El empresario del sector energético y de telecomunicaciones, Ricardo Salinas Pliego, pagará al SAT 32.1 mil millones de pesos, monto que representa la tercera parte de su patrimonio, para cerrar un conflicto legal que duró 17 años.
El monto a pagar equivale a cerca de 1.8 mil millones de dólares, cifra que representa el 33% del total de la fortuna estimada del empresario por 5.5 mil millones de dólares, según datos de Forbes.
La negociación que alcanzó el empresario con el SAT representa una disminución del adeudo inicial por 51 mil millones de pesos, cifra que equivalía a cerca de la mitad del patrimonio del empresario.
Salinas Pliego tiene presencia en el sector energético, a través de Grupo Dragón y la empresa prestadora de servicios petroleros Typhoon Offshore. Energy21 adelantó que una de las opciones que el empresario tenía a la mano, era buscar una reducción del adeudo y pagar en parcialidades.
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, el pago se realizará conforme a los beneficios previstos en el Código Fiscal de la Federación y en apego a resoluciones judiciales firmes. El monto total asciende a 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos y corresponde a adeudos acumulados por un grupo empresarial vinculado a Salinas Pliego.
Del total acordado, una parte sustancial ya fue cubierta, toda vez que el SAT detalló que 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos fueron enterados de forma inmediata y ya ingresaron a la Tesorería de la Federación.
El resto del adeudo será liquidado de manera diferida, a través de 18 pagos programados, como parte del esquema autorizado por la autoridad fiscal.
Tras el anuncio oficial, Grupo Salinas difundió un posicionamiento en el que aseguró que tanto el conglomerado como su presidente fundador han cumplido históricamente con sus obligaciones fiscales.
La empresa sostuvo que, en las últimas dos décadas, sus distintas unidades de negocio han aportado más de 300 mil millones de pesos al fisco mexicano.
El grupo empresarial subrayó que, pese a no coincidir con el criterio de la autoridad en este litigio, decidió realizar el pago con el objetivo de cerrar definitivamente el capítulo legal y concentrar sus esfuerzos en la operación de sus negocios.
“La decisión no implica aceptar la validez de los señalamientos fiscales, sino priorizar la estabilidad operativa y el enfoque estratégico de largo plazo”, indicó.
Grupo Salinas añadió que el cumplimiento del adeudo permitirá retomar plenamente sus actividades productivas, orientadas a la generación de valor económico, la prestación de servicios a millones de clientes y el sostenimiento de más de 200 mil empleos directos e indirectos que dependen del grupo.
Asimismo, indicó que el monto cubierto supera incluso los acuerdos planteados previamente en 2024, con lo que, aseguró, queda saldada en su totalidad la exigencia del fisco tras casi dos décadas de litigio.
Total Play se desiste de litigio
A su vez, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, calificó el pago como un “triunfo histórico del Estado de derecho”.
A través de redes sociales, destacó que el cumplimiento de las obligaciones fiscales debe aplicar sin distinción, independientemente de la capacidad económica de los contribuyentes.
Batres explicó que una de las empresas del grupo, Total Play Telecomunicaciones, desistió de un amparo directo en revisión relacionado con un crédito fiscal superior a 645 millones de pesos, determinado por el SAT en 2017 y que había sido impugnado durante varios años por la vía judicial.
La ministra recordó que dicho crédito fue objeto de múltiples recursos legales y que, en 2024, la entonces Segunda Sala de la Corte ordenó al Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitir una nueva resolución que considerara una deducción relevante.
Sin embargo, al no quedar conforme con la forma en que se ejecutó esa instrucción, la empresa promovió un nuevo amparo que finalmente fue rechazado.
El desistimiento de ese recurso, añadió Batres, y el pago confirmado por el SAT, que incluye un primer desembolso superior a 10 mil millones de pesos, envían una señal positiva sobre la aplicación de la ley fiscal y la equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.
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