Reactivar el fracking en México no resolvería la dependencia estructural del gas natural importado desde Estados Unidos y tampoco garantizaría soberanía energética, advirtió Aleida Azamar, doctora Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.
Durante una presentación virtual sobre la estrategia gasífera del país, la experta sostuvo que aun cuando se desarrollaran yacimientos no convencionales, la explotación mediante fractura hidráulica “no es una salida estructural para nuestro país”, debido a los altos costos, los largos tiempos de maduración y los impactos territoriales asociados.
Actualmente, más de 70% del gas que consume México proviene de Estados Unidos, tras un proceso de creciente integración energética en las últimas dos décadas. En 2000, las importaciones eran marginales, y para 2024 superan los 6 mil millones de pies cúbicos diarios, lo que implica que el sistema eléctrico y buena parte de la industria nacional dependen de decisiones externas.
Azamar cuestionó que el fracking pueda revertir esa tendencia y explicó que los costos de inversión y tecnología son elevados y que la vida útil de las reservas no convencionales no compensaría el esfuerzo financiero.
Además, recordó que las reservas probadas y probables de gas en el país apenas ofrecen un horizonte cercano a 13 años bajo las condiciones actuales, lo que limita el margen para construir una estrategia de autosuficiencia basada en expansión extractiva.
A ello se suman los riesgos ambientales documentados en otros países, como Estados Unidos, donde la fractura hidráulica ha sido vinculada con contaminación de acuíferos y actividad sísmica inducida.
La académica subrayó que los impactos territoriales son significativos y que reactivar esta técnica implicaría abrir nuevos frentes de conflicto socioambiental.
Desde una perspectiva económica, advirtió también sobre el riesgo de activos varados. Invertir miles de millones de dólares en infraestructura gasífera, con gasoductos, terminales de licuefacción o plantas de ciclo combinado, podría resultar financieramente problemático en un escenario de transición energética acelerada y compromisos internacionales de reducción de emisiones.
En ese contexto, parte de esa infraestructura podría quedar obsoleta antes de recuperar la inversión.
Azamar añadió que el gas fija el costo marginal del sistema eléctrico mexicano. Por ello, cualquier choque en precios internacionales se traslada a tarifas industriales, inflación y finanzas públicas. Incluso si México incrementara su producción vía fracking, seguiría expuesto a la volatilidad del mercado norteamericano mientras la matriz eléctrica continúe concentrada en ciclos combinados.
Frente a este panorama, la especialista planteó que la estrategia más sólida no es extraer más gas a cualquier costo, sino reducir la exposición estructural al combustible.
Propuso acelerar la diversificación de la matriz energética mediante mayor inversión en solar, eólica, almacenamiento y expansión de redes de transmisión, sectores que ya muestran costos nivelados de generación competitivos frente al gas.
En su conclusión, la experta cuestionó la narrativa de soberanía basada en expansión gasífera y señaló que la verdadera seguridad energética pasa por disminuir la dependencia de importaciones, reducir riesgos financieros y avanzar hacia fuentes renovables que fortalezcan la resiliencia del sistema eléctrico nacional.
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