El gobierno federal insiste en hablar de avances en seguridad, pero los datos del Análisis Cuatrimestral de México Evalúa (enero–agosto 2025) muestran una realidad más compleja, pues los homicidios dolosos ceden ligeramente, pero la extorsión y el narcomenudeo siguen creciendo y extendiéndose por el territorio, como un cáncer que afecta a empresas de todos los sectores y a los ciudadanos.
Hace tiempo platiqué con un empresario gasolinero sobre el tema de la extorsión y el derecho de piso en ese sector, y me confió que es un problema que afecta a muchas estaciones de servicio pero nadie se atreve a hablar abiertamente del tema por temor a represalias, lo que demuestra que el asunto es más profundo de lo que parece, por lo que prefieren callar y asumir el costo en lugar de poner en riesgo sus vidas.
En el caso de la violencia letal, el análisis de México Evalúa, detalla que la tasa nacional se ubicó en 23.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción de 6.3% respecto al mismo periodo de 2024.
Es cierto, hay un descenso, pero sigue siendo una de las tasas más altas de América Latina. Además, la fotografía estatal revela claroscuros: mientras algunas entidades reportan mejoras, en otras, como Sinaloa, Ciudad de México e Hidalgo, los homicidios volvieron a repuntar. La idea de un “punto de inflexión” es más discurso que realidad.
Más grave aún es el panorama de la extorsión, en donde la tasa nacional alcanzó 5.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, con un aumento de 0.9% anual. Lo preocupante no es solo el nivel, que ya es muy alto, sino su expansión territorial, pues en Chiapas creció 1044.9%, Yucatán 1085.7% y Puebla 104.9%.
A la cabeza en incidencia se encuentran Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México, donde la extorsión se ha normalizado como un “impuesto criminal” que erosiona economías locales y degrada la confianza en el Estado.
El narcomenudeo muestra con claridad cómo se fortalecen los mercados ilícitos. En la última década, la tasa casi se triplicó, al pasar de 18 casos por cada 100 mil habitantes en 2015 a 53.1 en 2025.
Tan solo respecto a 2024, creció 12.8%. Los focos rojos están en San Luis Potosí (190.3), Guanajuato (182.8) y Colima (181.8), pero la sorpresa es su expansión en estados antes periféricos, ya que en Chiapas aumentó 1,253.6%, Morelos 128.5% y Tabasco 112.5%. Este delito no es menor: es la base financiera de muchas redes criminales y la puerta de entrada a la violencia barrial.
Estos datos desnudan la insuficiencia de la estrategia oficial. La narrativa de que la violencia se contiene no puede ocultar que la extorsión se ha vuelto estructural y que el narcomenudeo crece como la economía criminal más dinámica del país. La reducción de homicidios, aunque positiva, no alcanza para hablar de éxito cuando otros delitos se multiplican y arraigan.
La gestión de este Gobierno en materia de seguridad se resume en administrar la crisis, no en resolverla. Y mientras tanto, la factura la pagan los ciudadanos con miedo, con dinero entregado a la delincuencia y, demasiadas veces, con la vida.
Insights clave
¿Por qué importa?
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La violencia letal sigue siendo insostenible
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Aunque la tasa bajó a 23.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, México sigue entre los países más violentos de América Latina.
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La reducción de 6.3% frente a 2024 es insuficiente: estamos muy por encima del umbral considerado “epidemia de violencia” por la OMS (10 homicidios por cada 100 mil).
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Extorsión: el delito que quiebra comunidades
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La extorsión funciona como un “impuesto criminal” que se cobra a comerciantes, transportistas, agricultores y familias.
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No solo daña la economía local: genera miedo cotidiano, provoca desplazamientos forzados y destruye la confianza en la autoridad.
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Los aumentos en Chiapas (+1044.9%), Yucatán (+1085.7%) y Puebla (+104.9%) evidencian que ya no es un problema focalizado, sino nacional.
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Narcomenudeo: la economía criminal más dinámica
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El narcomenudeo casi triplicó su tasa en una década, pasando de 18 a 53.1 casos por cada 100 mil habitantes.
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Este delito alimenta directamente la violencia barrial: pandillas locales, ajustes de cuentas y disputas callejeras.
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La expansión hacia estados “no tradicionales” como Chiapas (+1253.6%), Morelos (+128.5%) y Tabasco (+112.5%) refleja que el mercado se diversifica y penetra en nuevas zonas.
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El costo social
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Cada delito multiplica efectos: pérdida de inversión, fuga de negocios, empleos truncados y comunidades que viven bajo amenaza.
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La violencia cotidiana deteriora la salud mental, genera miedo constante y rompe el tejido social.
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El costo económico
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El cobro de piso y las extorsiones impactan directamente en inflación local: comerciantes trasladan ese “costo criminal” al consumidor.
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La violencia inhibe la inversión privada, sobre todo en estados con mayor expansión del narcomenudeo y extorsión.
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El fracaso de la estrategia oficial
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El gobierno habla de contención, pero los mercados criminales se multiplican.
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Se prioriza presumir una reducción en homicidios, mientras delitos como la extorsión y el narcomenudeo crecen sin control.
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