La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, expuso nuevos detalles sobre el funcionamiento de la red dedicada al contrabando de combustible, conocida como “huachicol fiscal”, que, según las investigaciones, encabezaban los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas, alias “Los Primos”.
Godoy explicó que el caso arrancó en 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda Durán presentó una denuncia ante el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, en la que señalaba posibles actividades ilícitas de integrantes de la Secretaría de Marina.
A partir de esa denuncia, y bajo el nuevo modelo de investigación de la FGR, las pesquisas derivaron en uno de los golpes más relevantes contra el contrabando de hidrocarburos hasta ahora: el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel a bordo de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Sin embargo, la fiscal aclaró que ese decomiso no cerró el caso, sino que abrió la puerta a investigaciones más amplias.
De acuerdo con la fiscal, detrás de ese buque no operaba un solo contrabandista, sino toda una red criminal organizada para importar, trasladar, almacenar y distribuir combustible ingresado de forma ilegal al país. En esa estructura, dijo, “Los Primos” ocupaban un lugar central.
Hallazgos
Godoy sostuvo que, con base en elementos probatorios que ya son analizados por el Poder Judicial, Manuel Roberto y Fernando, identificados legalmente como “N”, contaban con cómplices que incidieron en nombramientos, ascensos y cambios de personal dentro de aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la propia Marina. Puntualizó que Roberto era quien gestionaba directamente esas designaciones.
La fiscal relató que, al cateo de una bodega rentada por Manuel Roberto Farías Lagunas en la Ciudad de México, se hallaron artículos de lujo, además de listados de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de mandos de la institución, documentos clasificados como reservados o confidenciales en materia de seguridad nacional, y armas sin registro.
Según la reconstrucción de la FGR, con esa red de complicidades ya montada, los hermanos y sus cómplices repitieron el mismo esquema de manera constante.
Los buques, señaló Godoy, salían principalmente de Texas, Estados Unidos, cargados de hidrocarburo que se declaraba falsamente como aceite o aditivo para pagar menos impuestos. Al arribar a puertos mexicanos, funcionarios y agentes aduanales coludidos cobraban por cada embarque que dejaban pasar sin revisión.
La fiscal añadió que, cuando sí se realizaban inspecciones, éstas eran simuladas: la red se encargaba de que los muestreos fueran superficiales, que se aprobaran volúmenes alterados o que el combustible saliera de la aduana sin control alguno. También se coordinaban los horarios de llegada de los barcos para apagar las cámaras y evitar que quedara registro de las descargas.
Ya en territorio nacional, de acuerdo con la FGR, el combustible se comercializaba a través de tres empresas con registro legal, aunque el esquema se apoyaba en una red de compañías fachada y triangulaciones financieras que daban apariencia de legalidad al dinero obtenido de esas ventas.
