El Gobierno de México dio un paso para convertir su política climática en acciones concretas al aprobar el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030, un instrumento que establece metas medibles, presupuesto e indicadores para evaluar el avance en la materia.
Durante una sesión de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, se avaló por unanimidad este programa, que funcionará como la hoja de ruta de la administración federal para enfrentar la crisis climática en los próximos años.
El PECC traduce los compromisos internacionales asumidos por México, incluida su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), en acciones específicas que deberán implementar distintas dependencias, con mecanismos de seguimiento anual para medir resultados en sectores clave como energía, transporte, industria, agricultura y ordenamiento territorial.
Con ello, la política climática deja de centrarse en lineamientos generales y se integra como un eje operativo dentro de la administración pública, al involucrar de forma transversal a diversas secretarías en tareas de mitigación, adaptación, atención a pérdidas y daños, así como en el fortalecimiento de capacidades institucionales.
El programa se articula a través de cinco ejes estratégicos y 30 líneas de acción que permitirán evaluar el cumplimiento de objetivos año con año, en un intento por reforzar la rendición de cuentas en la implementación de la agenda climática.
En este contexto, Bárcena subrayó que el nuevo instrumento marca una etapa en la que la evidencia científica se traduce en decisiones de política pública.
“La ciencia del cambio climático no es una opinión”, afirmó. Destacó que las acciones gubernamentales deberán basarse en datos verificables.
El impacto del PECC también se extenderá al sector energético y productivo, ya que los proyectos deberán considerar no sólo su viabilidad económica o ambiental, sino su contribución a la reducción de emisiones y a la resiliencia climática del país, lo que podría influir en decisiones de inversión y planeación.
Además de la aprobación del programa, la CICC avanzó en otros frentes regulatorios. Entre ellos, la elaboración de la primera Política Nacional de Adaptación (AdaptaMX), así como una reforma integral a la Ley General de Cambio Climático, que podría redefinir el marco legal en la materia.
Asimismo, se revisaron los avances en la implementación del Sistema de Comercio de Emisiones, cuyo desarrollo apunta a consolidar un mercado de carbono en el país como herramienta para reducir gases de efecto invernadero.
En el ámbito institucional, también se analizaron los perfiles de las personas candidatas para integrar la Coordinación de Evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), órgano clave para medir el desempeño de la política climática.
La aprobación del PECC refleja un esfuerzo de coordinación entre dependencias federales para estructurar una política climática transversal, en línea con los compromisos internacionales del país y con el objetivo de fortalecer la resiliencia ante los efectos del cambio climático.
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