El pozo Krem-1 de Petróleos Mexicanos (Pemex) acumula más de 130 días fuera de control y emitiendo contaminantes tras registrar una explosión e incendio el pasado 5 de marzo en el municipio de Las Choapas, Veracruz, sin que la empresa estatal prevea poder contener la fuga en los próximos meses, denunció la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La asociación informó que la situación ha agravado de manera progresiva las afectaciones a la salud de las comunidades locales, a la biodiversidad y a los medios de subsistencia de la región, un escenario que los afectados califican como un “desastre anunciado” cuyas previsiones de riesgo fueron minimizadas en los estudios ambientales previos.
De acuerdo con los testimonios recabados en la zona del siniestro, la población cercana al pozo Krem-1 reporta síntomas constantes como dificultades respiratorias, náuseas, vómitos, dolores de cabeza recurrentes y alteraciones del sueño debido al ruido ininterrumpido que genera la emanación de gas.
Los habitantes señalan que esta situación se presenta en un entorno de infraestructura de salud precaria y desabasto de medicamentos básicos en las clínicas comunitarias.
Paralelamente, se registran pérdidas materiales y económicas debido a la muerte de ganado y animales de traspatio, así como daños severos en cultivos de milpa, pastizales y árboles frutales de los que dependen las familias del sector.
La asociación cuestionó los criterios de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, detallando que aunque la evaluación identificó el descontrol del pozo como el peor escenario posible y le asignó la categoría de riesgo más alta, las conclusiones del estudio determinaron que el proyecto representaba un “riesgo tolerable” y libre de peligros directos para la población y el entorno.
Ante esto, advirtió sobre los riesgos de la extracción de hidrocarburos y el uso de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), señalando que las evaluaciones de riesgo suelen subestimar los impactos reales sobre el clima y las comunidades.
Por su parte, la postura de las autoridades y de la petrolera estatal sostiene que la contaminación derivada del incidente se mantiene dentro de los límites normativos permitidos y que se está brindando la atención correspondiente a los habitantes.
Pemex indicó que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) realiza mediciones constantes de la calidad del aire en la periferia del siniestro. No obstante, la asociación señaló la falta de transparencia en estos monitoreos, precisando que la ausencia de datos detallados sobre horarios de muestreo, dirección de los vientos, ubicación exacta de las estaciones y límites de detección impide evaluar adecuadamente la existencia de picos de exposición o el desplazamiento de oxígeno en el área habitada.
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