La primera gran tarea de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no será trazar la política digital del país ni fomentar la competencia en el sector. Su bautizo de fuego será el de depurar el padrón de líneas móviles, un ejercicio que, de entrada, despierta más sombras que certezas.
El artículo trigésimo transitorio de la reforma de telecomunicaciones aprobada por Morena, señala que la CRT tendrá 120 días hábiles para emitir lineamientos que obliguen a identificar todas las líneas telefónicas activas.
Transcurrido ese plazo, aquellas que no estén vinculadas a un usuario plenamente identificado quedarán suspendidas, con la única opción de marcar al 911 o a números de emergencia.
Sobre el papel, el objetivo luce legítimo, pues busca frenar la delincuencia que se esconde detrás de líneas anónimas y dar certidumbre a los servicios móviles.
Pero la experiencia nos advierte lo contrario. Ya existieron intentos similares como el Renaut en 2009 y el más reciente Panaut, ambos cancelados por su ineficacia, filtraciones de datos y la incapacidad de generar resultados tangibles contra la inseguridad.
La CRT aún no está instalada ni formada, ya que hay un jaloneo intenso en el Congreso de la Unión para ver cómo se distribuyen los nombramientos respaldados por los partidos, quienes quieren tener influencia en el regulador a través de los comisionados. Una vez que se nombre al pleno del nuevo regulador, éste comenzará con la depuración de las líneas celulares.
Lo que está en juego no es menor. Obligar a los usuarios a entregar más información personal, bajo la amenaza de perder su número, abre la puerta a vulneraciones a la privacidad, al mal manejo de datos y a costos operativos que terminarán trasladándose al consumidor.
En un país donde las bases de datos sensibles han sido vulneradas una y otra vez, ¿qué garantía tiene un ciudadano de que su información no será filtrada o mal utilizada?
La CRT, que nace precisamente para reemplazar a un regulador autónomo como el IFT, corre el riesgo de iniciar su gestión bajo un halo de desconfianza. Más que fortalecer la industria, podría quedar atrapada en un esquema de control y vigilancia sobre los usuarios, con un costo reputacional y político muy alto.
Si el nuevo regulador quiere legitimidad, deberá demostrar que aprendió de los errores del pasado. No basta con repetir viejas fórmulas bajo un nombre distinto. La verdadera prueba será equilibrar la seguridad con la protección de derechos digitales.
De lo contrario, el “nuevo Renaut” será recordado no como un triunfo de la política pública, sino como otra página gris en la historia de la regulación de telecomunicaciones en México.
Insights
¿Por qué importa?
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Magnitud del reto
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En México existen 156.5 millones de líneas móviles activas al 2T-2025 (penetración de 120.8 por cada 100 habitantes, CIU).
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Obligar a identificar todas esas líneas implica un proceso masivo, con costos elevados y riesgos de exclusión.
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El talón de Aquiles: el prepago
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El 82.1 % de las líneas son de prepago (4T-2023, CIU).
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Estas son las más difíciles de validar porque suelen adquirirse sin requisitos estrictos, lo que aumenta el riesgo de suspensión de usuarios legítimos.
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Usuarios con múltiples líneas
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El mercado mexicano está sobredimensionado en líneas: muchos usuarios tienen más de un número activo.
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Una depuración podría cancelar millones de líneas “extra”, con efectos en OMV y en modelos de negocio de prepago.
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Operadores Móviles Virtuales (OMV) bajo presión
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Los OMV ya concentran 16.9 % del mercado en 2025.
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Al depender de esquemas flexibles de prepago, podrían ser los más afectados por la suspensión de líneas no validadas.
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Riesgos de privacidad y seguridad de datos
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Experiencias pasadas (Renaut y Panaut) fracasaron por filtraciones y manejo deficiente de datos.
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En un contexto donde la información personal es altamente sensible, cualquier fuga de una base con más de 156 millones de registros sería crítica.
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