Petróleos Mexicanos (Pemex) acumuló pérdidas por 18 mil 218 millones de pesos por sustracción de combustibles entre enero y septiembre de 2026, una disminución de 10% respecto a los 20 mil 246 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con el desglose de costos y gastos de operación del informe financiero de la empresa, las afectaciones por este concepto ascendieron a 5 mil 226 millones de pesos durante el tercer trimestre del año, 26.6% menos que los 7 mil 125 millones reportados entre julio y septiembre de 2025.
La cifra también representó una reducción de 43.1% respecto al segundo trimestre de 2026, cuando Pemex registró pérdidas por 9 mil 180 millones de pesos por la sustracción de combustibles.
Con el resultado del tercer trimestre, las pérdidas acumuladas por este concepto disminuyeron en 2 mil 28 millones de pesos frente al mismo lapso de 2025, aunque el monto reportado durante los primeros nueve meses del año todavía supera los 18 mil millones de pesos.
Del combate a las tomas clandestinas al huachicol fiscal
El combate al huachicol ha sido una prioridad de los dos últimos gobiernos federales, aunque con énfasis distintos. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la estrategia comenzó con el reforzamiento de la vigilancia de los ductos, el uso de medios alternativos para distribuir combustibles y la participación de las Fuerzas Armadas, además de acciones financieras y judiciales contra las redes dedicadas al robo.
En enero de 2019, el gobierno federal anunció cierres programados y supervisados de ductos para enfrentar la extracción ilegal y garantizar el suministro de gasolina mediante pipas y otros medios de transporte. También planteó investigar las redes de complicidad que permitían la operación del mercado ilícito.
La estrategia reportó resultados iniciales, pues en marzo de 2019, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el robo de combustibles había pasado de 81 mil barriles diarios en noviembre de 2018 a alrededor de 15 mil barriles diarios durante el periodo reportado. No obstante, el problema persistió. Pemex registró 14 mil 890 tomas clandestinas en 2023, casi la misma cantidad que en 2018, cuando se contabilizaron 14 mil 894.
Las cifras muestran que los avances anunciados al inicio de aquella administración no eliminaron la extracción ilegal de hidrocarburos.
Con Claudia Sheinbaum, el combate al huachicol ha mantenido la vigilancia de los ductos, pero también ha incorporado un mayor énfasis en las investigaciones sobre las cadenas de suministro, transporte, importación y comercialización de combustibles.
El objetivo es perseguir no sólo a quienes extraen hidrocarburos de manera ilegal, sino también a las redes que los trasladan, almacenan y venden, así como a quienes participan en operaciones para introducir combustibles al país mediante documentación irregular o evadir el pago de impuestos.
Una de las diferencias centrales es el combate al llamado huachicol fiscal, que no consiste necesariamente en perforar ductos, sino en introducir o comercializar combustibles mediante esquemas de contrabando, declaraciones falsas y evasión fiscal. Estas operaciones pueden involucrar empresas, intermediarios logísticos, agentes aduanales y redes de distribución.
En julio de 2026, la Fiscalía General de la República explicó que sus investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos se enfocaban en estructuras que utilizaban documentación falsa para simular importaciones legales y colocar combustible en el mercado mexicano.
La administración de Sheinbaum también ha reforzado la coordinación entre las autoridades energéticas, fiscales y de seguridad. En agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex firmaron un convenio para intercambiar información y fortalecer la detección de redes financieras vinculadas con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos.
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