La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a esquemas de fraude en el negocio de tiempos compartidos y al robo de combustible, actividades presuntamente dirigidas por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los señalados figuran Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, presuntos integrantes de un grupo armado del cártel en Puerto Vallarta. También se sancionó a Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico con más de dos décadas en la industria, acusado de encabezar la red de 13 empresas usadas para estas operaciones.
Los sancionados operan en Puerto Vallarta y zonas cercanas, un punto clave para las operaciones del CJNG, organización considerada por Washington como Organización Terrorista Extranjera y calificada como uno de los cárteles más violentos del mundo. Según la OFAC, el grupo ha diversificado sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico hacia actividades como el huachicol, la extorsión y el fraude inmobiliario-turístico.
De acuerdo con la investigación, desde 2012 el CJNG controla complejas estafas en Puerto Vallarta y alrededores contra propietarios de tiempos compartidos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses.
El modus operandi incluye el uso de centros de llamadas con operadores bilingües que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas, solicitando pagos por adelantado bajo pretextos falsos para concretar supuestas operaciones de compra, renta o inversión.
Los cárteles obtienen información de los dueños de tiempo compartido mediante empleados cómplices en los resorts. Luego, desde los call centers, contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico haciéndose pasar por corredores, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos, en sectores de tiempo compartido, viajes, bienes raíces o servicios financieros.
Las estafas incluyen reventa, renta o inversión en tiempo compartido, todas con un patrón común: se solicitan “cuotas” o “impuestos” por adelantado antes de recibir supuestos pagos, los cuales nunca llegan.
A menudo, las víctimas son engañadas repetidamente, e incluso se hacen pasar por despachos legales o funcionarios gubernamentales, exigiendo más pagos para liberar fondos o evitar cargos penales.
“Estas estafas complejas suelen enfocarse en adultos mayores, quienes pueden perder sus ahorros de toda la vida”, señala el gobierno estadounidense.
El alcance económico de estas prácticas es considerable. Entre 2019 y 2023, el FBI calcula que unas 6 mil víctimas en Estados Unidos perdieron cerca de 300 millones de dólares en estos esquemas. Solo en 2024, las pérdidas reportadas superaron los 50 millones de dólares.
Esta es la quinta acción de la OFAC contra personas y entidades ligadas al fraude en tiempo compartido del CJNG, acumulando más de 70 designaciones.
La medida bloquea todos los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar transacciones con ellos. La OFAC advierte que las violaciones a estas restricciones pueden derivar en sanciones civiles o penales.
Según el Tesoro, el objetivo no es solo castigar, sino interrumpir las operaciones financieras del CJNG y limitar su capacidad para sostener actividades ilícitas que van desde el narcotráfico y el robo de combustible hasta sofisticadas estafas contra turistas internacionales.
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