La COP30 dejó en evidencia el mayor vacío político de nuestra era climática: ningún país quiere asumir el liderazgo de la agenda que realmente importa para estabilizar el clima—la reducción y eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Tras 2 semanas de negociaciones, las delegaciones evitaron nuevamente compromisos explícitos sobre “phase down” o “phase out” del petróleo, gas y carbón. La ciencia es inequívoca, pero la política sigue atrapada en inercias económicas que alejan al mundo de la trayectoria compatible con 1.5 °C.

México refleja con claridad estas tensiones globales. En la contribución nacionalmente determinada, NDC, 3.0, el país presentó metas más ambiciosas en energías limpias y en electromovilidad. Son pasos importantes, pero insuficientes ante la magnitud del reto.

El punto crítico es la ausencia de una estrategia para abordar el corazón del problema: la producción y el uso de combustibles fósiles, en particular el papel de PEMEX. Igual que ocurrió en la COP30, México avanza en lo que es políticamente menos costoso, pero evita definir cómo y cuándo reducirá su dependencia del petróleo y del gas.

La nueva NDC establece reducciones de intensidad de emisiones —61% en exploración y producción, 40% en refinerías y 30% en metano, además de eliminar la quema rutinaria de gas — pero omite compromisos vinculados a reducir emisiones absolutas o a limitar la extracción de hidrocarburos. Tampoco menciona una trayectoria de disminución de la refinación ni la eliminación gradual de la exploración.

A ello se suma una omisión sustantiva: los subsidios a los combustibles fósiles. México destina cada año miles de millones de pesos a mantener artificialmente bajos los precios de gasolinas y diésel, una política que incentiva la demanda, presiona las finanzas públicas y distorsiona las señales económicas necesarias para acelerar la electrificación del transporte y el cambio tecnológico.

El contraste se agrava al revisar el plan estratégico de Pemex. Aunque la NDC lo presenta como “alineado” con los esfuerzos climáticos, la empresa proyecta mantener una producción cercana a 1.8 millones de barriles diarios hacia 2030, incrementar la refinación e incorporar nuevas reservas. Este enfoque prolonga la dependencia fósil en un momento en que la ciencia advierte la necesidad de su declive.

La “trampa de la intensidad” permite que PEMEX reduzca las emisiones por barril sin disminuir el volumen total producido. Es técnicamente correcto, pero climáticamente insuficiente. La eficiencia no sustituye la reducción estructural.

Lo ocurrido en la COP30 confirma que México no está solo en esta paradoja: la mayoría de los países evita tomar decisiones difíciles sobre el fin de la era fósil. Pero también revela que la ventana para posponer esas decisiones se está cerrando rápidamente. Sin una estrategia explícita para reducir la extracción y el consumo de combustibles fósiles, ninguna NDC—por ambiciosa que parezca—puede alinearse con la trayectoria requerida.

La transición energética exige algo más que metas sectoriales: requiere coherencia fiscal, señales económicas claras y una hoja de ruta verificable para la disminución de la dependencia de los combustibles fósiles. México tiene avances en capacidad renovable y en movilidad eléctrica, pero su política petrolera y de subsidios sigue apuntando en la dirección opuesta.

Corregir esta asimetría será determinante. De lo contrario, la NDC 3.0 seguirá siendo un documento valioso, pero insuficiente para superar la inercia del sistema energético fósil mexicano y cumplir con la responsabilidad climática que exige esta década.

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América Latina llega a la antesala de la COP30 hablando de adaptación como si fuera la gran respuesta al cambio climático. El discurso suena compasivo y políticamente correcto: proteger a los más vulnerables de los impactos extremos. Pero la insistencia en la adaptación se ha convertido en refugio y excusa para no transformar las matrices energéticas de la región. En lugar de atacar la raíz del problema —la dependencia fósil—, se elige administrar las consecuencias, prolongando una crisis que exige medidas mucho más radicales.

El mundo avanza y América Latina se queda corta. En 2024, el 30% de la electricidad global se generó con energías renovables, Europa alcanzó el 51% y Asia lideró con más de 320 gigavatios de nueva capacidad. Nuestra región cuenta con la mayor radiación solar del planeta y un enorme potencial eólico. Algunos países, como Brasil, Uruguay o Costa Rica, han capitalizado ese recurso y hoy superan el 60% de generación renovable, gracias sobre todo a su fuerte base hidroeléctrica. Sin embargo, el panorama no es homogéneo: mientras unos avanzan, otros siguen apostando por la falsa seguridad de los hidrocarburos.

México es el frijol en el arroz. Apenas el 22% de su electricidad se produjo con renovables en 2024, frente al promedio regional de 62%. Más de la mitad provino de gas importado de Estados Unidos, lo que lo hace vulnerable y dependiente. La meta de 35% de generación limpia para 2024 se quedó en el papel. El país ocupa el lugar 46 en el Índice de Transición Energética, muy por debajo de Chile (34) y Colombia (29). Sus discursos en foros internacionales proyectan liderazgo, pero los datos lo exhiben como rezagado y contradictorio.

La diplomacia climática mexicana es una cortina de humo. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena ha desplegado un activismo internacional que responde también a un secreto a voces: su ambición de postularse como secretaria general de la ONU. Ese afán de proyección multilateral privilegia la construcción de consensos sobre la transformación real de la política energética. Mucho discurso, poca acción. México es el mayor emisor de CO₂ de América Latina y, al mismo tiempo, uno de los más rezagados en energías limpias.

Brasil tampoco escapa a la contradicción. A semanas de ser anfitrión de la COP30 en Belém, anunció la ampliación de la extracción petrolera. Difícil conciliar esa apuesta con el liderazgo climático que pretende ejercer. Sin embargo, el contraste con otros países de la región es claro: Chile y Colombia han acelerado su integración de renovables, superando el 30% de participación limpia en su matriz eléctrica, mientras Argentina, pese a sus dificultades económicas, también avanza con proyectos solares y eólicos. La diferencia no está en los recursos, sino en la voluntad política.

La inacción cuesta cara. Alcanzar 45% de energía limpia en México para 2030 evitaría importaciones de gas por mil 600 millones de dólares al año. La instalación de 36 gigavatios solares y 10 eólicos en apenas 5 años podría generar más de 400 mil empleos directos. No actuar significa perder competitividad, seguridad energética y la posibilidad de insertarse en las nuevas cadenas globales de valor que privilegian las energías limpias. Cada año de retraso es un año perdido en inversión, innovación y empleo.

La crítica brilla por su ausencia. La sociedad civil se ha acomodado a la narrativa oficial. Tras haber enfrentado un clima de hostilidad en el pasado, hoy su cercanía con el Gobierno parece explicar un silencio que debilita la independencia crítica que tanto se necesita. Sin voces disidentes, el consenso se convierte en aplauso vacío y la transición se posterga una y otra vez.

La COP30 es la cita más importante desde el Acuerdo de París y no admite discursos vacíos. América Latina debe abandonar la retórica de la adaptación y comprometerse con una revolución renovable. Mientras países de la región avanzan en la adopción de energías limpias, México sigue siendo el frijol en el arroz: farol de la calle y oscuridad en su propia casa. Y la historia juzgará con dureza a quienes, pudiendo acelerar la transición, optaron por esconder su inacción tras la diplomacia climática.

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Hace más de una década, cuando se discutía la Ley General de Cambio Climático (LGCC), el sector empresarial y financiero mexicano mostraron interés en desarrollar un mercado de carbono. Este mecanismo permite a empresas y personas compensar sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la compra de créditos de carbono, los cuales representan reducciones certificadas de emisiones generadas a través de proyectos sostenibles como reforestación, conservación de bosques, captura de metano y producción de energía limpia.

La LGCC, junto con la Estrategia y el Plan Especial de Cambio Climático, sentó las bases para el primer Sistema de Comercio de Emisiones en América Latina. Este sistema regula a grandes emisiones de los sectores energéticos e industriales que representan el 45% de las emisiones nacionales. A pesar de la falta de regulación del mercado “regulado”, existe un mercado voluntario de carbono que sigue avanzando en México.

El Mexico Carbon Forum, realizado en agosto en León, Guanajuato, evidenció el progreso del mercado voluntario de carbono, integrándolo con esfuerzos internacionales y generando oportunidades para nuevos proyectos. Al 2023, se registraron 250 proyectos, mayormente en el sector forestal.

La adopción del Artículo 6 del Acuerdo de París ha sido clave, facilitando la cooperación entre países para alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones mediante la transferencia de reducciones entre naciones. Esto además de fortalecer el mercado voluntario de carbono en México, también lo conectan con empresas extranjeras y con el esfuerzo global para reducir las emisiones a nivel mundial.

México es uno de los pocos países en América Latina con un impuesto al carbono implementado en varios estados, siendo Querétaro un líder en recaudación.

Uno de los mayores retos es la integridad y adicionalidad de los proyectos, y la dificultad para verificar su cumplimiento. Los críticos argumentan que es complicado demostrar que las reducciones de emisiones no habrían ocurrido sin los proyectos, cuestionando así la “adicionalidad” de las acciones. Además, la subjetividad en la evaluación de la adicionalidad puede debilitar la integridad del mercado, permitiendo que proyectos menos estrictos sean aprobados.

En contraste, los defensores sostienen que los mercados de carbono permiten promover proyectos que no recibirían financiamiento de otra manera. También apuntan a la existencia de varios estándares internacionales robustos, como VERRA, Gold Standard, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que están en transición hacia el Mecanismo de Desarrollo Sostenible. Otros más cuestionan que los mercados de carbono distraen la atención sobre lo que debería del ser el centro de la discusión global: el financiamiento sobre el desarrollo sostenible en los países del Sur Global.

Como en otros países, México sigue enfrentando desafíos como la falta de un mercado regulado, de conocimiento y capacidades empresariales, así como los bajos precios del carbono, que rondan los 2 euros por tonelada, en comparación con los 90 euros en mercados europeos. No obstante, existe un gran potencial de crecimiento, especialmente en la gestión de residuos y reforestación. Por ello es necesario redoblar la labor de organizaciones como la Plataforma Mexicana de Carbono que difunde información sobre el funcionamiento de estos mercados y los estándares de evaluación para asegurar la adicionalidad e integridad de los proyectos, fortaleciendo así la confianza en estos mercados.

Más importante aún es que estos proyectos no sólo reduzcan emisiones, sino que también impulsen el desarrollo comunitario, permitiendo movilizar financiamiento y posicionando a México como líder en soluciones sostenibles y justicia climática.

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La Generación Distribuida (GD), que consiste en producir electricidad mediante sistemas descentralizados cercanos al punto de consumo, está ganando relevancia global y México no es la excepción. Estos sistemas ofrecen múltiples beneficios económicos y ambientales para el país, incluyendo la reducción de desigualdad y pobreza energética, aunque su pleno aprovechamiento depende de la superación de retos, sobre todo financieros y de infraestructura.

Entre los beneficios más destacados se encuentra la reducción de costos energéticos para los consumidores y la minimización de pérdidas asociadas al transporte y distribución de la energía, un aspecto crítico en un país extenso como México. Además, acompañados de las redes eléctricas inteligentes y los sistemas de almacenamiento, la GD puede mejorar la resiliencia del sistema eléctrico, haciéndolo menos vulnerable a interrupciones. También puede abastecer de electricidad a comunidades aisladas o críticas como hospitales y centros de emergencia durante desastres naturales o aumentos de demanda eléctrica. Además de los beneficios económicos, la energía distribuida basada en fuentes renovables como la solar o la eólica puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La capacidad instalada de GD en México ha aumentado considerablemente en los últimos años. Tan solo, entre 2007 y 2022, la GD en nuestro país creció en más del 100% anualmente, llegando a 4093.6 GWh. Casi la totalidad de estos sistemas utilizaron energía solar fotovoltaica.

Dicha capacidad se ha concentrado sobre todo en zonas con tarifas de alto consumo, donde se utiliza principalmente para reducir costos. También cada vez hay más empresas pequeñas y medianas que recurren a estos sistemas debido a la escasez de energía. Debido a los cuellos de botella generados por un fuerte incremento de la demanda y prácticamente un estancamiento en la ampliación de las redes de transmisión eléctrica, existe consenso en torno a la necesidad de ampliar el límite de generación distribuida y generación exenta por encima de los 500 kW a fin de atender esta brecha.

La GD también representa una oportunidad significativa para mejorar la equidad energética en México, ya que hoy la capacidad instalada de GD es mínima en poblaciones de bajos ingresos. En áreas con acceso limitado a la electricidad, estos sistemas pueden mitigar la falta de energía y empoderar a las comunidades para que generen su propia electricidad, fomentando el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida. Dado el aumento de las olas de calor debido al cambio climático, la expansión de la capacidad de GD en zonas con alta demanda de climatización puede aliviar las presiones sobre la red eléctrica y promover el uso de fuentes limpias.

Expandir esta capacidad de GD, o incluso sistemas de abasto aislado, en zonas remotas agrícolas también puede contribuir a optimizar los subsidios por bombeo para riego agrícola y a reducir la dependencia de combustibles fósiles y de la infraestructura eléctrica que se requiere para distribuir la energía en zonas agrícolas que tienden a ser remotas.

Uno de los principales obstáculos de la adopción masiva de GD y sistemas de abasto aislado en México es la falta de financiamiento. Aunque los costos de las tecnologías renovables han disminuido considerablemente, la inversión inicial sigue siendo alta, especialmente para pequeños y medianos productores y las comunidades de bajos ingresos. Es necesario crear mecanismos de financiamiento accesibles y ofrecer incentivos fiscales que apoyen directamente la adopción de sistemas de GD, sobre todo en comunidades remotas y vulnerables. Además, la infraestructura actual de la red eléctrica en México no siempre está preparada para integrar múltiples fuentes de GD.

También será crucial, como prometió durante su campaña Claudia Sheinbaum, invertir en la modernización y adaptación de la red para manejar la variabilidad e intermitencia de las fuentes renovables descentralizadas, garantizando la estabilidad y calidad del suministro eléctrico.

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