La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación sobre una presunta red de contrabando de hidrocarburos transportados por ferrocarril permitió identificar más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de 2025, las cuales habrían ocasionado un daño patrimonial superior a los 4 mil millones de pesos.
La dependencia precisó que, si bien hasta ahora la imputación formal corresponde a un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del aseguramiento de 170 ferrotanques en julio de 2025, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló un patrón recurrente de importaciones presuntamente irregulares que podría elevar el daño a la hacienda pública por encima de los 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con la FGR, la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, cuya condición representaba un riesgo para la población y la seguridad industrial debido al desconocimiento del tipo de sustancia que transportaban.
A partir de inspecciones, análisis de laboratorio y dictámenes periciales, las autoridades determinaron el contenido de los ferrotanques y ampliaron las indagatorias hacia toda la cadena logística del combustible. Como parte de este proceso, identificaron unidades relacionadas con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, las cuales presentaban un esquema similar de importación, al declarar únicamente 10% del volumen realmente transportado.
La Fiscalía señaló que las diligencias permitieron reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado del hidrocarburo e identificar una estructura de recepción, almacenamiento y distribución con presencia en distintas entidades del país.
Asimismo, informó que el análisis de pedimentos aduanales, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la empresa que presuntamente encabezaba las operaciones de importación, constituida en 2018 en la Ciudad de México.
Según la investigación, José “N” participó en la constitución de la sociedad, mientras que Ernesto “N” se incorporó meses después a la estructura accionaria y, para 2021, ya ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Administración, con funciones de representación legal y toma de decisiones estratégicas.
La FGR indicó que ambos participaron conjuntamente en diversos actos corporativos relacionados con la administración de la empresa, operaciones de comercio exterior, trámites ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la sociedad.
Las investigaciones también establecieron que la empresa amplió posteriormente su objeto social para incluir actividades de almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, además de la operación de terminales ferroviarias y otros servicios vinculados con el sector energético.
Como parte de la integración de la carpeta de investigación, la Fiscalía informó que ha reunido 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes periciales en química, ingeniería mecánica y eléctrica, criminalística, fotografía e identificación de hidrocarburos, con el propósito de determinar el tipo de combustible transportado, la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente movilizados.
La dependencia sostuvo que la investigación evolucionó de un hallazgo aislado de ferrotanques aparentemente abandonados a la identificación de una presunta estructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos, operar logística ferroviaria especializada y distribuir combustible en diversas entidades del país.
Finalmente, la FGR rechazó que el caso tenga motivaciones políticas y afirmó que Ernesto “N” es investigado por su probable participación en hechos constitutivos de delito. Agregó que el proceso se desarrolla con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas.
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