De acuerdo con el organismo, esta cifra incluye todas las líneas contratadas antes del 9 de enero y refleja el avance del padrón con corte al 13 de mayo, con base en los reportes de las compañías de telefonía móvil.

Pese a este avance, el universo pendiente de registro sigue siendo mayoritario, en un contexto donde el plazo límite para cumplir con esta obligación vence el próximo 30 de junio.

La autoridad advirtió que las líneas que no sean vinculadas a la identidad de su titular serán suspendidas, por lo que no podrán realizar ni recibir llamadas o mensajes SMS. Además, solo tendrán acceso a comunicaciones de emergencia y quedarán sin servicio de datos móviles, lo que impedirá el uso de aplicaciones como mensajería instantánea o servicios bancarios.

El regulador reiteró que este proceso busca reducir el anonimato en el uso de líneas celulares y contribuir al combate de delitos como la extorsión, el fraude telefónico y la suplantación de identidad.

El registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar y resguardar los datos personales de los usuarios, incluyendo nombre y CURP, conforme a la legislación vigente.

En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos aquellos usuarios a quienes se los soliciten sus proveedores.

Finalmente, la Comisión recordó que los usuarios pueden realizar el trámite en línea a través de los portales de sus operadores o acudir a centros de atención, con el objetivo de evitar la suspensión del servicio una vez concluido el plazo establecido.

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Enviado, Mérida, Yucatán.

El control de precios en combustibles podría generar distorsiones en el mercado e incluso afectar la disponibilidad del producto, advirtió el ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien además planteó que los empresarios del sector pueden optar por la “rebeldía silenciosa” para evitar operar con pérdidas.

Durante su participación en la Convención Onexpo 2026, el exfuncionario señaló que los esquemas de precios controlados históricamente no han funcionado, al provocar desequilibrios entre costos y precios de venta.

“El producto más caro es el que no se consigue”, afirmó, al referirse a los riesgos asociados a este tipo de políticas.

En ese contexto, Guajardo planteó lo que denominó una “rebeldía silenciosa”, la cual consiste en que cada empresario, de manera individual, evalúe la viabilidad de comercializar combustibles cuando las condiciones de mercado no permiten obtener rentabilidad.

“Si ustedes en un producto no tienen utilidad y solo pérdidas, están en todo su derecho en decisiones individuales de no comercializar ese producto”, explicó.

Aclaró que esta postura no implica una acción coordinada del sector, sino decisiones empresariales aisladas que, en conjunto, podrían evidenciar las limitaciones operativas de los controles de precios.

El exsecretario recomendó evitar confrontaciones directas con el Gobierno, al considerar que estas pueden cerrar canales de diálogo institucional, pero subrayó la importancia de que las decisiones económicas respondan a la viabilidad de los negocios.

Asimismo, advirtió que la imposición de precios máximos en un contexto de presión internacional sobre los energéticos, derivada de conflictos geopolíticos y variaciones en los precios del petróleo, traslada parte del costo a los operadores del mercado.

Este escenario, dijo, coloca a las estaciones de servicio en una posición compleja, al enfrentar incrementos en costos sin la posibilidad de reflejarlos plenamente en el precio final al consumidor.

Guajardo indicó que, de generalizarse decisiones individuales de no comercializar combustibles bajo estas condiciones, podría generarse un impacto en la distribución y disponibilidad del producto en distintas regiones del país.

Finalmente, sostuvo que este tipo de medidas evidencian la necesidad de políticas que equilibren la protección al consumidor con la sostenibilidad operativa de los participantes en la cadena de valor.

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Enviado, Mérida, Yucatán.

La creciente infiltración del crimen organizado en estructuras económicas y de Gobierno ha incrementado la vulnerabilidad de México frente a Estados Unidos, particularmente en el marco de la relación comercial y la revisión del T-MEC, advirtió el ex secretario de Economía y ex negociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo.

Durante su participación en la Convención Onexpo 2026, el exfuncionario sostuvo que esta debilidad no responde únicamente a factores externos, sino a condiciones internas que han deteriorado la capacidad de negociación del país.

“Estamos en una circunstancia hoy de mayor vulnerabilidad frente a Estados Unidos y lo estamos porque nos hemos autoinfringido esa vulnerabilidad”, afirmó.

Guajardo explicó que la evolución del crimen organizado en México ha pasado de una etapa de subordinación a las autoridades, a una fase de confrontación, hasta llegar a un escenario actual donde existe una profunda infiltración en estructuras institucionales.

“Llegamos a una etapa que es la peor de México, donde ahora les dimos las llaves de la casa para que se metan como funcionarios públicos, a determinar obras, a controlar migración y a poner en riesgo a empresarios”, señaló.

Esta situación, agregó, limita la posibilidad de que México mantenga separadas las agendas comercial, de seguridad y migración en su relación con Estados Unidos, como ocurría en el pasado.

En ese sentido, recordó que durante la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las discusiones comerciales se manejaban de forma independiente a otros temas sensibles, lo que permitía mayor margen de maniobra.

“Hoy eso es imposible”, advirtió.

Trump más agresivo

El exsecretario también alertó que el contexto actual en Washington añade presión adicional, ante una postura más agresiva por parte del gobierno estadounidense, que ha recurrido a medidas comerciales unilaterales y amenazas en materia de seguridad.

Indicó que estas tensiones han desplazado la prioridad de la agenda económica dentro del gobierno mexicano, que ahora enfrenta presiones inmediatas en temas de seguridad nacional.

“La presidenta está enfrentando amenazas directas y eso coloca el tema comercial en una segunda prioridad”, apuntó.

Guajardo consideró que este entorno podría complicar la próxima revisión del T-MEC, e incluso retrasarla, en un escenario donde México llega con menor capacidad de negociación frente a su principal socio comercial.

Asimismo, advirtió que la falta de respuesta a medidas como la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos ha debilitado la posición del país, al no ejercer mecanismos de presión equivalentes.

En este contexto, subrayó que el sector energético, incluido el gasolinero, se encuentra directamente expuesto a estas tensiones, tanto por su relevancia estratégica como por su integración en la economía de América del Norte.

Finalmente, enfatizó que la evolución del entorno geopolítico y de seguridad seguirá condicionando la relación bilateral en el corto y mediano plazo, en un escenario donde la incertidumbre se mantendrá como un factor dominante.

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Enviado, Mérida, Yucatán.

La política de precios máximos en combustibles enfrenta restricciones operativas que podrían comprometer su viabilidad en el mediano plazo, advirtió Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional.

Durante la plenaria inaugural de la Convención Onexpo 2026, el representante del sector gasolinero señaló que estos esquemas, aunque forman parte del diálogo institucional con las autoridades, “entrañan límites operativos y temporales muy complicados para las estaciones de servicio”.

Explicó que dichas limitaciones se acentúan en regiones con altos costos logísticos, donde la operación bajo precios controlados puede volverse inviable si no se implementan mecanismos compensatorios que garanticen la sostenibilidad del negocio.

“Es indispensable el análisis oportuno y la aplicación de mecanismos que hagan sostenibles y perdurables los acuerdos”, sostuvo.

En ese contexto, el líder empresarial subrayó que la industria gasolinera atraviesa uno de los momentos “más complejos y trascendentes” de su historia, ante la convergencia de factores como nuevos marcos regulatorios, presión sobre márgenes, exigencias ambientales, retos de seguridad y un mercado más dinámico.

Advirtió que una regulación que incremente costos sin traducirse en simplificación operativa impacta directamente la capacidad de inversión del sector, lo que puede frenar el desarrollo de infraestructura estratégica y la generación de empleo.

Asimismo, señaló que la persistencia de mercados ilícitos y la competencia desleal distorsionan la rentabilidad de las empresas que cumplen con la normatividad vigente, generando presiones adicionales en la cadena de valor.

Robelo también alertó que la incertidumbre en las reglas del juego puede detener proyectos y debilitar la confianza de los inversionistas, en un entorno donde cada eslabón —desde producción hasta expendio— resulta interdependiente.

Frente a este escenario, el presidente de Onexpo destacó la necesidad de fortalecer la profesionalización del sector, así como de invertir en tecnología, trazabilidad y eficiencia logística para enfrentar los nuevos desafíos.

Añadió que las estaciones de servicio deberán evolucionar más allá del despacho de combustibles, hacia modelos de negocio que integren servicios de conveniencia, plataformas de movilidad y esquemas multienergía.

Finalmente, enfatizó que el equilibrio entre rentabilidad y cumplimiento regulatorio será clave para garantizar un sector energético competitivo, al tiempo que llamó a mantener el diálogo institucional como vía para construir soluciones sostenibles.

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S&P Global Ratings puso hoy en “alerta roja” el panorama energético de México al degradar la perspectiva de Pemex y CFE de estable a negativa, una acción que refleja directamente el deterioro de la confianza en las finanzas públicas del país.

Esta decisión advierte que ambas empresas estatales podrían sufrir una baja en su calificación crediticia en un plazo de 12 a 24 meses si la situación económica soberana no logra estabilizarse.

La agencia justificó este ajuste tras revisar previamente la perspectiva del soberano debido al lento crecimiento económico y al elevado nivel de deuda que presiona el presupuesto nacional.

En el caso específico de Pemex, el reporte describe una situación financiera crítica con un perfil individual de ‘ccc+’, calificando su estructura de capital como insostenible debido a su débil liquidez y a una pesada relación deuda-EBITDA de 5.8x.

A pesar de haber recibido aproximadamente 69 mil 800 millones de dólares en apoyo gubernamental entre 2019 y 2025, la petrolera cerró el primer trimestre de 2026 con un flujo de caja operativo negativo.

Por su parte, la calificación de CFE permanece atada a la del gobierno mexicano por su papel estratégico como único responsable de la transmisión y distribución de electricidad, aunque S&P advierte riesgos de debilidad en instrumentos como CFE Fibra E ante posibles interferencias políticas o regulatorias.

El ajuste también impactó a las subsidiarias internacionales del grupo, incluyendo a la refinería Deer Park y a las comercializadoras P.M.I. y CFE International, cuyas notas se mueven en tándem con sus matrices.

El análisis concluye que el rescate financiero continuo de estas entidades está agravando las rigideces fiscales de México, comprometiendo la flexibilidad del gasto público.

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Enviado, Mérida, Yucatán

El SAT y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya comenzaron a bloquear la facturación de gasolineras con permisos irregulares, trámites inconclusos o inconsistencias regulatorias, como parte del nuevo esquema de fiscalización digital sobre el mercado de combustibles.

Durante un panel de regulación en la Convención de Onexpo 2026, especialistas del sector advirtieron que las autoridades ya cruzan bases de datos fiscales y energéticas en tiempo real para detectar incumplimientos sin necesidad de visitas físicas.

“La base de datos del SAT está siendo compartida con la base de la CNE y si no coinciden no se puede facturar”, afirmó Javier Govea, experto de GMB.

Explicó que el nuevo modelo regulatorio ya está afectando a estaciones de servicio cuyos permisos no están activos o que carecen de resolutivos obligatorios emitidos por la Secretaría de Energía (Sener).

“Ahora vemos cómo el modelo del SAT, donde no necesariamente hay verificador, se convierte en actos de molestia”, dijo.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran estaciones que iniciaron operaciones sin resolutivos de impacto social, empresas que no notificaron el uso de suelo municipal ante la autoridad energética y permisionarios que dejaron trámites sin seguimiento.

Govea señaló que muchas compañías asumieron que bastaba con ingresar la documentación y dejaron los procesos en manos de gestores, pero ahora las omisiones ya tienen consecuencias operativas y fiscales.

Además, recordó que los permisionarios deben iniciar operaciones en un plazo máximo de 12 meses tras recibir autorización y cumplir con requisitos regulatorios antes de arrancar actividades.

El endurecimiento de controles forma parte de una estrategia para fortalecer la trazabilidad de combustibles y combatir irregularidades en la cadena de suministro.

Alicia Zazueta Payán, CEO de E-Services, aseguró que la autoridad busca monitorear “en tiempo real” el movimiento de cada litro de combustible en el país.

“La autoridad quiere saber en tiempo real dónde se mueve cada litro de combustible”, sostuvo.

Detalló que las estaciones de servicio deben contar con expedientes completos que acrediten el origen del combustible, contratos con comercializadores, documentos de transporte y opiniones de cumplimiento fiscal.

También indicó que las autoridades están verificando información relacionada con las pipas de transporte, incluido el domicilio de guarda registrado en los permisos.

En ese contexto, Víctor Hugo Arellano Benítez, director técnico y normativo de Onexpo, advirtió que cualquier irregularidad en permisos de transporte puede afectar el suministro de combustibles.

“Cada pipa representa un permiso de transporte y obligaciones como el balizado”, explicó.

Agregó que las autoridades pueden suspender permisos de transporte de manera inmediata, lo que impediría movilizar combustible.

“Es importante saber el estatus de los permisos porque es lo que toma en cuenta el SAT para determinar si puedes facturar o no”, señaló.

Pese al endurecimiento regulatorio, parte del sector considera que el nuevo esquema beneficia a las empresas que históricamente han cumplido con la normatividad.

Saidh Martínez, director de operaciones de Assist, afirmó que la trazabilidad de hidrocarburos no representa una carga nueva para las estaciones formales, sino una digitalización de obligaciones ya existentes.

“El sector gasolinero vive un momento de respiro favorable”, comentó.

Añadió que la mayoría de los procesos regulatorios ya son digitales y que la nueva supervisión permite evidenciar qué empresas realmente cumplen con las obligaciones de trazabilidad.

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El reporte señala que, aunque el torneo podría detonar un importante flujo de turistas internacionales y beneficiar a distintos destinos del país, la violencia y la percepción de inseguridad representan un factor de riesgo para el impacto económico proyectado.

“El crecimiento económico derivado de los partidos en México se basa en la llegada de más visitantes internacionales con un nivel de gasto promedio superior al habitual. Además de la actividad en las ciudades que serán sedes de partidos, existe la oportunidad de que turistas se desplacen hacia destinos de playa y otras ciudades turísticas. No obstante, esto podría verse limitado por la inseguridad pública que se vive en el país”, indica el documento.

México albergará 13 partidos del Mundial entre el 11 de junio y el 5 de julio de 2026, distribuidos entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

De acuerdo con el análisis, bajo un escenario asociado al Mundial, México podría recibir hasta 36.78 millones de visitantes durante junio y julio del próximo año.

Asimismo, el gasto turístico total podría ascender a 14.92 mil millones de dólares, lo que implicaría una derrama adicional cercana a 8.70 mil millones de dólares respecto a un escenario sin el torneo.

El estudio estima que el efecto económico extraordinario del Mundial equivaldría aproximadamente a 0.11% adicional del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.

El reporte también destaca que México ya registra niveles récord de visitantes internacionales antes del inicio del torneo. En marzo de 2026 ingresaron al país 9.37 millones de visitantes, la cifra más alta para un mes de marzo desde que existen registros comparables.

En el acumulado del primer trimestre, el país recibió 26.22 millones de visitantes, también un máximo histórico. Sin embargo, el documento advierte señales de debilidad en el gasto turístico.

El gasto promedio por visitante cayó 13.72% anual en marzo, mientras que el gasto medio de turistas internacionales retrocedió 11.4%.

Además, los excursionistas, personas que ingresan y salen del país el mismo día, ya representan la mayoría de visitantes internacionales, con 52.1% del total, frente a 47.9% de turistas con mayor permanencia y capacidad de gasto.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que se registró un incendio en la planta Hidros 2 de la Refinería Antonio Dovalí Jaime, durante trabajos relacionados con la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

La empresa estatal señaló que el fuego fue atendido por personal especializado del cuerpo contra incendios de la instalación, que logró extinguirlo de manera definitiva.

Tras el incidente, servicios médicos brindaron atención a seis personas lesionadas, de las cuales tres pertenecen a PEMEX y otras tres a una empresa externa, de acuerdo con la petrolera.

PEMEX indicó que, pese al percance, el centro de trabajo mantiene operaciones normales y continúa garantizando el abasto de combustibles y productos petrolíferos para la región.

La compañía añadió que mantiene su compromiso con la seguridad del personal, la integridad de las instalaciones y la transparencia en la información relacionada con el incidente.

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En entrevista con Energy21, el CEO de la compañía, Frederic Bathy, señaló que el diferencial de precios entre ambos combustibles ha comenzado a fortalecer el atractivo económico del gas natural para transportistas.

“Hoy un tractocamión a gas natural puede pagar entre 10 y 12 pesos equivalentes por litro, mientras el diésel está cercano a los 30 pesos”, afirmó.

El directivo indicó que el entorno geopolítico derivado de la guerra en Medio Oriente ha impactado principalmente al petróleo y a las gasolinas, mientras que el mercado del gas natural en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable.

“Vemos una oportunidad muy grande de poder ofrecer a los transportistas que se cambien a gas natural”, sostuvo.

Dependencia de EU

Por otro lado, Bathy explicó que actualmente México importa entre 65% y 70% del gas natural que consume desde Estados Unidos, aunque aseguró que, hasta ahora, el conflicto internacional no ha generado un impacto severo sobre el precio de la molécula.

Detalló que el gas natural en Estados Unidos se mantiene por debajo de los 3 dólares, aunque advirtió que un incremento en la demanda de gas natural licuado (LNG) por parte de Europa y Asia podría eventualmente presionar la oferta y demanda estadounidense.

“Europa va a empezar a solicitar mucho más gas licuado desde Estados Unidos y eso podría impactar eventualmente los precios”, señaló.

El directivo consideró que uno de los principales obstáculos para el crecimiento del gas natural vehicular (GNV) en México sigue siendo la falta de infraestructura de carga.

“No hay suficientes estaciones porque no hay demanda y no hay demanda porque no hay estaciones”, afirmó.

Ante ello, Indugas planea impulsar corredores de abastecimiento para transporte pesado mediante lo que denomina “ruta de gas”, con estaciones de carga destinadas a tractocamiones que recorrerán rutas desde el centro del país hacia la frontera norte.

Retrasos regulatorios

Bathy añadió que el desarrollo de infraestructura de gas natural todavía enfrenta retrasos regulatorios importantes.

Indicó que los permisos para ductos de última milla pueden tardar entre uno y dos años, aunque reconoció que algunos trámites ambientales ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) han mostrado recientemente tiempos más ágiles.

“Hemos visto proyectos que tardaban casi un año en permisos ambientales y ahora salen en tres o cuatro meses”, comentó.

La compañía, respaldada por un fondo de inversión mexicano, tiene operaciones principalmente en la región del Bajío y en Baja California, con presencia en segmentos de ductos de última milla, gas natural comprimido y gas natural vehicular.