El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 refleja un momento decisivo para el sector eléctrico mexicano. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recibirá 642.5 mil millones de pesos de gasto programable, un incremento real de 9% respecto a 2025, aunque el gasto total cae 7.9% en términos reales debido a la reducción del gasto no programable.
En la dimensión política, la Secretaría de Energía (Sener) se consolida como la principal beneficiaria del paquete económico, al obtener 86.9% más recursos que el año anterior. El mensaje es claro: el Estado busca fortalecer la planeación centralizada y su rectoría en el sector energético, bajo la premisa de que la energía debe estar al servicio del pueblo y no del mercado.
Sin embargo, aunque la CFE contará con más presupuesto operativo, la inversión destinada a generación eléctrica se reducirá, lo que genera dudas sobre la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la demanda.
En el caso de transmisión eléctrica, la asignación es de apenas 10.3 mil millones de pesos, lo que equivale a sólo 6.3% de lo previsto en el Plan de Fortalecimiento y Expansión de la Red Nacional de Transmisión 2025–2030, que contempla una inversión histórica de 163.5 mil millones de pesos para modernizar la red con 275 nuevas líneas y 524 subestaciones.
Esta diferencia revela una brecha crítica: los planes para construir una Red Eléctrica Inteligente, capaz de integrar energías limpias, resistir choques climáticos y atender a más de 50 millones de usuarios hacia 2030, difícilmente podrán cumplirse únicamente con recursos públicos. Por tanto, la brecha entre los objetivos del plan anunciado en 2025 y los recursos asignados en el PPEF 2026 abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir en tiempo y forma con la construcción de una Red Eléctrica Inteligente.
El aumento presupuestario a Sener y la narrativa de soberanía energética marcan la ruta política del sector. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que la soberanía no se opone a la colaboración público–privada, sino que se fortalece cuando el Estado mantiene la conducción estratégica mientras aprovecha el capital, la innovación y la eficiencia de las empresas privadas.
Para que México logre una electrificación sustentable, tarifas justas y acceso universal, será indispensable abrir espacios de participación corresponsable donde la iniciativa privada complemente al Estado en tres frentes clave:
1.Inversión en transmisión y distribución, mediante esquemas de coinversión o asociaciones público-privadas que permitan acelerar la modernización de la red.
2.Integración de energías limpias con almacenamiento, con reglas claras y predecibles que fomenten la inversión privada en tecnologías de respaldo.
3.Digitalización del sistema eléctrico, aprovechando plataformas de analítica energética y gestión de la demanda que el sector privado ya implementa en industrias y corredores productivos.
El presupuesto 2026 confirma la voluntad de fortalecer a la CFE y a la Sener como pilares de la política energética nacional. Pero la verdadera medida del éxito no estará en los montos asignados, sino en la capacidad para transformar esos recursos en infraestructura tangible y resiliente.
La soberanía energética se construye con planeación, pero también con ejecución efectiva, inversión complementaria y visión compartida. México tiene frente a sí la oportunidad de convertir este presupuesto en el punto de partida de un nuevo pacto energético, donde lo público y lo privado trabajen juntos para lograr una transición con justicia social, competitividad y resiliencia.
El reto está planteado: no se trata sólo de cuánto se invierte, sino de cómo se invierte, con quién y con qué visión de país.
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