Typhoon Offshore SAPI, empresa de servicios petroleros del empresario Ricardo Salinas Pliego, no logró acogerse al concurso mercantil, el mecanismo legal al que recurren las compañías cuando la insolvencia deja de ser un riesgo potencial y se convierte en una situación crítica.
De acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado Segundo de Distrito de Concursos Mercantiles, desechó la solicitud presentada por la firma el pasado 12 de diciembre, decisión que fue notificada recientemente sin que, hasta el momento, se conozcan los argumentos jurídicos que sustentaron la resolución.
El rechazo representa un revés significativo para la compañía del empresario que enfrenta varios litigios fiscales por más de 40 mil millones de pesos con el SAT, pues el concurso mercantil permite a las empresas frenar acciones de cobro, suspender embargos y abrir un proceso de negociación con acreedores bajo supervisión judicial.
Al quedar fuera de esa protección, Typhoon Offshore enfrenta un escenario de mayor vulnerabilidad financiera y legal, justo cuando su situación operativa atraviesa uno de los momentos más delicados.
En septiembre la PROFEPA clausuró a la compañía por operar sin permisos de impacto ambiental en Campeche.
En octubre pasado, la propia empresa informó que había detenido operaciones luego de permanecer 16 meses sin recibir pagos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
La falta de pagos por parte de PEMEX ha sido un problema recurrente para diversos proveedores del sector petrolero, particularmente en el segmento de servicios costa afuera, donde los contratos requieren altos niveles de inversión y financiamiento.
En el caso de Typhoon, la prolongación de los adeudos derivó no solo en la suspensión de actividades, sino en la búsqueda de un blindaje legal que ahora le fue negado.
Este episodio se suma a un entorno complejo para las empresas vinculadas al grupo empresarial de Salinas Pliego, que enfrenta distintos frentes legales y financieros.
Para Typhoon Offshore, la negativa judicial al concurso mercantil no solo retrasa cualquier intento de reestructura ordenada, sino que la deja expuesta a acciones de acreedores en un contexto marcado por la falta de ingresos y la incertidumbre sobre la recuperación de los adeudos con la petrolera estatal.
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