Dos agencias del Gobierno de Estados Unidos investigan a Andrés Manuel López Beltrán por presuntos nexos con la delincuencia organizada y el contrabando de combustible o huachicoleo, de acuerdo con un reporte publicado este martes por The New York Times.
La investigación detalla que la indagatoria se encuentra en curso a través de cinco fuentes informadas del caso, aunque el artículo enfatiza que hasta el momento no se han iniciado procesos formales en su contra.
Asimismo, el rotativo estadounidense indicó que López Beltrán ha intentado establecer contacto con funcionarios de seguridad de Estados Unidos mediante intermediarios, sin que hasta ahora se hayan concretado conversaciones formales.
El conflicto por la visa
El escrutinio estadounidense sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador trascendió públicamente en agosto de 2026, cuando él mismo reveló que las autoridades de ese país le revocaron su visa de ingreso, una decisión que calificó tajantemente como una “politiquería” y una “burda y perversa canallada”.
A través de una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, López Beltrán, quien actualmente busca una diputación federal y un fuero en la Cámara baja tras dejar la secretaría general de Morena, exigió la destitución del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario, Christopher Landau.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente al hijo del exmandatario federal, sugiriendo que la revocación del visado forma parte de un intento de injerencia en los asuntos internos de México y reafirmando que en el país el mandato supremo recae exclusivamente en el pueblo.
Por su parte, Washington ha evitado emitir comentarios oficiales, amparándose en su política de no dar explicaciones sobre la cancelación de documentos migratorios a ciudadanos extranjeros.
Más funcionarios de Morena
La medida restrictiva de Estados Unidos contra López Beltrán se suma a un historial de cancelaciones de visados que ha afectado en los últimos años a diversos funcionarios y dirigentes del partido oficialista en distintas regiones del país.
Entre los casos documentados figuran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y su esposo Carlos Torres Torres, quienes perdieron su visa en mayo de 2025.
A ellos se han sumado diversos alcaldes y dirigentes partidistas como Óscar Eduardo Castro Castro (Puerto Peñasco), Juan Francisco Gim (Nogales), José Luis Dagnino (San Felipe) y, más recientemente en junio de 2026, Myrna Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, a quienes les fue notificada la anulación de sus documentos al intentar cruzar la frontera.
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