En un contexto de restricciones fiscales y creciente demanda energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha encontrado en los fideicomisos públicos una vía estratégica para financiar su plan de infraestructura sin comprometer directamente el balance público, señala un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Tan solo para el periodo 2025–2030, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional contempla una inversión de 31 mil 528 millones de dólares en generación, transmisión y distribución eléctrica. De ese monto, más de 22 mil millones están destinados a proyectos de generación, en su mayoría desarrollados por la CFE.
De acuerdo con el CIEP, la administración pasada diseñó cuatro fideicomisos clave: el Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI), el Fideicomiso de Energías Limpias (FIEL), el Fideicomiso para Proyectos de Generación Convencional (FPGC) y el F/1320, que han movilizado más de 10 mil millones de dólares en infraestructura eléctrica, desde centrales de ciclo combinado y termoeléctricas hasta parques fotovoltaicos e hidroeléctricas repotenciadas.
El mayor atractivo de estos instrumentos, según el análisis, es que no se registran como deuda directa en los estados financieros de la CFE, lo que ofrece mayor flexibilidad operativa sin comprometer los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso. No obstante, el CIEP advierte que esto no los exime de generar obligaciones financieras reales, ya que las cuentas por pagar siguen apareciendo como pasivos contables que deben ser cubiertos con ingresos propios.
Además, se destaca que buena parte del financiamiento proviene de CFEnergía, filial encargada del suministro de gas, lo que podría traducirse en mayores costos de generación y, eventualmente, en presión sobre las tarifas eléctricas si no se gestiona con transparencia.
Aunque el modelo ha permitido avanzar en obras clave, como la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y la hidroeléctrica Chicoasén II, el CIEP subraya la necesidad urgente de mayor transparencia en la operación y contratación de estos fideicomisos. Actualmente, no es posible conocer a detalle los términos de financiamiento, condiciones de crédito o mecanismos de pago, lo que dificulta evaluar el costo real de estas obras.
De cara a los próximos años, el informe propone diversificar las fuentes de inversión e incluso retomar esquemas como las asociaciones público-privadas (APP), especialmente para fortalecer proyectos de energía limpia y modernización de redes de transmisión.
El análisis añade que el modelo de fideicomisos energéticos ha sido funcional para avanzar en los objetivos de soberanía energética, pero su sostenibilidad dependerá de una mejor rendición de cuentas, menor opacidad y una visión estratégica más integral del financiamiento en el sector eléctrico.
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