El robo de combustibles, de crudo y el huachicol fiscal, le costó a México 24 mil 850 millones de dólares en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019-2024), lo que representó un aumento de 6.2% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto (2013-2018), reveló el experto en energía Francisco Barnés de Castro, en un análisis.
Equivalente a más de 447 mil millones de pesos mexicanos, el costo del huachicol supera con creces las obras de infraestructura emblemáticas. Con ese monto se podría financiar más de una refinería como Dos Bocas, casi cinco Aeropuertos Internacionales Felipe Ángeles (AIFA) o cubrir cerca del 77% del costo del Tren Maya.

En términos presupuestarios, es superior al gasto aprobado en 2025 para estados como Nuevo León o Jalisco, y casi duplica el presupuesto de entidades como Querétaro, Yucatán o Sinaloa.
Del total estimado para el periodo 2019-2024, PEMEX absorbió pérdidas por 17 mil 300 millones de dólares debido al robo físico de combustibles y crudo. A su vez, el fisco dejó de recaudar 7 mil 550 millones de dólares por evasión de IEPS e IVA derivados de la importación ilegal de diésel y gasolina, a través de esquemas como el uso de permisos para productos no gravados o introducción sin declaración aduanera (huachicol fiscal).
En los últimos tres años, el costo promedio del huachicol físico ha sido de 5 mil 700 millones de dólares anuales, es decir, el 9% del valor de la producción de PEMEX.
El análisis “El huachicol, una estimación de su impacto económico”, subraya que el huachicol no ha sido erradicado, como afirmaron autoridades del sexenio pasado, sino que se ha transformado y sofisticado.
El informe destaca que el robo de diésel ha sido el más persistente en las últimas dos décadas, representando hasta el 16% de la producción nacional en algunos años.
También preocupa el aumento del saqueo de gas LP, que desde 2016 ha escalado hasta alcanzar el 11% de la producción, y el repunte de la gasolina robada, que pasó de casi desaparecer en 2020-2021 a representar entre 4.5% y 8% en los últimos tres años.
A partir de 2019, surgió el huachicol fiscal como una nueva modalidad de contrabando. Consiste en la importación ilegal de combustibles líquidos, sobre todo diésel, declarados como otros productos no sujetos a impuestos, o simplemente ingresados sin documentación.
Según el reporte, en 2024 el volumen de huachicol fiscal de diésel se estimó en 59 mil barriles diarios, el 17% del consumo aparente.
El año récord fue 2021, con 88 mil barriles diarios (30%). En seis años, este esquema representó 9 mil millones de dólares en valor de mercado y 4 mil 600 millones en evasión fiscal.
Poco visible en medios, pero igualmente grave, es el robo de petróleo crudo, estimado en 25 mil 500 millones de dólares en los últimos 15 años. En el sexenio más reciente, las pérdidas alcanzaron los 8 mil 100 millones de dólares, con un promedio de 110 mil barriles diarios sustraídos en los últimos cuatro años, es decir, el 6% de la producción nacional.
El caso más sonado ocurrió en mayo de 2025, cuando autoridades de Estados Unidos detuvieron a una familia acusada de importar crudo mexicano robado. Poco después, se descubrió una refinería clandestina en Coatzacoalcos, que llevaba más de cuatro años procesando petróleo robado.
El huachicol no solo daña a PEMEX y a la Hacienda Pública, sino que distorsiona el mercado. En 2024, el 19% del consumo aparente de diésel provino de fuentes ilegales. Además, la venta de combustibles adulterados ha generado reportes de daños a motores y riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas.
Francisco Barnés advierte que, si bien se han hecho esfuerzos por combatir el huachicol, el problema no ha sido resuelto.
“Su impacto es estructural. Drena recursos públicos, erosiona la competencia legal y pone en riesgo a millones de consumidores”, concluye.
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