Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deben quedar dentro del marco regulatorio de la ley antimonopolios que se discutirá próximamente en el Congreso de la Unión, para evitar afectaciones al mercado, consideró la ICC México.
El Gobierno federal está impulsando una reforma constitucional para crear un nuevo organismo antimonopolios que sustituya a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), sin embargo, la reforma energética aprobada en este sexenio establece que las empresas del Estado no podrán ser consideradas monopolio.
“Es precisa la inclusión de empresas públicas bajo el marco legal, para evitar distorsiones competitivas”, detalla la ICC.
El organismo identificó áreas de oportunidad que, de ser atendidas, podrían robustecer aún más el marco institucional de competencia en México y aprovechar esta oportunidad histórica para fortalecer al país.
Entre los hallazgos más relevantes destacan 14 recomendaciones clave entre ellos el blindaje de la autonomía técnica, evitando interferencias políticas o empresariales, los nombramientos escalonados de comisionados cada dos años, con perfiles técnicos, designados por diferentes titulares del Ejecutivo.
Otorgar certeza jurídica mediante criterios interpretativos emitidos por la nueva autoridad, multas con criterios sectorizados y transparentes, siguiendo experiencias internacionales, aprovechamiento del capital humano especializado de la COFECE e IFT.
ICC también recomendó mejor coordinación interinstitucional, especialmente en telecomunicaciones y transformación digital, precauciones en demandas por daños, evitando que se basen solo en decisiones administrativas, claridad conceptual, especialmente en términos como “competidor potencial” o “limitar indebidamente”.
Renovación del programa de inmunidad, especialmente en compras públicas, extensión del privilegio abogado-cliente a abogados internos, certificación independiente de programas de cumplimiento, fuera del área de investigación.
La ICC también pidió un mejor diseño de medidas cautelares, con posibilidad de levantamiento bajo caución, además de artículos transitorios redactados con claridad, para evitar incertidumbre legal y operativa.
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