A partir del 1 de enero, las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles aumentarán en 3.8% en promedio, un ajuste por inflación que, sin estímulos fiscales, permitiría al gobierno federal recaudar alrededor de 460 mil millones de pesos por este concepto a lo largo del próximo año, informó Hacienda.
El ajuste impacta directamente al precio que pagan los usuarios en las estaciones de servicio, ya que el IEPS es un impuesto fijo por cada litro vendido. Para 2026, la gasolina regular tendrá una cuota de 6.70 pesos por litro, la gasolina premium de 5.66 pesos, y el diésel de 7.36 pesos por litro, de acuerdo con el acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda.
En términos prácticos, esto significa que una parte sustancial del precio final que ve el consumidor corresponde únicamente al impuesto. Con precios promedio de entre 23 y 24 pesos por litro para la gasolina regular, el IEPS representa cerca de 28% a 30% del total. En la gasolina premium, cuyos precios suelen ubicarse entre 25 y 26 pesos, el impuesto equivale a alrededor de 22% del precio final. En el caso del diésel, con precios cercanos a 25 pesos por litro, el IEPS puede representar hasta 30% del costo total.
A este gravamen se suma una cuota estatal, también cobrada por litro, que en 2026 será de 59.13 centavos para la gasolina regular, 72.16 centavos para la premium y 49.08 centavos para el diésel, lo que incrementa aún más la carga fiscal incorporada al precio final que pagan los automovilistas y transportistas.
En conjunto, estos impuestos explican por qué el precio de los combustibles en México no baja de forma proporcional cuando caen las cotizaciones internacionales, ya que el IEPS se mantiene constante por litro, independientemente de si el combustible es más barato o más caro en el mercado global.
Hacienda precisó que el ajuste de 3.8% responde al factor inflacionario anual y que entrará en vigor automáticamente en 2026. No obstante, el impacto para los consumidores dependerá de si el gobierno decide aplicar estímulos fiscales para absorber parte del impuesto, como ha ocurrido en años previos para contener alzas abruptas en los precios.
Para el usuario final, el efecto significa que una parte relevante de cada litro que se carga no es combustible, sino impuestos, y cualquier aumento en estas cuotas se refleja de inmediato en el gasto cotidiano de transporte y movilidad.
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