La Comisión Nacional de Energía (CNE) enfrenta problemas de capacidad operativa y fallas en sus procesos y de atención a los regulados, provocando retrasos significativos en la solución de trámites, lo que a su vez está orillando a empresas a incumplir obligaciones legales, advirtió Sayonara Jarillo, consultora en materia energética.
En entrevista, la especialista señaló que uno de los principales cuellos de botella se encuentra en los procesos de acreditación de terceros, un trámite básico para que los permisionarios puedan operar, actualizar representantes legales o acceder a la oficialía de partes electrónica. En casos recientes, procedimientos que deberían resolverse en un plazo aproximado de 15 días han tardado hasta mes y medio en ser atendidos.
“Durante ese tiempo el permisionario queda imposibilitado para cumplir con obligaciones regulatorias, no por falta de voluntad, sino porque la propia plataforma de la autoridad se lo impide”, explicó.
Jarillo atribuyó esta situación, en parte, a la falta de personal dentro de la CNE. Al revisar el directorio publicado en el portal de transparencia del organismo, su equipo identificó múltiples vacantes en áreas clave, incluido el Órgano Interno de Control, lo que dificulta incluso la presentación formal de quejas o inconformidades por la vía institucional.
A ello se suma, dijo, una desactualización evidente de la página de internet de la Comisión. De acuerdo con la consultora, el portal de transparencia mantiene correos electrónicos con dominios que ya no están en operación, como direcciones heredadas de la extinta CRE, lo que provoca que las comunicaciones enviadas por los regulados no tengan respuesta.
Las extensiones telefónicas tampoco funcionan de manera regular y, en ejercicios realizados por su equipo, solo una de varias llamadas fue atendida.
Esta falta de canales efectivos de comunicación afecta especialmente a pequeños permisionarios que no cuentan con consultores externos y que, ante la falta de respuesta, simplemente dejan de avanzar en sus trámites, incrementando el riesgo de incumplimientos y sanciones.
La consultora alertó que la situación es particularmente delicada en actividades como el transporte de hidrocarburos, donde la CNE ha comenzado a exigir la validación de información del parque vehicular a través de su plataforma electrónica. Si los datos no se actualizan, las autoridades pueden asumir que la información es incorrecta y aplicar sanciones durante revisiones en carretera, aun cuando el permisionario haya intentado sin éxito realizar el trámite.
Jarillo subrayó que, aunque la autoridad ha reforzado la regulación y supervisión del sector, la falta de respuesta institucional genera un escenario en el que el cumplimiento depende de procesos administrativos que hoy no están funcionando de manera adecuada.
Finalmente, contrastó la situación de la CNE con la de otros reguladores del sector energético, como la ASEA que mantienen canales de comunicación más visibles y mecanismos de atención más ágiles. A su juicio, el cierre de espacios como las transmisiones públicas de las sesiones del pleno de la CNE, pues la anterior CRE transmitía sus sesiones por internet, y la eliminación de la mesa de ayuda para las empresas, han reducido la transparencia y el acompañamiento a los regulados.
“Hay una intención de blindaje institucional, pero eso no debería traducirse en puertas cerradas ni en procesos que, en los hechos, impidan cumplir la regulación”, concluyó.
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