Un juez federal canceló los megaproyectos solares Ticul A y Ticul B en Yucatán, lo que marca un precedente para el desarrollo de energías renovables en México, al evidenciar que los proyectos pueden ser frenados por la vía judicial cuando se acreditan violaciones a derechos comunitarios y ambientales, informó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Tras un proceso legal de siete años, comunidades mayas de San José Tipcéh y Planchac obtuvieron una sentencia que ordena dejar sin efectos las autorizaciones ambientales de ambos proyectos, lo que implica la cancelación total de su construcción y operación.
Los proyectos contemplaban la instalación de más de 1.18 millones de paneles solares y el desmonte de 603 hectáreas de selva en municipios como Muna, Sacalum y Ticul. Entre los impactos señalados se encontraban la fragmentación del ecosistema, afectaciones a especies protegidas, alteraciones en la recarga de acuíferos y restricciones en el acceso al territorio para las comunidades.
El fallo también cuestiona el proceso de evaluación ambiental, al señalar que los proyectos fueron analizados de manera fragmentada, lo que impidió dimensionar de forma integral sus efectos sociales, ambientales y culturales.
El caso refuerza la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas a comunidades indígenas en proyectos de infraestructura energética, así como de garantizar su participación en la toma de decisiones que afectan su territorio.
Además, introduce un elemento de riesgo para el desarrollo de proyectos renovables en el país, al evidenciar que la falta de cumplimiento en materia social y ambiental puede derivar en la cancelación de inversiones incluso en etapas avanzadas.
La resolución también abre el debate sobre el equilibrio entre la expansión de energías limpias y la conservación ambiental, en un contexto donde la transición energética requiere acelerar la instalación de nueva capacidad, pero bajo esquemas que integren a las comunidades y respeten los ecosistemas.
Con esta decisión, se establece un precedente para futuros desarrollos, al tiempo que se fortalece el papel de las organizaciones civiles y las comunidades en la supervisión de proyectos energéticos en México, añade el Cemda.
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