Enrique Medrano, dirigente del Gremio Gasero Nacional, fue liberado ayer por la noche luego de que un juez federal determinara que no existían pruebas suficientes para procesarlo por los delitos de narcomenudeo y extorsión, imputaciones que desataron una fuerte tensión en la industria gasera.
Medrano fue detenido el pasado viernes en la Ciudad de México en un operativo conjunto entre fuerzas federales y autoridades locales, bajo acusaciones de presunta participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo y supuestas extorsiones a distribuidores del sector gasero.
La detención generó de inmediato una ola de inconformidad entre los integrantes del gremio, quienes acusaron una “fabricación de delitos” y denunciaron una persecución con tintes políticos.
El gremio acusó que “no existía evidencia documental ni testimonios sólidos que acreditaran los cargos”, y que el caso se sostenía únicamente en dichos anónimos sin valor probatorio.
El juez de control coincidió con dicha valoración jurídica, ordenando la liberación inmediata del dirigente sindical.
Horas antes de la resolución judicial, el Gremio Gasero había lanzado el ultimátum de realizar un paro nacional a partir del lunes si Medrano no era liberado, lo que encendió las alertas en sectores del gobierno y la industria por el riesgo de afectaciones en el abasto de gas LP en diversas regiones del país.
Con la liberación de su dirigente, el gremio informó que se desactiva cualquier acción de protesta y llamó al diálogo con las autoridades para evitar nuevas confrontaciones.
“Hoy se confirma lo que sabíamos: Enrique es inocente. Seguiremos trabajando por un sector más justo, pero sin represalias”, declaró el gremio en un posicionamiento.
La captura de Medrano había encendido la alarma entre sindicatos y organizaciones de distribución de gas LP, quienes interpretaron el hecho como un intento de intervención política en la vida gremial del sector.
En los últimos años, el Gremio Gasero Nacional ha tenido una postura crítica frente a algunas regulaciones y políticas de distribución, lo que generó fricciones con instancias regulatorias y autoridades locales.
Analistas del sector señalan que este episodio podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los grupos sindicales del gas, en un contexto donde el suministro energético, la regulación de precios y la seguridad en la distribución siguen siendo temas sensibles.
Por ahora, el conflicto parece haberse contenido. Sin embargo, la narrativa de persecución y defensa gremial promete mantenerse como telón de fondo en las próximas discusiones sobre el futuro del sector gasero en México.
Comenta y síguenos en X: @Adri_Telecom / @Energy21Mx
