asignación de permisos. Ante este escenario, los actores del sector deberán estar atentos a las definiciones de la reforma y a las leyes secundarias que determinarán su implementación.

En nosotros está ver las oportunidades y son más de los que algunos piensan.

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PERFIL

Es Abogado Consultor del sector Energía, con estudios en Administración Pública. Con 15 años de experiencia dentro del sector, colaboró en la Dirección Jurídica de PEMEX por más de 10 años, y como consultor ha colaborado en algunos proyectos como seguridad en ductos.

En las últimas décadas, una serie de eventos ha incrementado la preocupación por el calentamiento global y la necesidad urgente de tomar medidas para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C. Esto ha subrayado la importancia de una colaboración global inmediata y coordinada. Una población cada vez más consciente del problema, junto con activistas resilientes, ha impulsado a los gobiernos a adoptar políticas públicas que integren diversas acciones para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y avanzar hacia la sustentabilidad.

a) Aumento de temperaturas globales

Desde finales del siglo XIX, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1.2 °C, con los años recientes marcando récords históricos. Este incremento se atribuye principalmente a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles.

b) Desglaciación y aumento del nivel del mar

La acelerada desglaciación de los polos y glaciares, especialmente en Groenlandia y la Antártida, ha contribuido al aumento del nivel del mar. Esto pone en riesgo a las comunidades costeras, así como a los ecosistemas terrestres y marinos.

c) Eventos climáticos extremos

El aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, como huracanes, incendios forestales, sequías prolongadas e inundaciones, han causado daños significativos, subrayado la vulnerabilidad de muchas regiones del mundo.

d) Acidificación de los océanos

Los océanos han absorbido grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), lo que ha provocado su acidificación. Este proceso afecta gravemente la vida marina, en particular a los corales y las especies que dependen del carbonato de calcio.

e) Pérdida de biodiversidad

El cambio climático está contribuyendo a la extinción de especies, así como a la pérdida de hábitats naturales, lo que afecta la biodiversidad y los ecosistemas. f) Alteraciones en los patrones climáticos Las variaciones en los patrones de precipitación y temperatura están alterando la agricultura, reduciendo la disponibilidad de agua y afectando la salud humana. Estos cambios generan serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria a nivel global.

g) Desplazamiento de poblaciones

El aumento del nivel del mar y la intensificación de eventos climáticos extremos están forzando el desplazamiento forzado de comunidades y centros de población, creando crisis humanitarias y conflictos por recursos.

Conclusión

La sustentabilidad reviste importancia en el contexto del cambio climático, estos acontecimientos subrayan la gravedad del calentamiento global y la necesidad urgente de implementar soluciones sostenibles y políticas efectivas para mitigar sus efectos.

• La sustentabilidad promueve la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el uso de energías renovables, la eficiencia energética y la agricultura sostenible, son esenciales para disminuir la huella de carbono.
• Al fomentar la sustentabilidad se ayuda a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. Esto incluye la implementación de infraestructuras resilientes, la gestión sostenible del agua y la protección de ecosistemas que actúan como barreras naturales.
• La sustentabilidad busca el uso responsable de recursos, garantizando que estén disponibles para las futuras generaciones. La sobreexplotación de recursos, por el contrario, contribuye a la degradación ambiental y a la intensificación del cambio climático.
• Las prácticas sostenibles pueden impulsar un desarrollo económico que no dependa de combustibles fósiles. Esto fomenta la creación de empleos en sectores verdes, como energías renovables y agricultura ecológica, al tiempo que reduce la dependencia de recursos no renovables.
• La sustentabilidad aboga por un enfoque inclusivo que considere las necesidades de todas las comunidades, especialmente las más vulnerables que a menudo son las más afectadas por el cambio climático. Promover la equidad es esencial para una respuesta global efectiva.
• La sustentabilidad también implica educar a las personas sobre la importancia de cuidar el medioambiente y tomar decisiones informadas que impacten positivamente el planeta. La conciencia ambiental es crucial para impulsar cambios en el comportamiento individual y colectivo.
• La búsqueda de soluciones sostenibles estimula la innovación tecnológica y científica, creando nuevas oportunidades para combatir el cambio climático de manera efectiva.
• Esta nueva administración necesita adoptar un enfoque integral que aborde tanto las causas como los efectos del cambio climático, integrando la sustentabilidad en nuestras políticas, prácticas y estilos de vida. La Presidenta de México parece haber comprendido esta prioridad, ya que varios de sus 100 compromisos otorgan un lugar destacado a temas como la protección del mediombiente, la transición energética y la sustentabilidad. Resta ver cómo estos compromisos se materializarán en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, marcando el rumbo hacia un futuro más seguro y verde.

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P E R F I L

Es Abogado Consultor del sector Energía, con estudios en Administración Pública. Con 15 años de experiencia dentro del sector, colaboró en la Dirección Jurídica de PEMEX por más de 10 años, y como consultor ha colaborado en algunos proyectos como seguridad en ductos.