La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que sustituirá al desahuciado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se perfila como un organismo que tendrá nuevas y riesgosas atribuciones que van más allá de la regulación del mercado, entre ellas la ciberseguridad y la transparencia de datos.
Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento y la estructura del nuevo organismo, que tendrá áreas novedosas como una Dirección General de Ciberseguridad.
Ese departamento deberá diseñar políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos necesarios para la regulación homologada de la política de ciberseguridad en el Gobierno federal.
También gestionará las auditorías, evaluaciones y recomendaciones periódicas con carácter vinculante para verificar y dar seguimiento al cumplimiento y efectividad de políticas, lineamientos, reglamentos y normatividad en ciberseguridad.
“Diseñar, desarrollar y ejecutar el monitoreo, análisis, detección de amenazas y vulnerabilidades, así como dirigir la respuesta a incidentes de ciberseguridad de la Agencia”, detalla el texto.
Esto significa que la agencia se perfila para ser un especie de consultor-policía cibernética y generador de políticas de ciberseguridad del Gobierno.
La Dirección General de Inteligencia de Datos, otra área nueva de la agencia, se encargará de toda la política de datos del Gobierno federal, incluyendo la estrategia de datos abiertos.
Deberá apoyar a las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal en la evaluación de la información que puede publicarse como datos abiertos.
¿Acaso esto significa que la Agencia tendrá facultades para decidir qué información se transparenta y cual no?
También realizará análisis de las bases de datos que las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal generen, para identificar información que contribuya a la toma de decisiones y al diseño de políticas públicas.
¿Qué tan sano es darle tantas facultades a un nuevo regulador que ya no tendrá la autonomía constitucional que tenía el IFT y que por lo tanto sus decisiones no serán necesariamente independientes?
¿No era más viable reformar al IFT para otorgarle más facultades? El tema de fondo no es la austeridad, sino la autonomía.
El gobierno de Claudia Sheinbaum quiere un nuevo regulador todo poderoso que tenga muchos dientes pero poca independencia.
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