Las empresas del sector eléctrico enfrentan cobros significativos por concepto de supervisión y servicios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), el tabulador recientemente publicado establece cuotas que varían según la magnitud de los proyectos y los permisos otorgados, con montos que superan el millón de pesos.
El cobro más alto corresponde a la supervisión anual de las autorizaciones de importación de electricidad y de los permisos de suministro eléctrico con capacidad superior a 200 megawatts. En estos casos, las empresas deberán erogar 1.7 millones de pesos cada año, señala un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Este pago se convierte en el más costoso del listado y refleja el interés de la CNE por concentrar la supervisión en aquellos proyectos con mayor impacto en la operación del sistema eléctrico.
El segundo cargo más oneroso es de 1.3 millones de pesos, aplicable a los permisos de generación de electricidad con capacidad mayor a 500 MW. Estos proyectos suelen corresponder a centrales de gran escala, tanto convencionales como renovables, y forman parte esencial del abastecimiento de energía en el país.
En tercer lugar se ubica la supervisión de las líneas de transmisión con capacidad superior a 400 MW, que requerirá un pago de 1.1 millones de pesos por año.
Los cobros también se extienden a empresas con operaciones de mediana escala. La supervisión anual de los permisos de suministro eléctrico entre 50 y 200 MW tendrá un costo de 950 mil pesos, mientras que las autorizaciones de importación menores a 50 MW estarán sujetas a una cuota de 740 mil pesos.
Aunque más bajos en comparación con los proyectos de gran capacidad, estos montos representan compromisos relevantes para compañías que buscan participar en el mercado eléctrico sin operar a gran escala.
El tabulador de la CNE también contempla otros conceptos como modificaciones de permisos, evaluaciones de solicitudes y autorizaciones específicas, cuyos costos son menores, pero que en conjunto representan gastos adicionales para los operadores del sector.
Estos trámites, aunque más administrativos, forman parte de la regulación cotidiana a la que deben apegarse los generadores, transportistas y suministradores de electricidad.
La importancia de estos cobros radica en que forman parte de los llamados aprovechamientos, es decir, ingresos que percibe el Estado por la prestación de servicios distintos de los impuestos tradicionales.
En este caso, los pagos están diseñados para cubrir los costos de supervisión y regulación que la CNE ejerce sobre el mercado eléctrico, asegurando que las empresas cumplan con la normatividad vigente y mantengan condiciones de operación seguras y eficientes.
Para las empresas, el impacto será diferenciado. Los grandes proyectos, tanto de generación como de suministro e importación, enfrentarán las cuotas más elevadas, en línea con su capacidad de operación y participación en el sistema eléctrico. Por su parte, los actores medianos y pequeños deberán asumir cargos que, aunque menores, pueden representar una barrera de entrada o de permanencia en un mercado altamente regulado.
Con la entrada en vigor de este esquema de cobros, la CNE establece con mayor claridad cuánto deberán pagar los distintos segmentos de la industria eléctrica por concepto de supervisión y servicios. En los hechos, los mayores costos recaen sobre quienes concentran la mayor capacidad instalada y los volúmenes más altos de operación, lo que podría influir en la planeación financiera y operativa de las empresas del sector en los próximos años.
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