La reforma energética que se discute en el Congreso de la Unión abre la posibilidad de que el Estado intervenga tomando las instalaciones de las empresas privadas, dijo Gonzalo Monroy, experto de la consultoría GMEC.
“La intervención es un mecanismo, con lenguaje extremadamente vago, que le permite al Estado tomar control y operación de las instalaciones sin ninguna contraprestación, reconocimiento de costos, por tiempo ilimitado”, explicó el analista durante un desayuno de prensa organizado por la AMPES.
En el Sector Hidrocarburos, hay un limite de 36 meses, a diferencia del sector eléctrico donde no hay un límite, detalló.
Consideró que se establecen medidas que dejan en desventaja a la industria privada respecto a las empresas del Estado.
“Esto repercute en abierta discriminación en terminales de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Los privados tendrán la obligación de dar acceso abierto no discriminatorio en sus terminales”, mencionó.
Detalló que como parte de los artículos transitorios, se anulan de inmediato la regulación asimétrica y la venta de primera mano.
“Provocará una distorsión, prácticas anticompetitivas y discriminatorias hacia los competidores, socios y distribuidores de PEMEX”, afirmó.
Añadió que otras medidas que pondrán en jaque a la industria son el control de precios en gasolinas que el Estado busca imponer, además de que será la Secretaría de Energía (SENER) la encargada de sancionar a las empresas y no la nueva Comisión Nacional de Energía (CNE).
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