Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto, y estarían expuestas de forma directa a contaminantes derivados del fracking, advirtieron 90 organizaciones civiles agrupadas en el frente Noreste Sin Fracking.
El pronunciamiento se dio a conocer después de que el Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural No Convencionales presentara, con dos meses de retraso respecto al plazo previsto, sus conclusiones sobre la posibilidad de desarrollar pozos piloto de fracking en yacimientos no convencionales de Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas.
Las organizaciones firmantes señalan que el anuncio se produce en medio de las afectaciones a la salud y al ambiente derivadas de la explosión del pozo de gas Krem-1, y lo califican como un golpe a la seguridad hídrica del país en una región donde la escasez de agua ya genera conflictividad social.
De acuerdo con el comunicado, el comité fue integrado por 17 especialistas convocados el 15 de abril por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, con el mandato de analizar la “posible explotación sustentable” del gas no convencional.
Las organizaciones cuestionan que en la integración del comité no se haya incluido a representantes de las comunidades directamente afectadas, ni a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
El texto cita una investigación de la organización CartoCrítica según la cual, para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos de gas no convencional en el país, se requerirían más de 25 mil pozos y mil 923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
La misma fuente indica que alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta al alza hacia 2050.
Según estos datos, el 65% del agua requerida para el fracking se ubicaría en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente, lo que se traduce en que 8 de cada 10 litros necesarios para esta actividad generarían condiciones de riesgo hídrico grave.
Las organizaciones también señalan que el anuncio gubernamental no especifica cuál será la disposición final de los residuos generados por el fracking, ni descarta su posible descarga en cuerpos de agua dulce o marinos.
Advierten que la inyección de estos residuos en pozos de disposición tampoco está exenta de riesgos, debido a que fisuras, fugas o fallas de integridad pueden contaminar acuíferos y provocar sismicidad inducida, y afirman que el anuncio tampoco garantiza la transparencia sobre la ubicación, el volumen y la composición química de dichos residuos.
Sobre el financiamiento del proyecto, el comunicado indica que se ha propuesto la creación de un fideicomiso con participación de capitales privados nacionales e internacionales, o bien contratos mixtos con la industria petrolera, esquema que las organizaciones contrastan con el discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno.
El documento detalla que más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, agrupadas en el frente Noreste Sin Fracking, han expresado su rechazo a que el agua de la región se destine a esta actividad.
Se menciona particularmente a la Región Carbonífera de Coahuila como una zona que históricamente ha asumido los costos ambientales, sociales y de salud del modelo energético del país.
Asimismo, el comunicado señala que comunidades tenek y nahuas de la Huasteca, en San Luis Potosí, se han organizado durante más de una década y han manifestado, mediante una autoconsulta, su rechazo unánime al fracking en todas sus modalidades.
En Veracruz, comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas también rechazan nuevos proyectos de esta técnica, argumentando una historia previa de contaminación en sus territorios vinculada a actividades de Pemex y de empresas privadas.
Las organizaciones firmantes exigen la prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, la inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión sobre el uso de esta técnica, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado en materia de derechos humanos, el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades que decidan no permitir el fracking en sus territorios, y transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones del comité y de la SECIHTI.
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