Los diputados federales del PAN, Federico Döring Casar y Marcelo de Jesús Torres Cofiño presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como otras personas vinculadas presuntamente con una red de contrabando de hidrocarburos, huachicol fiscal y delitos conexos.
Los legisladores señalan a Manuel López Beltrán, José Ramón López Beltrán, y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del ex mandatario, además de Tania Gicela Contreras López, Juan Carlos Madero Larios, Américo Villarreal Anaya, Javier Valdez Perales, Jorge Luis Beas Gámez, Horacio Duarte Olivares, Ricardo Peralta Saucedo, entre otros.
El documento con sello de acuse fechado el 23 de septiembre de 2025, agrupa un conjunto de delitos graves a los imputados, como conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencia, y enriquecimiento ilícito “en agravio de la sociedad”.
Los denunciantes señalan que las personas antes mencionadas operan una red que involucra tráfico de hidrocarburos ilegales y corrupción dentro de aduanas y puertos, usando su influencia política y relaciones institucionales como escudo.
El diputado Torres ha calificado estas acusaciones bajo el término de un supuesto “Cártel de Palenque” para referirse simbólicamente a esta estructura de poder.
Paralelamente a la denuncia, ha cobrado notoriedad la existencia de al menos tres demandas de amparo que fueron admitidas por jueces federales, en las que figuran los nombres de los hijos de López Obrador, así como otros señalados en la trama del huachicol fiscal.
Estos recursos se conocen informalmente como “amparos buscadores”, porque su objetivo explícito es proteger a los quejosos de posibles órdenes de aprehensión, incomunicación, desaparición forzada y otros actos de autoridad mientras se define la procedencia legal.
Uno de esos amparos, bajo el expediente 2098/2025, fue tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas y, según los datos públicos, se concedió una suspensión de oficio, es decir, sin que se requiriera ratificación inmediata, contra cualquier orden de captura o acto de autoridad hasta que los promoventes ratifiquen o se resuelva el fondo del asunto.
Sin embargo, los amparos han sido objeto de controversia, pues no cuentan con la firma de las personas involucradas, lo que ha generado señalamientos de usurpación de identidad por parte de los hijos del expresidente, quienes han negado haberlos promovido o autorizado.
El abogado mencionado en los documentos, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, ha denunciado que su firma fue usada sin consentimiento.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado la maniobra. Dijo que “se tiene que saber quién los puso” porque considera que hay un sentido de campaña política para desprestigiar al expresidente y sus hijos.
En la demanda de amparo y en las denuncias recientes, aparecen nombres que los medios han vinculado a esa red, entre ellos Fernando Farías Laguna, sobrino del almirante Rafael Ojeda; Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”; Miguel Ángel Solano Ruiz; Juan Carlos Madero Larios y otros sujetos que supuestamente encabezaban operaciones de contrabando en puertos del Golfo de México y en aduanas marítimas.
Tras la presentación de la denuncia, el PAN ha exigido que la FGR actúe con decisión y celeridad, y acusó que desde el Ejecutivo federal se han obstaculizado las investigaciones.
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