Los recientes movimientos en Venezuela y sus implicaciones energéticas han colocado nuevamente a la energía en el foco de la geopolítica mundial. El anuncio de que Estados Unidos tendría acceso a parte de la producción petrolera y beneficios económicos derivados de la misma en Venezuela confirma que los recursos energéticos continúan siendo piezas centrales de poder e influencia internacional. Esta dinámica, lejos de ser un evento aislado, integra un proceso global de reordenamiento de mercados que exige una lectura estratégica por parte de México y otros países consumidores y productores.
Venezuela, a pesar de contar con unas de las reservas petroleras más importantes del mundo, enfrenta realidades estructurales que limitan su impacto inmediato en los mercados. Años de desinversión, sanciones, falta de mantenimiento de infraestructura y desafíos institucionales han reducido su producción muy por debajo de su potencial teórico. Por ello, si bien los acuerdos y cambios políticos tienen un valor simbólico y geopolítico, la traducción de reservas en flujo energético real no es automática ni inmediata.
Este fenómeno se ubica en un momento en que los mercados energéticos globales atraviesan múltiples tensiones: las decisiones de la OPEP+ sobre oferta, la búsqueda de seguridad energética tras la pandemia y la reconfiguración de cadenas de suministro. A diferencia de épocas pasadas, la energía ya no se mueve únicamente por criterios económicos de corto plazo; se incorporan decisiones geopolíticas, riesgos soberanos y la reconfiguración de alianzas estratégicas. Para México, entender este contexto es fundamental para delinear su política energética y su lugar dentro del mercado regional.
En paralelo al petróleo, el gas natural ha emergido como un componente estructural del sistema energético contemporáneo. Es el principal combustible para generación eléctrica en numerosos países, incluida nuestra nación, y se ha consolidado como un puente hacia un futuro más diversificado. Sin embargo, esta centralidad del gas también expone vulnerabilidades profundas. México importa más del 70% del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos, y cerca de dos terceras partes de su generación eléctrica dependen de este insumo. Esta dependencia hace que decisiones externas —climáticas, comerciales o geopolíticas— puedan transmitirse directamente al costo y disponibilidad del servicio eléctrico, afectando competitividad industrial y estabilidad macroeconómica.
Este escenario debe leerse también a la luz de procesos internos que ya están en marcha. El Programa Sectorial de Energía 2025–2030 (PROSENER), recientemente publicado, reconoce la fragilidad que representa la dependencia del gas natural, y plantea la necesidad de una planeación energética vinculante para enfrentar desafíos estructurales. Sin embargo, el diagnóstico aún necesita traducirse en políticas activas que reduzcan vulnerabilidades, impulsen diversificación y fortalezcan la resiliencia del sistema energético mexicano.
La coyuntura venezolana y la reconfiguración del acceso a hidrocarburos también están ocurriendo mientras México renegocia sus acuerdos comerciales con Estados Unidos. Aunque la energía no siempre aparece de forma explícita en esos debates, es uno de los elementos más sensibles en la relación bilateral. La estabilidad de los flujos energéticos, la homologación de estándares y la articulación de cadenas de suministro son temas que, tarde o temprano, formarán parte de cualquier negociación profunda que involucre competitividad y seguridad nacional.
Desde la perspectiva del sector energético mexicano, es crucial que estas discusiones sean acompañadas por una mirada estratégica de largo plazo. En columnas y análisis en medios especializados, he sostenido que la transición energética debe concebirse no solo como un ejercicio de incorporación de renovables, sino como un ajuste de toda la matriz energética nacional hacia mayor resiliencia, eficiencia y diversificación.
Esto implica repensar la relación con combustibles fósiles, con mercados internacionales y con tecnologías emergentes que puedan aportar elementos de autonomía y mitigación de riesgos.
Este enfoque transciende la visión tradicional de “producir más o producir menos petróleo”. Se trata de entender que la energía es un vector multifacético que impacta la estabilidad económica, la mitigación climática, la soberanía y la competitividad. En este sentido, México enfrenta una encrucijada: seguir dependiendo de importaciones de gas natural bajo criterios de corto plazo, o desarrollar capacidades internas que reduzcan esa exposición sin dejar de participar en un mercado global interconectado.
Finalmente, es importante subrayar que, en un mundo de tensiones crecientes, la energía deja de ser un simple insumo para convertirse en una cartografía de poder y riesgo. Para México, esto representa un llamado a fortalecer sus instrumentos de planeación, diversificar su matriz, y promover un diálogo nacional informado sobre el papel que desea jugar en la transición energética global. Ese diálogo debe ser técnico, informado, pragmático y con una visión clara de la posición geopolítica del país, tanto en petróleo como en gas natural, ahora y hacia el futuro.
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