En un “histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos”, las instituciones del Gabinete de Seguridad, lideradas por la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), llevaron a cabo una importante operación en el puerto de Tampico y la ciudad de Altamira, Tamaulipas que derivó en el decomiso de 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos.
De acuerdo con la Secretaría de Marina, el operativo “se ejecutó tras realizar labores de inteligencia e investigación con el objetivo de desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo”.
Precisó que las autoridades identificaron un buque que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo, “presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes”, el cual fue interceptado. A su vez, “se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas”.
En el reporte de resultados se confirmó el aseguramiento del buque, en donde también incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.
“En el terreno de una empresa de fletes, ubicado cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales, detalló el comunicado emitido este lunes.
A la par, En el predio ubicado en el Libramiento se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa.
Las autoridades destacaron que “este aseguramiento es resultado de las labores de inteligencia y colaboración interinstitucional, donde cada una de las instituciones involucradas desempeñó un papel clave para garantizar la seguridad nacional y el respeto al Estado de Derecho”. Asimismo, se subrayó que “las acciones se realizaron en estricto apego a la legalidad, con pleno respeto a los derechos humanos”.
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