Las principales asociaciones que representan a las empresas gaseras del país pidieron incrementar en 113% la tarifa de distribución del hidrocarburo para recuperar sus costos y mantener la viabilidad del negocio.
En un posicionamiento conjunto la AMEXGAS y la ADIGAS, explicaron que es necesario que esta tarifa pase del nivel actual de 2 pesos por litro a 4.25 pesos por litro, para que las empresas puedan seguir brindando un servicio seguro, continuo, de calidad y a precios asequibles para los consumidores.
Explican que a partir de octubre del año pasado, en los precios al público que fijó la extinta CRE, hoy conocida como la Comisión Nacional de Energía (CNE), no reconocen las variaciones en costo que refleja PEMEX en sus precios semanales, ni se modifican con los cambios del mercado internacional de Gas LP y de tipo de cambio.
“Esto comprimió la tarifa de distribución hasta un nivel que es insuficiente para cubrir los costos y gastos más elementales de las empresas como son la nómina, costo regulatorio, el combustible y el mantenimiento de los vehículos de distribución”, advierten.
Las asociaciones han planteado en las mesas de trabajo con el Gobierno federal, lo crítico de la situación, y aunque hay disposición al diálogo por parte de las autoridades, no se ha logrado llevar la tarifa de distribución a un nivel que permita cubrir todos los costos, gastos e inversiones necesarios para desarrollar nuestra actividad permisionada.
“El escenario actual de precios internacionales de los hidrocarburos es favorable para concluir con la determinación y aplicación de una tarifa fija a nivel nacional de 4.25 pesos por litro más el impuesto al valor agregado”, señalan.
“Solicitamos respetuosamente a la SENER y a la SHCP, se establezcan mesas de trabajo conjuntas entre autoridades de alto nivel y esta representación gremial, que permita el sano desarrollo de nuestro Sector y se restablezca el equilibrio financiero de la cadena de distribución de este energético utilizado por el 80% de los hogares”, indicaron.
Añadieron que la situación es insostenible para las empresas distribuidoras, y se está afectando la cobertura y continuidad del servicio a la población en diversas regiones del país, particularmente a la población más desprotegida en zonas remotas del país.
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