La Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionó el anuncio del Gobierno federal sobre la creación de un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fractura hidráulica en el país, al advertir que la medida podría buscar legitimar una decisión previamente definida.
En un posicionamiento, la organización señaló que la discusión sobre el fracking no debe limitarse a un enfoque técnico, al considerar que se trata de una decisión con implicaciones políticas, territoriales, ambientales y de derechos humanos.
El colectivo indicó que el debate no debe partir de la premisa de que México requiere incrementar su producción de gas natural, ya que ello implicaría profundizar la dependencia de combustibles fósiles y ampliar la infraestructura asociada.
Asimismo, sostuvo que el uso de fractura hidráulica tiene impactos en agua, salud, ecosistemas y comunidades, por lo que reiteró su postura de prohibir esta técnica en el país.
Respecto al comité anunciado, la alianza planteó que su credibilidad dependerá de condiciones como la ausencia de sesgos en su mandato, la posibilidad de recomendar la prohibición del fracking, así como la transparencia en su integración, metodología y deliberaciones.
También pidió que el grupo incluya a comunidades potencialmente afectadas y especialistas en salud, medio ambiente y derechos humanos, además de considerar conocimiento indígena y principios como el precautorio.
La organización advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, el comité podría convertirse en un mecanismo para validar una política energética orientada a la explotación de gas no convencional.
Finalmente, reiteró que México debe avanzar hacia una transición energética que reduzca la dependencia de combustibles fósiles y descartó la viabilidad de un “fracking sustentable”.
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